MÉXICO, D.F. (apro).- En las últimas semanas se avivaron dos litigios que enfrentan a cuatro países latinoamericanos por sus mares territoriales. El 19 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya adjudicó a Nicaragua una vasta y rica zona del Caribe que se encontraba bajo dominio de Colombia desde 1803 y, al mismo tiempo, ratificó la soberanía colombiana sobre las islas que se encuentran en dicho espacio. En la misma corte, del 3 al 14 de diciembre se realizó la última vista oral de una demanda presentada en 2008 por Perú, que busca ampliar una zona marina controlada por Chile. Santiago sostiene que este tema ya fue zanjado con la firma de dos tratados en los años cincuenta del siglo pasado, mientras que Lima aduce que éstos fueron simples convenios pesqueros, que no tienen el rango legal de un tratado de límites. Un tercer país, Bolivia, asiste expectante a este segundo litigio, ya que la Guerra del Pacífico que involucró en 1879 a las tres naciones andinas, fue la que marcó mediante un tratado de paz la pérdida oficial del acceso al mar para los bolivianos. Desde entonces, La Paz no ha dejado de reclamar una salida directa y soberana en todos los foros bilaterales, regionales e internacionales, que Chile ha rechazado una y otra vez. El veredicto de noviembre en la CIJ, que es el órgano de Naciones Unidas que dirime las controversias entre Estados y cuyos fallos son inapelables, cayó como una bomba en Colombia. El tribunal internacional determinó que a Nicaragua le corresponde un área marítima más allá de las 12 millas de los cayos de Serrán, Quitasueño y Alburquenque, con lo cual extendió la jurisdicción de Managua sobre unas 200 millas náuticas, otorgándole casi 100 mil kilómetros cuadrados de plataforma marina y zona económica exclusiva. Por el contrario, ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, las islas Providencia y Santa Catalina, y otros siete cayos; y rechazó su traspaso a Nicaragua que los reclamaba desde 2001, aduciendo la nulidad en 1979 del Tratado Esguerra-Bárcenas que le otorgó esos territorios insulares a Bogotá. Colombia, uno de los países latinoamericanos que más se distinguen por su respeto al derecho internacional, reaccionó en forma inusitada. El gobierno de Juan Manuel Santos declaró la “emergencia económica” en las islas de su jurisdicción –algunas de las cuales quedaron rodeadas por el mar ahora nicaragüense– con el fin, dijo, de “proteger los derechos de los pescadores” y proyectos económicos por casi 94 millones de dólares. Pero el enojo y las presiones políticas y sociales fueron de tal magnitud, que el 28 de noviembre la cancillería colombiana denunció el Pacto de Bogotá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de retirarse de la jurisdicción de la CIJ, que aceptaba desde 1948. Habitualmente moderado, Santos planteó que la Corte “ha incurrido en errores e inconsistencias que no podemos aceptar”; y agregó que “los límites entre los Estados deben ser fijados por ellos mismos y no quedar en manos de una corte”. En medio de las expectativas por el cese del fuego y las pláticas de paz que el gobierno sostiene con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, entre los colombianos se desató un inusitado nacionalismo. “Yo prefiero que el país enfrente fricciones y dificultades diplomáticas a que siga entregando la patria a jirones”, sentenció el expresidente Álvaro Uribe. Colombia puede enfrentar una situación diplomática muy difícil por su desacato a la CIJ. Uno de los riesgos es el aislamiento internacional; otro, tensiones regionales, por el previsible apoyo que Nicargua recibiría de Bolivia, Ecuador y Venezuela. El politólogo Andrés Molano, profesor de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario, en Colombia, le dijo, sin embargo, a la Associated Press que creía que “varias decisiones de política exterior de las últimas semanas obedecen a presiones políticas internas y están destinadas al consumo interno”. Al parecer, esto no le sirvió a Santos, quien en las últimas encuestas vio caer su popularidad en Colombia de 60% a 45%. Pero el presidente continuó con su cruzada. Aunque la posibilidad de anular el fallo de la CIJ es prácticamente nulo, aseguró que recurriría a todos los mecanismos del derecho internacional “para defender los intereses de Colombia y los derechos de los colombianos”. Inclusive insinuó que podría negociarse un nuevo tratado de delimitación marítima con Nicaragua, mismo que Managua rechazó de inmediato. Como puede suponerse, el ánimo entre los nicaragüenses fue muy distinto. El presidente Daniel Ortega manifestó que esperaba que Colombia acatara el fallo de la CIJ y que ya había contactos con los colombianos para empezar a cumplir el mandato. Ante la denuncia de Santos del Pacto de Bogotá, dijo que “el gobierno de Nicaragua ha reaccionado con mucha calma ante la declaración del presidente, con la enorme responsabilidad que le da el hecho de haber obtenido una gran victoria”. Ortega anunció que del lado nicaragüense ya se estaban dando los primeros pasos para adecuarse a la nueva situación, entre los cuales están las autorizaciones para que los pescadores sigan ejerciendo su oficio en la zona marítima de San Andrés. “Y no sólo hablamos de Colombia, sino de Costa Rica, de Honduras, de Jamaica … No estamos negando el derecho de pesca a ninguna nación hermana, sólo que –aclaró– hasta antes del fallo de la Corte los permisos los daba Colombia y ahora los da Nicaragua”. Ante la presencia de la armada colombiana en esa zona, Ortega consideró que “el retiro de las fuerzas colombianas de las aguas nicaragüenses debe ser gradual”, y dijo que al haber un cambio en la soberanía marítima, se tienen que reformular los convenios para combatir en forma conjunta las amenazas comunes. “Conforme se vaya dando el retiro de las naves de Colombia que realizan labores de vigilancia, hay que modificar los acuerdos con todos los países, incluyendo a Estados Unidos y, por supuesto, a los hermanos colombianos”. Sin claudicar en sus posturas, Ortega y Santos llegaron finalmente a algunos acuerdos en México, el 1 de diciembre. Invitados a la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, se reunieron para discutir la situación. Ortega insistió en la unidad de América Latina y el Caribe, y en la vocación pacífica de Nicaragua. Santos aceptó que había que abordar el asunto “con cabeza fría, de forma amigable, diplomática y civilizada”. Ambos rechazaron rotundamente una confrontación bélica. Entre esta escaramuza diplomática y el inicio de los alegatos orales de Chile y Perú ante la CIJ por sus propios diferendos marítimos, se reunió en Lima la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), donde el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá causó escozor. “Sería erróneo creer que la decisión del gobierno colombiano no salpica el conflicto entre Chile y Perú”, dijo a la AP el internacionalista peruano Ernesto Velit Granda. Aunque no buscó el apoyo del bloque, Santos sostuvo su postura de rechazo y planteó que se cree una segunda instancia en la CIJ para que sus fallos no sean inapelables. El actual veredicto es “cosa juzgada”, pero al salirse del Pacto de Bogotá, Colombia podría bloquear sentencias limítrofes adversas en el futuro. La delegación colombiana inclusive dejó correr la versión de que “hay otros países que están evaluando la posibilidad de salirse del pacto”. Los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Perú, Ollanta Humala, se han esforzado por ratificar públicamente su respeto a cualquier resolución de la Corte. En sendas columnas publicadas en El Mercurio, de Santiago; y El Comercio, de Lima, los mandatarios llamaron a sus respectivos pueblos a mantener la calma y no caer en nacionalismos exacerbados. El temor es que se reaviven los resentimientos por la guerra de fines del siglo XIX, en la que los chilenos despojaron a los peruanos de algunos territorios del sur. Pero hay voces que dan a entender que las partes no se contentarán con cualquier fallo. Después de una reunión de Piñera con tres de sus antecesores para abordar el tema, el expresidente Eduardo Frei declaró, en clara alusión al fallo de la CIJ sobre Colombia y Nicaragua, que “los acuerdos salomónicos no son convenientes”. Por su parte el canciller peruano, Rafael Roncagliolo, dijo que “Perú no busca una solución salomónica que le dé alguito a cada parte”. Perú presentó en 2008 ante la CIJ una demanda que busca fijar su frontera marítima con Chile, que considera no está legalmente definida. En Santiago sostienen que el asunto fue zanjado con sendos “tratados” firmados en 1952 y 1954, que Lima dice fueron simples “convenios” que establecieron la actividad pesquera en esa zona del Pacífico Sur. Según los chilenos, la frontera marítima con Perú corre a lo largo de una línea paralela sobre el Pacífico, que parte de un punto del desierto fronterizo denominado Hito 1. Los peruanos dicen que debería ser una línea equidistante hacia el suroeste, trazada desde el último punto de la frontera terrestre y ubicado a unos 200 metros del Hito 1, conforme al Tratado de Lima de 1929. Esta discrepancia abre una zona de disputa de unos 38 mil kilómetros cuadrados de mar entre los dos países. “La misma controversia existía entre Nicaragua y Colombia, y en un fallo preliminar, en 2007, la CIJ estableció que un tratado de límites era algo demasiado serio como para suponerlo o inferirlo”, dijo a Reuters el analista de la Universidad Católica de Perú, Farid Kahhat. En igual tono, el canciller Roncagliolo planteó que lo más importante del litigio en curso “es que la Corte determine si existe o no un tratado de límites entre Chile y Perú”. El fallo de la CIJ se emitirá hasta mediados de 2013, en un momento político sensible, ya que ese año se celebrarán elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. “En función de lo que decida la Corte, el asunto podría caer como una bomba. Su efecto dependerá de cuánto sea la pérdida”, dijo el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santiago, Ricardo Israel. Además, Chile mantiene una larga disputa con Bolivia que desea recuperar los territorios costeros que perdió hace 133 años en la Guerra del Pacífico, en la que también participó Perú. La Paz envió a La Haya una misión observadora, para seguir de primera mano los alegatos de los dos países en la vista oral, “con el fin de determinar las implicaciones jurídicas de éstos en el diseño de su propia demanda marítima”, dijo Juan Lanchipa, director de Reivindicación Marina. En marzo de 2011, el presidente boliviano Evo Morales anunció una demanda contra Chile ante la CIJ, para lograr su acceso soberano al mar. Después de constantes rechazos de Santiago, en 2006 ambos países acordaron una agenda de 13 puntos que incluía el reclamo marítimo de Bolivia; sin embargo en 2010, al asumir el gobierno de Piñera, se interrumpió el diálogo al negarse éste siquiera a abordar el tema. En septiembre pasado, Morales reiteró ante la Asamblea General de la ONU que “Chile no puede ignorar el derecho boliviano ni desoir el pronunciamiento continental, mucho menos prolongar en el tiempo el encierro geográfico impuesto por la fuerza”. Según el presidente boliviano, la pérdida del acceso al mar sigue siendo para su país “una herida abierta”. Presente también en Nueva York, el canciller chileno, Alfredo Moreno, dijo que entre los dos países “no hay asuntos limítrofes pendientes, sino tratados plenamente vigentes”, refieriéndose al Tratado de Paz y Amistad de 1904. En Santiago la respuesta fue más tajante: el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud, aclaró que “se le ha transmitido a Bolivia en forma clara y contundente, que Chile no está dispuesto a renegociar un tratado que lleva más de cien años”.