LONDRES (apro).- “Vidulfo. Abogadito pendejo defensor de vándalos y guerrilleros deja de estar chingando, cállate el hocico o te vamos a mandar a tu tierra en pedazos. No estamos jugando, no sigas diciendo pendejadas o te vas a morir (...) en todo te metes la patota. Las disque mujeres violadas y ahora con los vándalos ayotzinapos cállate o vete juntando tus flores por que lla t stamos (sic) siguiendo, sabemos lo que aces [sic] y donde andas. Te va a mori (sic) te vas a morir te vas a morir ja ja ja. Att. La Ley.” Esa fue la amenaza de muerte recibida el 4 de mayo de 2012 por el abogado de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra, coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”, del estado de Guerrero, México. Vidulfo Rosales y el Centro “Tlachinollan” trabajan principalmente con mujeres, pueblos indígenas y comunidades mestizas y campesinas para defender y promover sus derechos humanos. Tras la amenaza recibida, Vidulfo Rosales se fue temporalmente del país porque no se habían puesto en marcha medidas que le permitiesen proseguir con su trabajo en condiciones de seguridad, a pesar de la orden dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh). En ella se estipulaba que Vidulfo Rosales y otras personas que trataban de obtener justicia en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas indígenas violadas por militares en 2002, recibieran medidas especiales de protección. Actualmente, Vidulfo Rosales está recibiendo protección limitada. Nadie ha comparecido ante la justicia por las amenazas y los abusos cometidos contra él y sus colegas. El caso es uno de cientos documentados por el organismo defensor de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), que el pasado 7 de diciembre publicó en Londres un informe titulado Transformar dolor en esperanza: Defensoras y defensores de Derechos Humanos en América. El documento, de 78 páginas, concluyó que los defensores de derechos humanos en toda América están enfrentando niveles cada vez mayores de intimidación, abusos y ataques por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, grupos paramilitares y de bandas del crimen organizado. El reporte basó sus conclusiones en unos 300 casos de intimidación, acosos, ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos en más de una decena de países, principalmente entre enero de 2010 y septiembre de 2012. “Los defensores de derechos humanos son perseguidos sistemáticamente, atacados y son sujetos de cargos criminales sin fundamento en casi todos los países de lal Américas, para impedirles que denuncien los abusos de derechos de aquellos más marginados”, afirmó Nancy Tapias-Torrado, investigadora de AI para el área de América sobre la situación de los defensores de derechos humanos. En todo el continente dichos defensores han sido públicamente condenados como “ilegales”, “ilegítimos”, “inescrupulosos”, e incluso “inmorales”. Fueron acusados también de ser criminales, corruptos, mentirosos, revoltosos y subversivos, además de acusárseles de defender a criminales y apoyar a grupos guerrilleros. Esas críticas fueron hechas, incluso, por funcionarios de gobiernos, así como por actores no estatales. “Los hombres y mujeres que trabajan protegiendo los derechos humanos también son atacados, ya que son vistos por poderosos intereses políticos y económicos como un obstáculo para sus proyectos de desarrollo”, indicó Tapias-Torrado en el documento. Entre los más perseguidos había defensores de derechos humanos vinculados a los recursos de la tierra y el agua, los derechos de las mujeres, de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, defensores de los derechos de los inmigrantes, como también aquellos que defienden los derechos humanos de periodistas, blogueros y sindicalistas, según el documento de AI. Del total de casi 300 casos analizados por Amnistía, aquellos directamente responsables fueron condenados en sólo cuatro casos. Casi la mitad de los casos documentados por AI ocurrieron en el contexto de disputas de tierras, en países como Brasil, Colombia y Honduras; varios estaban relacionados con grandes proyectos de construcción de compañías privadas. En países como Cuba y México, los defensores de derechos humanos sufrieron ataques judiciales, fueron detenidos a partir de evidencia falsa o enfrentaron cargos espurios desde hace años que no condujeron a pedidos de arresto alguno. Desprotegidos Con respecto a México, Amnistía citó el caso de los defensores de derechos humanos de la comunidad indígena nahua de Atla, en el estado de Puebla, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, quienes fueron liberados de prisión el 28 de noviembre de 2012, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimara sus condenas injustas. José Ramón y Pascual habían sido sentenciados el 12 de julio de 2010 a siete años en prisión, acusados por robo calificado con violencia de un vehículo. La denuncia contra los dos hombres fue presentada por un miembro del grupo del cacique local que durante muchos años había dominado el Comité del Agua. El cacique y su grupo restringían el acceso al agua, obligaba a los miembros de la comunidad a trabajar durante periodos de hasta 40 días de servicio no remunerado y les cobraba por la toma de agua lo equivalente al salario de cuatro meses de muchos de los integrantes de la comunidad. José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, como dirigentes comunitarios elegidos, consiguieron arrebatar al cacique y su grupo el control del acceso al agua y encabezaron medidas destinadas a que se realizaran obras públicas para hacer llegar las canalizaciones principales de agua hasta los hogares. Las acusaciones vertidas contra Gómez y Cruz se basaron en pruebas falsas y su juicio fue injusto. Su lengua materna es el náhuatl, pero no se les proporcionó un intérprete ni un abogado defensor con conocimientos de su lengua o cultura, con lo que se socavó gravemente su derecho a un juicio justo. Según AI, las autoridades tampoco emprendieron una investigación imparcial para determinar los hechos, y el juez les negó el derecho a la presunción de inocencia e igualdad ante la ley. En varios países de América, defensoras mujeres de derechos humanos que han hecho campaña contra la violencia de género, enfrentaron violaciones, amenazas de violación, intimidación a sus familiares y todo tipo de abusos. Por ejemplo, el 9 de noviembre de 2011, un hombre armado y una mujer ingresaron en la vivienda de la defensora de derechos humanos Jackeline Rojas Castañeda, en Barrancabermeja, Colombia. El hombre y la mujer mantuvieron a Castañeda y su hija de 15 años a punta de pistola en diferentes habitaciones. Amenazaron, además, a Jackeline con asesinar a su hija si pedía auxilio. Jackeline Castañeda fue atada, amordazada, y la cubrieron con pintura y aerosol rojos. Los atacantes demandaron de forma repetida información sobre el paradero de su hijo y su esposo, un jefe sindical local. Además del ataque, el hombre y la mujer se robaron dos computadoras portátiles, dos memorias USB, teléfonos celulares y documentos que encontraron en la casa. El 10 de noviembre de ese año, Jackeline, una miembro prominente de la Organización Femenina Popular, hizo la denuncia ante la Oficina de la Fiscalía General. Su queja fue inicialmente desestimada por empleados del sitio, que sostuvieron había inventado el ataque. Ataques El informe también citó el caso de Norma Esther Andrade, una de las fundadoras de la organización Nuestra Hijas de Regreso a Casa (NHRC). “El 3 de febrero de 2012, un hombre no identificado la atacó con un cuchillo en su casa de Ciudad de México. Era el segundo atentado contra su vida. Norma Andrade había abandonado su hogar en Ciudad Juárez después de que le dispararan el 2 de diciembre de 2011. Nadie ha comparecido ante la justicia por ninguno de los ataques, amenazas de muerte ni actos de intimidación contra Norma Andrade”, detalló el informe. La organización NHRC fue fundada en 2001 tras una serie de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que las autoridades no lograron impedir o investigar debidamente. Una de las víctimas era Lilia Alejandra García Andrade, hija de Norma Andrade y hermana de Malú García, directora de NHRC, que también ha recibido varias amenazas de muerte. “NHRC ha hecho campaña por la justicia para las víctimas de la prolongada situación de violencia contra las mujeres en Juárez y la ciudad de Chihuahua, y ha puesto de manifiesto la inacción de las autoridades respecto a investigar de forma efectiva estos delitos o hacer rendir cuentas a sus autores. Desde 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares en favor de cuatro integrantes de NHRC, en las que se ordena a las autoridades mexicanas que garanticen su protección”, continuó. Con respecto a los defensores de derechos humanos vinculados a las tierras y recursos naturales, AI destacó que la gravedad de los ataques contra este grupo “refleja en gran medida los enormes intereses económicos y estratégicos creados en ciertos territorios”. “Con frecuencia, las tierras en conflicto están en zonas rurales remotas donde la presencia del Estado es limitada o inexistente. El vacío de poder lo suelen llenar redes criminales organizadas, paramilitares o individuos o grupos particulares con poder político y económico”, sostuvo. “En tales condiciones de peligro y a menudo de desgobierno, al no reconocer las autoridades la legitimidad del trabajo de las defensoras y los defensores, éstos quedan a merced de intereses creados de sectores poderosos y violentos, envalentonados al saber que probablemente nunca tengan que rendir cuentas de sus actos. En algunos casos, la connivencia activa del Estado con quienes cometen violaciones de derechos humanos aumenta el grado de peligro al que se exponen defensoras y defensores hasta el punto de que se convierten en un blanco cierto”, agregó. Justamente entre estos casos también se incluyó a México. Amnistía explicó que el 22 de febrero de este año, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron a Lucila Bettina Cruz Velázquez en el municipio de Santa María Xadani, estado de Oaxaca, cuando salía de una reunión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acompañada por una abogada de derechos humanos, Maribel González Pedro. La mujer permaneció recluida en régimen de incomunicación durante cuatro horas antes de ser conducida a la prisión de Tehuantepec por cargos de detención ilegal de personal de la Comisión Federal de Electricidad y daños a los bienes nacionales. Quedó en libertad bajo fianza el 24 de febrero de 2012. De acuerdo con AI “no se han retirado los cargos presentados en su contra. Su detención ha sido la última de una serie de represalias por su trabajo de defensa de los derechos de los pueblos indígenas”. En noviembre de 2011, la Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Oaxaca había dictado medidas cautelares para proteger a Lucila Bettina Cruz frente a las amenazas y los ataques sufridos en octubre y noviembre de 2011 a consecuencia de su trabajo de derechos humanos. Lucila Bettina Cruz es miembro y cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. Esta organización hace campaña para proteger los derechos de los pueblos indígenas y ha protestado contra la construcción de turbinas de viento en tierras pertenecientes a estos pueblos. En el estado de Oaxaca, integrantes de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo han aducido que el parque eólico se está construyendo en sus tierras sin su consentimiento libre, previo e informado, y que les preocupa el impacto de la construcción en la agricultura y en las tierras. Amnistía indicó que las defensoras y defensores de derechos humanos de América siguen contribuyendo de forma fundamental al avance de los derechos humanos en la región y en otras partes del mundo. Sin embargo, sostuvo que pese al reconocimiento que les otorgan instituciones internacionales y regionales y algunas autoridades nacionales, “continúan en la mira, incluso en países donde se han puesto en marcha mecanismos y programas específicos de protección”. Destacó que en los últimos años, cientos de defensoras y defensores han perdido la vida y un número mucho mayor continúa en situación de riesgo. En algunos países --subrayó el informe-- se ha recurrido a los tribunales para intentar silenciar a estas personas y obstaculizar su trabajo: “La virulencia de la reacción a esta labor refleja los poderosos intereses creados que muchas defensoras y muchos defensores cuestionan al tratar de poner fin a la discriminación, la desigualdad y la exclusión tan arraigadas que han contribuido a propiciar las violaciones de derechos humanos en la región.” En ese sentido, afirmó que tal vez esto ayude a explicar por qué las defensoras y defensores que más peligro corren de sufrir abusos y ataques graves en toda América son quienes trabajan en los siguientes ámbitos: derechos humanos relativos a la tierra, el territorio y los recursos naturales; derechos de las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI); derechos de las personas migrantes; quienes tratan de poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos, así como periodistas, blogueras y blogueros y sindicalistas que defienden los derechos humanos. “Pese a la intimidación, las amenazas y los ataques persistentes, las defensoras y los defensores mencionados en este informe, y muchas más personas como ellos, siguen trabajando con determinación y valentía, transformando dolor en esperanza en toda América”, continuó el documento. Instó a los gobiernos de toda la región a que “estén a la altura de las circunstancias y cumplan su obligación de proteger a las defensoras y los defensores de derechos humanos; y de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos para todas las personas”. “Cuando las autoridades no logran proteger a aquellos que trabajan para defender los derechos humanos de las personas y no investigan ataques en su contra, están enviando una señal acerca de que dichos ataques son tolerados”, explicó Tapias-Torrado. “Los gobiernos deben garantizar que los defensores de derechos humanos cuenten de protección adecuada, que incluye como mínimo reconocer la importancia y legitimidad de su tarea, la investigación completa de los abusos que enfrentan y la provisión de medidas de protección efectivas”, concluyó.