En la Tarahumara, desnutrición asesina

El hospital de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, es como una franquicia del infierno: cama tras cama hay personas –sobre todo niños– con tuberculosis, neumonía, gastroenteritis y toda clase de infecciones que en otros lugares son curables. Aquí no. No hay personal ni equipo médico ni medicamentos suficientes, y se vive con la amenaza permanente del crimen organizado. La mayoría de los pacientes son indígenas y sus múltiples padecimientos en realidad son uno solo: la desnutrición. La pobreza extrema azota a la Tarahumara junto con la violencia y uno de los climas más inclementes del país; en esas condiciones la ayuda médica y alimentaria no llegan a la región.

 

GUADALUPE Y CALVO, CHIH.- Con el rostro manchado de blanco, una figura muy esbelta y el estómago inflamado, Antonia Chaparro Julián cuenta que recorrió seis horas en el coche de un conocido para llegar al hospital de Guadalupe y Calvo y pedir que atendieran a su hijo Carlos Gabriel, de dos años.

El niño ingresó con desnutrición de segundo grado. “Está inflamado, tiene diarrea también”, explica Antonia Chaparro, madre soltera de dos hijos más, de siete y cuatro años. El mayor asiste a la escuela; su alimentación, como la de sus hermanos, consiste en frijoles y sopa principalmente, cuando tienen.

“A veces duramos un día sin comer”, indica la mujer tarahumara, que se ocupa en casas como trabajadora doméstica porque en sus tierras no hubo cosecha este año. Su hijo permanecerá hospitalizado alrededor de nueve días.

En una cama contigua a la de Carlos se encuentra Román Valdez Nolasco, de un año dos meses, quien llegó con desnutrición grave y muestra un cuadro de bronconeumonía. Al lado de él se está su mamá, Juana Leticia Nolasco Meléndez. Ella  viajó desde un rancho llamado Tarahumara, abatido por la sequía.

“Tiene neumonía. Se puso malo como a las seis de la tarde el 29 octubre, pero ya se había enfermado cada rato. Hace un mes lo trajimos”, explica la madre. Ella se encargó de llevar a Román al hospital, pero su niña de siete años también presenta síntomas de desnutrición, aunque no tan graves como para ingresarla, justifica.

Juana Leticia, que en total tiene cinco hijos, dice que desde enero no acuden a su comunidad los promotores de salud, quienes les llevaban vitaminas y paquetes de alimentos.

“Ahorita no hay mucho para comer”, cuenta. Su esposo se dedica a la agricultura y ella al hogar. El hijo más grande también trabaja en la tierra; otro estudia la secundaria en rancho En Medio y allá se queda.

La niña de siete años y el de nueve salen todos los días a las siete de la mañana de su casa. Tienen que caminar una hora para llegar a su primaria, que se ubica en San Ignacio de los Almazán. No desayunan. En el recreo les dan comida porque pagan tres pesos diarios por el servicio. A las tres y media de la tarde llegan a su casa. Después, si hay algo de alimento, cenan y se van a dormir.

“No batallamos tanto porque nos dan Oportunidades. Son 800 al mes por el hijo de secundaria y 930 más que me dan a mí. (Con el dinero) sacamos en Conasupo. Este año no levantamos maíz y tenemos que comprar maseca. El bulto de maseca cuesta 95 pesos, dura como cuatro días”, cuenta Juana Leticia.

Con ese dinero se las arreglan para comprar zapatos y ropa de segunda, algo de frijol, manteca y sopa, y a veces café.

Rita Martínez Meza fue internada de emergencia en el hospital comunitario de Guadalupe y Calvo por desnutrición grave. La niña tiene seis meses y la acompañó su tía Carmela porque sus papás se quedaron en su pueblo, Corrocoyote, para sepultar a otra hija, Mónica, de tres años, quien falleció por neumonía, también como consecuencia de la desnutrición crónica.

Carmela Meza, indígena tepehuana, tuvo que viajar varias horas para llegar a la cabecera municipal donde se ubica el nosocomio. Su sobrina llegó grave y permaneció más de una semana en el hospital. Además de la hermana que falleció, Rita tiene otros dos hermanos, de cuatro y 11 años. La familia tiene poco que comer, expresa la tía. La mamá se dedica al hogar y el papá a la agricultura y a cortar leña, pero la sequía dejó menos cosecha que el año pasado.

 

Un drama extendido

 

Durante dos meses, en el Hospital General de la capital de Chihuahua se han registrado 18 decesos de niños por desnutrición grave, ya sea marasmática –que se caracteriza por la extrema delgadez de los niños–, la kwashiorkor –cuando el paciente es muy gordito pero está mal nutrido– o mixta.

Hace dos meses llegó de Bocoyna un niño de tres días de nacido, acompañado de una tía porque sus papás se quedaron para sepultar a otro hijo en una comunidad desde la que hacen tres días de camino para llegar a la cabecera municipal.

De los 18 niños citados, cuatro son menores de 20 años y la mayoría menores de dos. Casi todos los pequeños que fallecieron son del municipio de Guadalupe y Calvo; otros son de Guachochi, Urique y Bocoyna. La semana pasada falleció un adolescente de 17 años en el Hospital General de Chihuahua.

Médicos de la región dicen a Proceso que el período octubre-diciembre es el más difícil para los indígenas de esas localidades, debido al frío y a las lluvias, además del persistente problema de la malnutrición.

Alertan: los decesos pueden incrementarse, y sin embargo, no se han tomado medidas generales preventivas ni de detección médica oportuna.

En cuanto a los casos de desnutrición, el personal médico entrevistado, que optó por no revelar sus identidades, explica que en las actas de defunción no se consigna aquélla como causa de muerte, sino la tuberculosis, la neumonía, la anemia o las infecciones respiratorias agudas…

Los trabajadores del sector salud sostienen que tienen prohibido dar a conocer el número real de muertes para “evitar el escándalo”. Y refieren que los niños llegan con síntomas como estómago inflado, piel pegada a los huesos, piel reseca o despellejada, diarrea aguda…

En las cifras oficiales que sí se han difundido se reconoce la muerte de una niña de dos años, Susana Merichi Ramos, el 28 de septiembre pasado. La pequeña fue llevada por el pastor de una iglesia bautista de Parral al hospital de Guadalupe y Calvo.

Hasta octubre, las autoridades de salud sólo reconocieron siete casos de niños con desnutrición grave; cuatro de ellos fueron trasladados al hospital General de Chihuahua y tres más al Centro de Recuperación Nutricional y Albergue Materno, en Guachochi. Otra niña fue abandonada en el Hospital Infantil del estado: presentaba tercer grado de desnutrición, por lo que fue canalizada a la Casa Cuna de la Procuraduría de la Defensa del Menor.

El dolor, la impotencia y la indignación por el actual estado de cosas que impera en la Tarahumara y está matando a tantos niños empujaron a médicos, enfermeras y personal de salud en general a denunciar la situación, aun a riesgo de perder sus trabajos.

Ellos refieren que el hospital de Guadalupe y Calvo recibió en tan sólo una semana a cinco niños por desnutrición. El pasado 31 de octubre, dicen, tuvieron que ingresar en el Hospital Infantil a dos niños porque su condición era grave: Alondra Vega Carrillo, de 10 meses, tenía una fuerte desnutrición pero fue trasladada con una hoja en la que se indicaba que su diagnóstico era “anemia severa”. Lo mismo ocurrió con Sergio Corrales Chaparro, de un año ocho meses, quien sufría desnutrición de tercer grado pero en su hoja de diagnóstico se indicaba “anemia y gastroenteritis”, denuncian los médicos.

Añaden que la semana pasada, de cinco menores que se encontraban en el área pediátrica en el hospital de Guadalupe y Calvo, tres tenían desnutrición en segundo y tercer grados.

 

Todas las de perder

 

Los asentamientos de indígenas de la sierra Tarahumara se caracterizan por sus escasos habitantes, quienes enfrentan el problema de tener que recorrer grandes distancias para acceder a los servicios de salud o realizar otras actividades. A este conjunto de obstáculos se sumó en los últimos años la violencia, que no ha podido ser contenida por ninguna autoridad.

Los habitantes de la sierra “no cuentan con traslado a otros poblados ni a hospitales porque no disponen de vehículos; antes de que la violencia tocara a los indígenas, los visitaban promotores del PAC (Programa de Cobertura Amplia de Gobierno Federal); tenían cobertura de brigadas médicas a veces con un médico, les daban proteínas”, explica Isela González, directora de la asociación civil Alianza Sierra Madre.

En ese contexto, detalla, “para ellos cualquier enfermedad se puede agravar. Viven además la violencia porque no hay control de la delincuencia organizada”.

Misioneros o personas cercanas a los poblados son quienes, a veces, logran rescatar a algunos niños de sus casas, pero la cifra real de casos, así como de muertes, se desconoce. Por si fuera poco, los médicos ya no quieren ir a la sierra a prestar sus servicios porque ahí se han perpetrado asesinatos de agentes comunitarios, además de que el narcotráfico sigue operando en la región, confirma González.

Maestros y médicos de Guadalupe y Calvo afirman que no hay ley en ese lugar. “Vivimos secuestrados, somos un pueblo secuestrado” indican. Incluso IMSS-Oportunidades dejó de operar en la zona a raíz del estado de violencia imperante ahí.

El personal médico revela: Tan sólo en el citado hospital de Guadalupe y Calvo han irrumpido comandos armados en siete ocasiones; han asesinado a tres pacientes y a uno lo sacaron de un cuarto para matarlo afuera del nosocomio.

Luego de haber contado con una plantilla de médicos y especialistas en varias ramas, a la vuelta de un año el nosocomio dejó de ser un hospital general. Ahora sólo tiene dos anestesiólogos, dos cirujanos y un pediatra que trabaja los fines de semana.

Uno de los cirujanos, sin embargo, tiene problemas para escuchar, padece hipertensión y no ve bien. Estas secuelas le quedaron después de que un grupo armado irrumpió en su oficina y disparó armas largas en varias ocasiones.

Lo sicarios han llegado al punto de ingresar embriagados al hospital y obligar a los médicos a beber cerveza con ellos. Entre el personal que aún trabaja ahí, una doctora intentó suicidarse hace dos semanas, en tanto que varios médicos y enfermeras han sido diagnosticados con depresión severa debido a la violencia criminal y laboral.

Los reclamos de los médicos al director del hospital de Guadalupe y Calvo, Héctor Alarcón Herrera, han sido los mismos desde hace más de dos años: piden cursos de actualización y de capacitación, contratación de personal profesional, remplazo de medicamentos y equipo básico para salvar vidas.

El personal médico cuenta que la máquina de anestesia dura sólo una hora y media en funciones y que un número importante de casos de preclamsia y eclamsia terminan en decesos porque las pacientes sufren convulsiones.

Cuando denuncia negligencias o falta de apoyo de las autoridades hospitalarias, la respuesta, dice, es el hostigamiento, como amenazas de cambiarlos de turno. El personal de Guadalupe y Calvo atiende pacientes del Seguro Popular, así como del IMSS, el ISSSTE y la Sedena.

“Ahora son los niños por desnutrición, pero se mueren muchos pacientes todo el año porque no hay suficiente medicamento; batallamos para los traslados, no hay equipo. Es difícil para nosotros, hasta para que nos reciban pacientes graves”, comentan algunos médicos.

En febrero de 2012 el personal médico del citado nosocomio le envió un oficio al gobernador César Duarte. En el documento le piden ordenar una investigación en tomo al desastre que impera en el hospital y le recuerdan la dramática situación de los indígenas por la crisis alimentaria, que se manifiesta en el incremento de casos de desnutrición y deshidratación.

“Esperando que en esta ocasión sí se tome en cuenta nuestra petición, no es la primeva vez que se hace un escrito de esta naturaleza, basado esto en escrito elaborado en julio de 2009 y recibido por nuestro representante sindical de la sección 52, Rigoberto Machado Lozoya, el 13 de julio de 2009, al cual se le hizo caso omiso”, indican en el oficio.

El documento inicial fue respaldado con 37 firmas –otras cinco rúbricas fueron borradas “por miedo”, según se refiere en el mismo oficio–; el texto reciente fue recibido el 11 de abril por la secretaría del despacho del Ejecutivo estatal.

Julieta Ponce Sánchez, directora del Centro de Orientación Alimentaria, advierte que si las autoridades del país no son capaces de modificar las estrategias para abatir el hambre en las zonas marginadas del territorio nacional, el panorama se tornará aterrador en los próximos años.

Para el presidente Enrique Peña Nieto, dice, el reto es grande: “Si no son capaces de resolver el problema de la desnutrición, va a ser más grave. No es un asunto de campañas, es un asunto estructural, social. Necesitamos todas las voluntades”.

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