MANAGUA (apro).- La nota sentimental, humana, del juicio oral y público contra los 18 mexicanos detenidos y procesados en Nicaragua, se registró en la audiencia final, cuando el juez Edgar Altamirano preguntó a los abogados defensores si sus clientes harían uso del recurso de la “última palabra”, contemplado en el artículo 314 del Código Procesal Penal, y así lo hicieron 12 de los acusados. La primera en hacer uso de la “última palabra” fue Raquel Alatorre, de 39 años, a quien llaman “La Licenciada”, y a quien las autoridades nicaragüenses señalan de ser la cabecilla de la agrupación criminal. Eso fue a las 6:15 de la noche del miércoles 19 de diciembre. “La petición que le quiero hacer”, empezó a decir Alatorre, y se quedó brevemente en silencio, mientras se comunicaba visualmente con su defensor, José Ramón Rojas Urroz, “es que quiero ser trasladada al Centro Penitencial La Esperanza, es la única petición”, agregó, antes de que se le quebrara la voz. Alatorre regresó a su silla, ubicada como siempre, en la última de las tres filas de asientos, controlando sus emociones. Vestía igual que ayer, un suéter deportivo Wilson, y pantalón de mezclilla bastante desteñido. Le siguió Carlos Gustavo Reyes, de 30 años, quien según registros migratorios, entró a Nicaragua en 29 ocasiones y salió en 28 ocasiones. Las autoridades lo ubican en el segundo nivel de incursiones al país, ya que entró a partir del 2010. “Espero que sea un juicio apegado a derecho, tomando en consideración todas las pruebas, como lo dice la ley”, indicó Reyes, y agregó que si causó algún daño al país, al pueblo de Nicaragua, le pide perdón. Finalmente dijo que él está en manos de Dios. Mientras tomaban la palabra, uno a uno, las cámaras fotográficas no dejaban de registrar la escena, mientras el cónsul de México en Nicaragua, Germán Murguia, con su teléfono móvil hacía video de cada uno de ellos haciendo uso de la palabra. A Reyes le siguió Salvador Guardado, quien según las autoridades nicaragüenses, vino en “misión exploratoria” al país en 2006, y empezó a incursionar en territorio nacional desde 2008, junto con Alatorre. Se le atribuyen 41 entradas y 40 salidas por las fronteras terrestres. “Soy técnico en mantenimiento de computadoras”, dijo, “he estado detenido desde el 20 de agosto, desconocía mis derechos hasta hoy, me han violentado mis derechos, y espero que se nos juzguen con las pruebas reales.” Rodolfo Jiménez Camacho, a quien identifican como uno de los conductores de las seis camionetas Van, se declaró inocente desde que tomó la palabra. “Me declaro inocente de los delitos que me imputan”, afirmó, y pidió que se celebrara un juicio justo. A él le atribuyen 27 entradas desde 2010 y 26 salidas por territorio nicaragüense. Osvaldo López, quien también aparece como conductor, y con igual número de entradas y salidas que Jiménez Camacho, también dijo ser inocente los delitos de tráfico internacional de estupefacientes, crimen organizado y lavado de dinero. “Me declaro inocente”, señaló al tomar la palabra, “quisiera también que fuera justo todo este proceso, tome en cuenta que se está decidiendo nuestra libertad”. En el uso de la palabra siguió Iván Cano, uno de los más jóvenes, de 28 años, y de quien sólo hay cinco registros de entrada y cuatro de salida, a partir del año 2012: “Soy mexicano, he estado detenido desde el 20 de agosto, trasladado custodiado a Auxilio Judicial, donde no me dejaban salir. Espero que se tomen en cuenta todas las pruebas, estamos en manos de la justicia nicaragüense y confío que será justo.” Le siguió Cecilio Torres, de 33 años, con 14 entradas y 13 salidas por territorio nacional. “Soy inocente de todo lo que se me está imputando, no he traído nada”, dijo refiriéndose a estupefacientes. Además, pidió ser trasladado al sistema penitenciario nacional, a la Cárcel Modelo, ya que las celdas de Auxilio Judicial, de la Policía Nacional, dijo que son inhumanas. “Ya no soporto estar allí”, afirmó. Uno de los más conmovedores fue el testimonio de Juan Luis Torres Torres, a quien le atribuyen ser el número dos de la organización criminal, después de Raquel Alatorre. Con voz entrecortada, Torres Torres, quien se asegura entró 43 veces a Nicaragua y salió en 42 ocasiones, dijo que tiene 120 días de estar detenido y sólo ha podido conversar con su abogado defensor por espacio de 7 minutos durante todo ese tiempo. “Desde el 20 de agosto hemos estado detenidos, confinados, custodiados por militares y por policías, no nos permitían ir al baño, comer. Estoy hablando con la verdad, mi Dios es testigo de eso. No respetaron nuestros derechos”, señaló Torres Torres. Controlando el llanto, agregó: “Quiero decirle a mi madre que la amo, que me siento bien, que estoy cerca de Dios”, y lamentó que no le han permitido hablar con ella. Valentín Delgado, a quien se le atribuyen 28 entradas y 27 salidas, desde 2010 a la fecha, también pidió ser trasladado a las celdas del Sistema Penitenciario Nacional, ya que siguen en poder de las autoridades de Auxilio Judicial de la Policía Nacional. Esta misma solicitud también la expusieron Hirán Pacheco y Julio Alvarado, quien fungía como conductor y entraba al país desde 2008. En total fueron 12 de los 18 mexicanos los que hicieron uso de la “última palabra”. Seis de ellos permanecieron en sus asientos. Uno de los que permaneció siempre callado en todas las audiencias, pétreo, es Pablo Sosa Guerra, de 60 años, y uno de los conductores de las camionetas Chevrolet. Poco después de darles la palabra, el juez Edgar Altamirano, del Juzgado Noveno Penal de Managua, dictó sentencia, encontrándolos a todos culpables de los delitos de lavado de dinero, crimen organizado y transporte de estupefacientes. El próximo 18 de enero de 2013 dictará el fallo de la pena.