Aun cuando los habitantes de los municipios Allende y Nava, Coahuila, guardaron silencio durante más de dos años y evitaron hablar sobre las vejaciones sufridas a manos de Los Zetas, a finales de noviembre pasado el gobernador Rubén Moreira declaró que abrirá una investigación “sin histrionismo ni declaraciones” porque, dijo, en su conciencia “no va a estar el hecho de que no haya volteado a ver a quien clamó justicia”. El mensaje iba dirigido a su hermano Humberto, quien durante su administración se negó a escuchar los gritos desesperados de esas poblaciones coahuilenses, que fueron saqueadas, destruidas, quemadas, arrasadas. ALLENDE, COAH. (Proceso).- Las atrocidades de Los Zetas en Nava y en este municipio eran un secreto a voces: hordas de narcos arrasaron con estos dos poblados del norte de la entidad, destruyeron y quemaron decenas de casas, se llevaron a familias enteras, asesinaron a dueños de ranchos y violaron a mujeres y niñas. Ocurrió hace más de dos años y aunque esa barbarie se contaba en voz baja entre los lugareños –era una “leyenda rural”, dicen–, el gobernador Rubén Moreira sacó el tema a la luz la víspera de su primer informe de gobierno, que entregó el pasado 29 de noviembre al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Francisco Eliseo Mendoza Berrueto. Moreira ordenó a su procurador, Homero Ramos Gloria, abrir una investigación “sin histrionismo ni declaraciones” porque al final, le comentó, “lo que cuenta es que los pistoleros “estén en la cárcel”. “En mi conciencia no va a estar el hecho de que no haya volteado a ver a quien clamó justicia. Que en la cabeza de otros resuenen los gritos de esas personas de Allende que seguramente pidieron ayuda y nadie lo hizo”, enfatizó. Con ello el mandatario intentó deslindarse de su hermano Humberto Moreira y de Jorge Torres López, quien lo sustituyó en el cargo los últimos meses de su administración, pues las atrocidades contra las dos poblaciones comenzaron cuando el primero aún era gobernador y se agudizaron en la administración del segundo. Ninguno de los dos escuchó los desesperados gritos de los habitantes de Allende y Nava. Aún no se hace justicia a las familias afectadas ni a quienes fueron extorsionados o secuestrados; tampoco a las mujeres violadas durante esa época. Historias de miedo Nava y Allende se localizan en el norte del estado, a un costado de la carretera federal 57; uno 40 kilómetros al sur de Piedras Negras, el otro a 55 kilómetros. Gracias a sus manantiales y sus frondosos nogales la economía de la región –semidesértica y de temperaturas extremas– es floreciente. Desde hace años el norte de la entidad es controlado por Los Zetas. De Piedras Negra, pasando por Sabinas y Ciudad Acuña, hasta los municipios de la región carbonífera y Monclova, ellos lo dominan todo. En éste último opera Alejandro Treviño Morales, El Z-42, y ahí solía desplazarse sin contratiempos el capo Heriberto Lazcano. Pareciera que en las amplias y tranquilas calles, en las frondosas plazas de Nava no ocurre nada. Sin embargo sus habitantes viven con miedo. Aún no olvidan las brutalidades que vivieron entre finales de 2010 y marzo del 2011, cuando la violencia, que había comenzado antes, llegó a su clímax. Pocos se atreven a contar sus historias. Su miedo, dicen, es fundado, pues los responsables siguen en la región. Incluso cuentan con una red de halcones que observan a todos los que entran por la carretera y reportan a sus jefes cualquier anomalía. Los pistoleros se pasean a bordo de camionetas por las principales calles, siempre armados, aun cuando la zona está militarizada. Según el censo de 2010 Nava tiene 25 mil habitantes y Allende, 22 mil. Y este último poblado es el que sufrió la peor barbarie. Los sicarios “se llevaron a familias completas que no pudieron pagar las extorsiones”, cuenta al reportero un comerciante, a condición de que omita su nombre. Lo secunda otro lugareño, un subteniente que se encarga de vigilar la región: “Llegaron caravanas de al menos 50 camionetas con hombres armados”. Dice que los vehículos con pistoleros a bordo se apostaban en las entradas para observar quién entraba y quién salía, mientras otro grupo más nutrido tomaba los pueblos. Durante semanas los miembros de la delincuencia organizada se dieron vuelo secuestrando comerciantes, dueños de ranchos y empresarios. Les exigían fuertes sumas de dinero para liberarlos. Uno de los casos más sonados es el de Luis Moreno, el empresario más rico de Allende, y su esposa, a quienes Los Zetas les pidieron entregar toda su fortuna; de lo contrario, les dijeron, serían ejecutados. La familia optó por huir a Estados Unidos y dejar su vivienda, una residencia estilo californiano en una de las equinas de la plaza principal, frente a la presidencia. Los delincuentes fueron al inmueble y lo saquearon. Se llevaron muebles, aparatos electrónicos, incluso ventanas, puertas y rejas. Hoy está deshabitada y en ruinas. “Tuvimos la destrucción de más de 40 casas”, declaró el gobernador Rubén Moreira el 28 de noviembre pasado, cuando habló sobre lo ocurrido en las postrimerías de la administración de su hermano. En Allende los habitantes tienen un padrón de cerca de 80 casas que fueron quemadas y destruidas; la mayoría de familias que no pudieron pagar a los sicarios. Algunas de las imágenes de la destrucción fueron subidas a las redes sociales, en un intento por denunciar la violencia y crueldad que ahí se vivía. Ninguna autoridad atendió el problema. Algunas veces los delincuentes sacaban a sus moradores y luego incendiaban los inmuebles; otras, llevaban retroexcavadoras para derrumbar paredes, techos, columnas. Lo hacían a la vista de todo el pueblo. Las escenas se repitieron durante semanas, meses. Una vez, cuando el pueblo estaba de fiesta, irrumpieron Los Zetas y comenzaron a saquearon los hogares. Muchísima gente desapareció, “temo que murió”, dijo el gobernador. Los habitantes de Allende contaron que los narcos llegaban a los ranchos y mataban a los caporales y empleados. “Secuestraban a las familias de los dueños y se las llevaban”, dicen. Fue en 2009 cuando comenzaron levantones masivos, recuerdan. Y mencionan los casos de los jóvenes Agustín Alberto Núñez Magaña, Sergio Cárdenas Córdova y José Flores Rodríguez, originarios de La Barca, Jalisco. Los tres trabajaban para Marco Antonio Barajas, dueño de Joyas Barajas avecindado en Guadalajara. Se sabe que llegaron a Nava, incluso que se hospedaron en el hotel Don Alberto, pero nada se sabe de ellos desde la segunda semana de abril de 2009. Las desapariciones se incrementaron a partir del primer trimestre de ese año, cuando Humberto Moreira era gobernador. En Piedras Negras recuerdan aún el secuestro de 12 empleados de Atlanta Duramex oriundos del Estado de México que llegaron a la ciudad el 21 de marzo de 2009 en dos camionetas a vender la pintura a los negocios locales. Se dividieron en dos grupos y comenzaron a ofrecer su producto. Alrededor de las 15:30 horas uno de los dos grupos detectó que sus compañeros se habían desplazado a Monclova y comenzaron a buscarlos. Horas después también desaparecieron. A semejanza de Tamaulipas Juan José Yáñez Arreola, subprocurador para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas de la Procuraduría de Justicia de Coahuila dice a Proceso: “El principal problema al que nos enfrentamos (al investigar las desapariciones) es que nadie quiere hablar”. Admite también que en Allende desaparecieron familias completas. “Ya se están haciendo las investigaciones”, asegura. E intenta justificarse: No sabemos cuántas fueron pues “no tuvimos conocimiento de esos hechos en esa época”. Yáñez Arreola informó que el padrón de denuncias por desapariciones en Coahuila suma actualmente más de mil 400. En los últimos meses lograron ubicar a 482 personas, entre ellas algunas levantadas por la delincuencia organizada. “En ese registro no están incluidos los casos de Nava y Allende”, precisó el funcionario. Recientemente cientos de efectivos de la Armada y del Ejército fueron enviados a los municipios de la región para reforzar la vigilancia. La carretera federal 57, que atraviesa la entidad rumbo a la frontera, y la autopista que lleva a Piedras Negras, por ejemplo, hoy son patrulladas por vehículos artillados de la Marina. Los vehículos militares recorren las calles de Allende, mientras algunas tanquetas resguardan la presidencia municipal. En los retenes militares se observan sofisticados aparatos de rayos gamma con los que las tropas escanean todos los vehículos en busca de armas. Se instalaron desde el municipio de Castaños, que forma parte de la zona metropolitana de Monclova, y se extienden a la garita fronteriza ubicada 53 kilómetros al sur de Piedras Negras. Sin embargo los habitantes de la región consideran que la ayuda militar llegó demasiado tarde. Lo mismo sucedió en otras entidades, como Tamaulipas, donde la barbarie de los sicarios es similar a la de Los Zetas en Coahuila. Comenzaron, dicen, en San Fernando y se extendieron a Ciudad Mier. En ambos municipios los narcos tomaron los pueblos e impusieron su ley. En 2010, durante varios meses los ciudadanos de Mier vieron a los narcos quemar la comandancia de la policía y destruir viviendas sin que nadie los detuviera. A finales de ese año, cansados del sufrimiento, tres cuartas parte de Ciudad Mier, cuya población es de 7 mil personas, huyeron a Miguel Alemán, la ciudad vecina; otros se exiliaron en Estados Unidos. La historia se repitió en el municipio de Güémez, ubicado a menos de 20 minutos de Ciudad Victoria, en julio pasado. Las autoridades de Tamaulipas, incluido el gobernador Egidio Torre Cantú, tampoco oyeron los gritos de auxilio de la población. “Venimos a liberarlos de Los Zetas, no se preocupen. Ahora van a estar bajo la protección del Cártel del Golfo”, dijeron a los habitantes de Güémez unos hombres armados y encapuchados que llegaron a la localidad en 20 camionetas la madrugada del pasado 10 de julio. La llegada de los pistoleros de esa organización criminal desató una serie de enfrentamientos en el municipio. Tropas del Ejército recomendaron a los pobladores salir del pueblo porque, dijeron “se iba a poner feo” y ellos no tenían la capacidad para proteger a toda la región. Los habitantes de Güémez iniciaron su éxodo. Hoy, varias comunidades son “pueblos fantasmas”. Y aun cuando los crímenes y matanzas de San Fernando y Mier se han documentado paulatinamente, los afectados de Allende y Nava se niegan a narrar su tragedia pese a que ahora los resguardan militares y marinos. El miedo los paraliza. En la región no se permiten cámaras fotográficas ni videograbadoras, aunque es predecible que cuando se conozcan más detalles de la barbarie los agraviados alcen la voz. Entonces, dicen algunos de los lugareños, los gritos retumbarán con más fuerza en las cabezas de esos gobernantes que se han negado a escuchar.