MÉXICO, DF, (apro).- El gobierno mexicano presentó un escrito de “amigo de la Corte” (amicus Curiae) en contra de la sección quinta de la Ley SB1070 de Arizona que criminaliza el hecho de transportar y albergar indocumentados. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través de un comunicado que el escrito forma parte de un nuevo recurso legal interpuesto por una coalición de organizaciones de la sociedad civil estadunidense contra la ley antiinmigrante, aprobada en Arizona en abril de 2010. Con ese recurso, las organizaciones buscan que la Corte de Apelaciones deseche la impugnación presentada por el gobierno de Arizona en noviembre pasado contra la suspensión de las cláusulas más polémicas de la norma, que criminaliza la inmigración dictada el 28 de julio de 2010 por la jueza Susan Bolton y confirmada en abril de 2011 luego de una petición del presidente Barack Obama. El gobierno mexicano señaló en el comunicado que la entrada en vigor de la sección cinco de la Ley SB1070 incidiría “negativamente” en las relaciones con Estados Unidos e impediría la colaboración bilateral efectiva. La SRE destacó que la SB1070 crearía normas migratorias distintas a las previstas en la legislación federal, mismas que criminalizarían la migración y propiciarían su aplicación selectiva, en detrimento de los derechos fundamentales de los nacionales mexicanos que residen o visitan Arizona. La dependencia sostuvo que el gobierno mexicano seguirá destacando las contribuciones de los inmigrantes mexicanos a las distintas comunidades estadunidenses y promoverá y defenderá los derechos fundamentales de todos los connacionales en el exterior, sin importar su condición migratoria. La también llamada “ley del odio” criminaliza a los trabajadores sin documentos y considera sospechosos de crímenes a todos los que por su aspecto puedan parecer inmigrantes, ya sean ciudadanos estadunidenses o inmigrantes legales o ilegales. La propuesta fue convertida en ley por la gobernadora Jan Brewer el 23 de abril de 2010. Entró en vigor el 29 de julio de ese año pero 24 horas antes de su entrada en vigor, la jueza Susan Bolton ordenó la suspensión de las cláusulas más polémicas de la norma que criminaliza la inmigración El 11 de abril de 2011, a petición del presidente Barack Obama, el Tribunal de apelaciones estadunidense confirmó la suspensión de las disposiciones más controvertidas de la polémica ley migratoria del estado de Arizona.