VALPARAÍSO, 28 diciembre (apro).- Un sector de la prensa chilena, el que investiga y denuncia violaciones a los derechos humanos, está siendo acosado. Varios periodistas y corresponsales extranjeros han sido objeto de misteriosos robos y violaciones de morada en las últimas semanas. El proceder de los victimarios indica que sus objetivos fueron sustraer información e intimidar a los investigadores. Entre los afectados se cuenta el periodista Javier Rebolledo, autor del libro La danza de los cuervos (Ceibo Ediciones, 2012) que narra los horrorosos crímenes cometidos por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el cuartel de exterminio Simón Bolívar de Santiago. En noviembre pasado también sufrió robo con violación de morada la corresponsal en Chile del New York Times (NYT), Pascale Bonnefoy, quien sacó ronchas con un reportaje –publicado el 27 de agosto-- en que revela que estudiantes detenidos en manifestaciones fueron torturados por agentes de la policía chilena. Carabineros de Chile reaccionaron airados ante esta publicación asegurando que esta contendría “falsedades”. Esta institución solicitó al prestigiado diario que se retractara, solicitud que no fue acogida. En 2005 Bonnefoy había publicado el libro Terrorismo de Estadio, en el que hace una minuciosa descripción de la estructura de mando del que fuera el mayor centro de detención y torturas de la dictadura: el Estadio Nacional, de Santiago. En la actualidad trabaja también en el programa Archivos Chile, dependiente de la Universidad de Chile, que centra su labor en investigar los crímenes cometidos durante la dictadura. Sin embargo, el caso más llamativo, sin duda, lo constituyen los sucesivos robos de los que fue víctima el periodista Mauricio Weibel, corresponsal en Chile de la agencia de prensa alemana DPA y autor del libro Asociación Ilícita (Ceibo, 2012), en el que se revelaron archivos secretos de la dictadura. En dicho texto se dejan en evidencia los vínculos y la complicidad de las agencias represivas del régimen militar (1973-1990), con las autoridades políticas de la época, varios de cuyos personajes se encuentran hoy en actividad en diversos cargos habiendo logrado sortear, hasta ahora, el accionar de la justicia. Weibel fue quien primero denunció ser víctima de acoso de parte de organismo de inteligencia. En recurso de amparo preventivo presentado el 18 de diciembre -que fue acogido dos días después- el periodista describe los hechos: “La noche del jueves 13 al viernes 14 del presente, me fue sustraído mi automóvil Toyota Yaris color gris patente XA 1415, desde el frente de mi casa ubicada en calle Jesús 755, La Reina. Lo que pudo ser sólo un delito común era en verdad sólo el preludio de un operativo de terror característico de los realizados en el pasado por la DINA, la CNI o el DINE (agencias de represión de la dictadura). Porque horas después, la mañana del viernes, un sujeto vestido de carabinero se apersonó al edificio de calle Suecia 2624 en donde yo vivía hasta hace poco tiempo. Arguyendo su supuesta condición de policía, el sujeto se negó a identificarse y requirió al conserje que le entregara antecedentes de mi familia para luego retirarse en un taxi. Claramente no es lo normal de la policía uniformada”, señala Weibel. Prosigue su relato: “Pero el operativo recién comenzaba. Así fue como el día sábado, aprovechándose de mi ausencia, sujetos vestidos de civil no identificados, penetraron a mi domicilio actual de La Reina, donde registraron absolutamente todo para finalmente sustraer sólo dos notebooks, en uno de los cuales se almacenaba la información periodística que realizó como corresponsal de la agencia DPA. Por la tarde del mismo día un sujeto fue sorprendido fotografiando mi actual residencia y al ser requerido para que se identificara por vecinos y amigos de mi familia, huyó rápidamente.” El mencionado periodista es hijo de José Weibel, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile que fue detenido y desaparecido en 1976. Ante la gravedad de estos hechos, el ministro de Interior, Andrés Chadwick (excolaborador de la dictadura) dispuso resguardo policial al domicilio de Weibel. Pero, a pesar de la protección y como si todo esto se tratara de una burla, el domingo 16 se produjo un tercer robo en el domicilio de Weibel. En esa ocasión, se llevaron utensilios ubicados en el jardín. Un día antes, el periodista Rebolledo había sido víctima del robo del disco duro de respaldo de sus investigaciones que le fue sustraído de su domicilio ubicado en la comuna de Ñuñoa, también en la capital chilena. En entrevista con Apro Rebolledo señaló que “paralelamente, ya en dos ocasiones he perdido el control de mi computador cuando lo estoy ocupando: el mouse se comienza a mover solo y a apretar íconos sin que yo pueda manejarlo”. El disco duro externo que le fue sustraído contenía el borrador de un libro que prepara y el cual apunta a establecer las responsabilidades que tuvieron los agentes civiles en los crímenes cometidos durante la dictadura. Esta materia es muy similar a la que centra sus investigaciones el corresponsal de la DPA. Consultado sobre el trasfondo de estos hechos, Rebolledo señaló: “Tengo la impresión que existe preocupación por la información que manejamos ciertos periodistas vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. “Creo que es una preocupación justificada, porque hay muchos civiles que colaboraron con la dictadura y que hasta ahora no han sido mencionados ni procesados en causas judiciales.”  Ese mismo fin de semana fue violado el hogar del periodista Cristobal Peña. El lunes 17, al volver a casa tras un fin de semana de asueto, Peña se percató que discos compactos cargados de información ya no estaban. Además, cajas con documentos fueron hurgadas y otras cosas cambiadas de lugar. Afortunadamente para él, los borradores de su próximo libro, relacionado con el dictador Augusto Pinochet, lo andaba portando en una computadora que llevaba consigo. Entre los escritos periodísticos de Peña destaca La sangre de un poeta, en el que reconstruye las últimas horas del director de teatro y renombrado cantor popular Víctor Jara, asesinado pocos días después del golpe militar de septiembre de 1973. En la medida que se han conocido estos antecedentes otras organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos en periodo de dictadura han denunciado robos de equipos computacionales, como es el caso de la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (FASIC), institución que jugó un papel muy importante durante la dictadura. Investigación judicial En virtud de los hechos descritos, el 18 de diciembre, y tras sostener una reunión con Weibel, Peña y su abogado Eduardo Contreras, el fiscal regional de la Zona Centro Norte, Andrés Montes, abrió una causa penal por los robos que afectaron a Peña, Rebolledo y Weibel. Montes, que dada la importancia de los hechos asumirá él mismo la investigación, decidió unir estos casos en uno solo debido a las similitudes de los mismos. El fiscal Montes expresó a BBC Mundo que investigarán estos casos para determinar si existe una vinculación entre ellos. “De existir, esto sería muy grave, ya que comprometería seriamente la libertad de expresión en el país", advirtió. El departamento de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones estará a cargo de las pesquisas. Apenas conocidos los hechos la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) emitió una declaración en la que repudió lo sucedido y pidió se aclaren las circunstancias, y se establezcan responsabilidades: “Aún se encuentran en peligro los periodistas de los países que formaron parte del Plan Cóndor que llevan a cabo investigaciones de fondo sobre este periodo. Mauricio Weibel debe gozar del apoyo del gremio, no sólo por lo que concierne a su seguridad, sino por su contribución a la búsqueda de la verdad sobre una de las páginas más oscuras de la historia sudamericana reciente”, agregó la organización. RSF pidió al gobierno de Chile que otorgue a Weibel y a su familia “una protección acorde con los riesgos que corren”. Estas persecuciones a periodistas se dan en un contexto mucho más amplio que compromete las libertades democráticas. Según el ranking de libertad de expresión elaborado por RSF, sólo este último año Chile bajó desde el lugar 33 al 80. Al argumentar el mencionado descenso, el informe señala que “la prensa chilena padece una dramática concentración de los medios de comunicación, que se encuentran en manos de dos grandes grupos de comunicación: Copesa (que edita el diario La Tercera) y El Mercurio”. También menciona las enormes trabas que la institucionalidad vigente pone a la comunicación comunitaria, en especial a las radios: “(estas) disponen de poco margen de acción en un espacio radiofónico que pertenece en más de 60% al grupo español Prisa” Expresión de la nula voluntad del gobierno de Piñera por remediar esta situación lo muestra el hecho que su administración acaba de cerrar el estatal diario La Nación, de más de 90 años de historia. Por otra parte, ha insistido en no devolver a sus legítimos dueños (Fundación Presidente Allende, de España; y Víctor Pey) los bienes confiscados por el régimen de Pinochet al diario Clarín, que en el momento del golpe era el diario de mayor circulación en Chile.