OAXACA, Oax. (apro).- El Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito “modificó” la resolución del Juzgado Segundo de Distrito, que concedió amparos a exfuncionarios del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, al determinar que los delitos por los que fueron denunciados “no han prescrito”. Por tal razón, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) libró nueve órdenes de aprehensión contra los ulisistas, a quienes se acusa de cometer un daño patrimonial superior a los mil 232 millones de pesos. Por el quebranto de 495 millones 700 mil pesos a la hacienda pública, las órdenes de aprehensión se giraron contra el exsecretario y el subsecretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib y Fernando González García, respectivamente; los excoordinadores de Comunicación Social, Raúl Castellanos Hernández y Soledad Juana Rojas Walls, y el exjefe administrativo Jorge Efrén Rojas Hernández, Por el daño patrimonial de 736 millones 218 mil pesos, la PGJ libró las órdenes de aprehensión contra Ortega Habib y Fernando González García, y los exdirectores de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Armando Félix González Bernabé y Ambrosio Vásquez Arango. Mientras tanto, a Manuel Alejandro Hernández Muñoz, exdirector de Administración y Finanzas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), se le dictó un nuevo auto de formal prisión por abuso de autoridad y peculado. Luego que el juez Segundo de lo Penal, Andrés Manuel Jiménez Méndez, otorgó los juicios de amparo 382/2012, 383/2012, 384/2012 y 385/2012 a los excolaboradores de Ulises Ruiz, la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Marisela Woolrich Fernández, así como el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, y el jurídico Víctor Hugo Alejo Torres, además de la PGJE, presentaron un recurso de revisión. En días pasados, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito analizó y determinó que el requisito de procedibilidad se cumplió. No obstante, aclaró que “tratándose de delitos de exservidores públicos que causaron daño al erario de la hacienda pública, el único legitimado para interponer la querella es el secretario de Finanzas, no así la secretaria de la Contraloría”, según refirió el procurador Manuel de Jesús López. En ese sentido, agregó, como la querella fue interpuesta en tiempo, quedó firme, y el juez séptimo de lo penal, en cumplimento a la ejecutoria y siguiendo los lineamientos, emitió nuevas órdenes de aprehensión.