MÉXICO, D.F. (apro).- La ONU y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos celebraron la promulgación de la Ley General de Víctimas, y exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto publicar el reglamento para su aplicación. El expresidente Felipe Calderón se negó, en su momento, a promulgar la ley tal como fue publicada hoy; incluso, promovió un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Javier Hernández Valencia, consideró como “un paso necesario, significativo, y de plena legitimidad en el camino de dotar a las mexicanas y mexicanos de una política de Estado y de mecanismos eficaces que garanticen sus derechos cuando se enfrentan a la lacerante situación y precariedad que las convierte, sin buscarlo ni quererlo, en víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos”. Tras reiterar su posición de brindar asesoría técnica al Estado mexicano para implementación de la ley, Hernández Valencia dijo que la ONU-DH se sumó al proyecto “documentando casos y aportando insumos para la adopción de políticas y medidas efectivas de prevención, protección, combate a la impunidad y reparación de las víctimas”. Recordó que durante la visita en 2011 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay,  sostuvo encuentros con víctimas y familiares que apuntalaron  la agenda de documentación, en tanto que diversos organismos internacionales de derechos humanos recomendaron al Estado mexicano “reconocer y reparar a las víctimas a través de medidas apropiadas, incluyendo las de carácter legislativo”. Amnistía Internacional, recordó que la Ley General de Víctimas fue bloqueada por el expresidente Felipe Calderón como “una muestra más de la falta de atención a las víctimas que caracterizó la estrategia de seguridad implementado” durante ese sexenio. Aunque hizo un reconocimiento a Peña Nieto, Amnistía Internacional advirtió que “la aprobación de leyes no es suficiente  para garantizar los derechos de las víctimas”. La organización destacó que para garantizar su aplicación es necesario que el compromiso del gobierno hacia las víctimas se traduzca, cuanto antes, en medidas efectivas que garanticen el acceso a la justicia, la verdad, la verdad y la no repetición hacia quienes han sufrido la violencia y las violaciones a derechos humanos que diariamente se producen en el país”. AI recordó que no sólo la implementación de la ley es suficiente, sino que también es urgente “adecuar de forma integral el sistema de procuración de justicia y de seguridad pública para que éstos funcionen con efectividad y apego a la ley, pero siempre con el respecto irrestricto a  las normas internacionales de derechos humanos”. Puntualizó que “mientras la impunidad siga siendo la norma en los hechos violentos que se suceden en México, no será posible detener la proliferación de la violencia y las violaciones a derechos humanos”. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) recordó que la ley fue el resultado del trabajo de organizaciones sociales y víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, registrados durante la guerra contra el narcotráfico declarada en la pasada administración y que dejó un saldo de 80 mil personas asesinadas, 25 mil desapariciones forzadas, el incremento de 500% en la práctica de la tortura y una impunidad d 98%. En un comunicado en el que saluda  la promulgación, la CMDPDH asegura que “debe garantizarse su adecuada implementación de forma cercana a las víctimas, protegiendo en todo momento su dignidad y evitando a toda cosa su revictimización”. Al recordar que la emisión de la normatividad “genera diversas obligaciones para el Estado en su conjunto”, la organización agregó que es prioritaria la publicación de la reglamentación para que “la ley sea aplicada y que sea trabajada en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos de víctimas. Es también fundamenta asegurar el derecho a la justicia de todas las víctimas y garantizar su derecho a la verdad y reparación”. La CMDPDH sostuvo que la implementación de la Ley General de Víctimas “deberá estar acompañadas de garantías de no repetición para evitar futuras violaciones a derechos humanos” y acciones claras para poner fin a la violencia imparable, toda vez que “hasta que no haya un cambio estructural en la estrategia del combate a la delincuencia las violaciones a los derechos humanos continuarán”.