MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones no gubernamentales exigieron a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desechar la iniciativa con la que se pretende reformar el artículo primero constitucional, que obliga al Estado a respetar tratados internacionales de derechos humanos. Al exigir un debate público sobre la llamada “contrarreforma”, retomada por el diputado priista Raymundo King, los activistas coincidieron en que detrás del intento de dar marcha atrás a las modificaciones constitucionales en materia de derechos humanos, está la tradición autoritaria y conservadora del Estado mexicano. Si bien los defensores manifestaron no tener elementos para asegurar que detrás de la iniciativa impulsada por el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo Vieyra, está el presidente  Enrique Peña Nieto, Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), consideró como “un mal signo que el nuevo gobierno haya iniciado con una política contradictoria” en materia de derechos humanos. Explicó que las contradicciones radican en que casi de manera paralela a la promulgación de la Ley de Víctimas, no se haya  fijado una postura en contra de la intentona del priista Arroyo Vieyra, por lo que una vez más –agregó– se cae “en el doble discurso en el que ha incurrido el Estado mexicano”. Subrayó: “Esta suerte de indefinición en la política de derechos humanos puede ser muy peligrosa, sobre todo en momentos como los que vivimos, en los que nuevamente los derechos humanos no están en el centro de en la política de seguridad pública, como ocurrió durante el sexenio pasado”. Culebro exigió una definición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la iniciativa impulsada por la bancada del PRI en San Lázaro. Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), José Rosario Marroquín, señaló que la contrarreforma también coincide con el proceso que se le sigue al Estado mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los abusos sexuales como método de tortura contra mujeres que participaron en las manifestaciones en Atenco, en 2006, y de los que Enrique Peña Nieto ha asumido su total responsabilidad. “Es muy probable que la CIDH resuelva en breve el asunto, por lo que una contrarreforma al artículo primero constitucional dificultaría el cumplimiento de un sentencia de la Corte Interamericana, por supuesto no sólo en el caso Atenco, sino en cualquier otro caso”, puntualizó el director del Centro Prodh. Marroquín consideró que en el intento de modificar el artículo primero constitucional, estaría el reconocimiento de la “incapacidad del Estado para hacer efectivo su cumplimiento, lo cual implica modificaciones hasta presupuestales para cambiar las estructuras de gobierno e incluso para solventar los respaldos económicos a las víctimas de los abusos (por parte) de los agentes del Estado, como establece la Ley de Víctimas”. De proceder la contrarreforma, sostuvo, “elementos nocivos que han sido introducidos a la Constitución, como el arraigo, elevado a rango constitucional, no podrán ser controvertidos, aun cuando el arraigo se contrapone con tratados internacionales de derechos humanos firmados por México, porque la intención de la iniciativa es anteponer a los tratados la Constitución”. Miguel Moguel, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, resaltó que la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 “no es algo que a alguien se le ocurrió, es el producto de un arduo trabajo de las organizaciones y académicos, por lo menos desde 2008, respaldado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y retomado en 2009 por el Congreso mexicano, para finalmente lograr la reforma constitucional”. Añadió que el objetivo de defensores y académicos fue fortalecer el reconocimiento de los principios de derechos humanos y que los mexicanos tuviesen pleno acceso a ellos. Coincidió con Marroquín en el sentido de que, ciertamente, la reforma de 2011 “es un avance que implica un cambio radical en la ejecución de las políticas públicas, de desarrollo social y de derechos humanos, cambios que, por lo que vemos, quienes ejercen esas políticas no están dispuestos a dar”. Octavio Amezcua, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), manifestó que el argumento central de la iniciativa presentada por Arroyo Vieyra y retomada por King “es un falso debate, porque hablan de un caos jurídico y falta de garantías judiciales, y porque los jueces tendrán que determinar entre la Constitución y los tratados internacionales en cada caso, según el principio pro persona”. Agregó que desde 2007 “existe jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se han antepuesto tratados internacionales a los dictados constitucionales, y el caso más reciente fue la resolución sobre el caso Rosendo Radilla, en la que la Suprema Corte resolvió conforme a esos tratados, es decir, no existe el caos procesal que argumentan los legisladores priistas”. Rocío Culebro insistió en el desistimiento de la iniciativa o el voto en contra de los legisladores en la Cámara de Diputados, tal como lo asentaron las organizaciones de derechos humanos en una misiva entregada este martes a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. En la carta sostienen que la contrarreforma “pone en peligro la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011”, y exigen a los legisladores que reorienten los esfuerzos legislativos en la materia “para profundizar y ampliar los derechos de nuestro bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, que reconoce a todas las personas en México”. El documento, firmado por más de 70 organizaciones de 21 estados del país, agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), puntualiza que “la redacción actual del Artículo 1º Constitucional debe ser motivo de orgullo, pues nos pone a la vanguardia en el plano internacional y nos permite avanzar hacia la vigencia de los derechos humanos, así como en la consolidación del Estado de derecho”.