XALAPA, Ver. (apro).- El presidente del Poder Judicial en el estado, Alberto Sosa Hernández, anunció que la aprobación del sistema de pensiones para los 44 magistrados de la entidad es un “primer paso” en la reforma en la materia. En una segunda etapa, dijo, se buscará incluir en esta prestación a cada uno de los jueces del sistema judicial estatal. Sosa Hernández descartó en rueda de prensa “presiones” o “acuerdos políticos” para aprobar los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitirán entregar a los magistrados un “haber de retiro” de 70% de sus percepciones salariales, además de su jubilación respectiva por parte del Instituto de Pensiones del Estado. “Es una jubilación digna. No sabemos si somos los mejores pagados del país, pero reconozco que es una jubilación digna para los 44 magistrados que hay en el Tribunal”, atajó Alberto Sosa. Sobre las críticas contra esas “jugosas prestaciones”, el magistrado comentó que el recibir una cifra mayor a los 125 mil pesos, una vez que se concluya la carrera judicial, es una pensión decorosa. Y agregó: “Cada quien recibe en la vida lo que le corresponde”. Más aún, señaló que buscarán que en la medida de lo posible estos beneficios incluyan a todo el personal del Poder Judicial, como son los jueces, secretarios de acuerdos, proyectistas, actuarios, defensores de oficio y secretarias, aunque reconoció que no será una tarea fácil ni rápida. El también presidente del Tribunal Superior de Justicia agradeció la voluntad del gobernador Javier Duarte y del Legislativo para dictaminar un sistema complementario de pensiones, compensaciones por las que los magistrados venían pugnando desde hace siete años. Sosa Hernández agregó que cada uno de los 44 magistrados decidirá por voluntad propia cuándo es el momento preciso para solicitar su retiro del servicio judicial. “Esto es un derecho, será decisión de ellos hacer uso del beneficio, no creo que se dé un hecho de este tipo (desbandada de magistrados). Desconozco cuántos de mis compañeros podrían pedir su jubilación, ya que hasta el momento no se ha recibido ninguna petición”, agregó. También aclaró que el Poder Judicial, de sus propios recursos, dispondrá de una inversión inicial de 10 millones de pesos para proceder a jubilar al magistrado que así lo crea pertinente. Además, restó importancia al voto en contra que 11 legisladores panistas dieron ayer en el Congreso local a este sistema complementario de pensiones. “Estamos en un país y en un estado en donde hay democracia. No podemos coartar la opinión de nadie". Mientras tanto, las enmiendas y modificaciones al Código de Procedimientos Penales, así como las adecuaciones para el Sistema Acusatorio Adversarial (juicios orales), aún se continúan analizando en la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.