MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos humanos celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó la inmediata liberación de la francesa Florence Cassez, después de siete años en prisión acusada de secuestro y participar en actos delictivos con la banda El Zodiaco. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O. P., la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) elaboraron un documento para festejar la decisión de los magistrados de otorgarle un amparo “liso y llano” a Cassez, porque, aseguraron, las autoridades mexicanas violaron sus garantías individuales cuando la detuvieron por medio de un montaje. En opinión de las ONG, el juicio contra la francesa “se contaminó” cuando las autoridades no pusieron a la detenida a disposición del Ministerio Público de forma inmediata ni notificaron del hecho al Consulado francés. La directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Rocío Culebro, consideró que la decisión de la SCJN “sienta un muy relevante precedente para garantizar la vigencia del debido proceso en México”. A su vez, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, consideró que “esta decisión debe de propiciar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas”. Asimismo, demandó que se investigue y sanciones a los responsables, tanto a los delincuentes como a los funcionarios públicos, para que estos hechos no permanezcan en la impunidad. En su oportunidad, el director del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Octavio Amezcua, aclaró que la Suprema Corte no discutió sobre la inocencia o culpabilidad de Florence, sino sobre los vicios del proceso que vulneraron los derechos de la detenida. “Ha sido muy claro cómo el montaje televisivo y los testimonios vertidos en la averiguación invalidaron la presunción de inocencia y violentaron el debido proceso”. Para las organizaciones que firman el comunicado, la decisión de la SCJN fortalece el estado de derecho y la justicia en México. “Hoy, la Suprema Corte refrendó el compromiso con la justicia al hacer coincidir los principios que rigen nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, la decisión de la SCJN es congruente con el principio pro persona consagrado en el artículo 1 constitucional y las resoluciones de este tribunal como en el caso Rosendo Radilla”, citaron en su comunicado.