MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones de derechos humanos reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto que a casi dos meses de asumir el poder, no haya emitido pronunciamiento alguno sobre el seguimiento que dará su administración a los fallos contra México emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en especial aquellos en los que están involucrados miembros de las fuerzas armadas y que no fueron cumplidos en su totalidad durante el sexenio de Felipe Calderón. En una carta, decenas de agrupaciones nacionales e internacional le recuerdan al mexiquense que aún están pendientes de cumplirse las sentencias a favor de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, agredidas sexualmente como método de tortura en 2002; de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, infringidos en 1999 por soldados que les fabricaron delitos graves, y de Rosendo Radilla, desaparecido por militares durante la llamada guerra sucia, en 1974. En el documento, Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Association for Women Right´s in Development y Artículo 19, puntualizan su preocupación por el acatamiento de las sentencias de las dos mujeres indígenas, quienes resultaron víctimas “en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violación institucional castrense”. Ante una eventual reunión con víctimas y representantes de cada uno de los casos litigados en el máximo tribunal regional, las organizaciones que han acompañado a ambas mujeres desde hace 11 años en su exigencia de verdad y justicia, exhortaron a Peña Nieto a convertir en realidad el cumplimiento de ambas sentencias, al igual que el resto de los fallos. “Conociendo de cerca el rezago que impera, urgimos a que la atención de este tema se convierta en un asunto prioritario, a través del cual se complemente la agenda de derechos humanos del gobierno federal”. Añade: “Lo mismo debe ocurrir respecto de otras sentencias dictadas por la CoIDH que hoy permanecen incumplidas, máxime considerando que varias de ellas comparten elementos comunes, como la sanción a los abusos castrense y la restricción del fuero militar”. Los firmantes recuerdan que “desde la notificación de las sentencias, la coordinación del proceso de implementación ha recaído en la Secretaría de Gobernación, concretamente en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos”, encabezada por la expanista Lía Limón García. Hasta ahora “no se ha realizado ningún pronunciamiento sobre la relevancia que esta nueva administración dará al cumplimiento pleno de los fallos”, reprochan las agrupaciones. Sobre eventuales reuniones para tratar los fallos, las organizaciones que respaldan a las mujeres indígenas agraviadas y beneficiadas por las sentencias de la Corte Interamericana instaron a Peña Nieto a que “se establezca una ruta bien definida en el diálogo con las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”. Y subrayan que desde que fueron agredidas, las mujeres indígenas “emprendieron un largo y ejemplar caminar” que evidenció que en México “existen graves rezagos para que las mujeres víctimas de la violencia sexual accedan a la justicia”. De igual manera, señalan que persiste la discriminación en contra de los pueblos y comunidades indígenas, y los abusos ocasionados por la ausencia de controles civiles sobre las fuerzas armadas. De acuerdo con el documento, una vez que las mujeres obtuvieron fallos favorables por parte del tribunal regional, “emprendieron una nueva etapa para demandar el cumplimiento pleno de las medidas de reparación de daño ordenadas por la Corte Interamericana, que comprenden aspectos de carácter individual, familiar, comunitario y de no repetición”. Tras destacar que entre los principales puntos de la sentencia está el acceso a la justicia, advierten que la administración federal anterior “culminó sin que la totalidad de estas medidas hayan sido cumplidas y sin que se haya sancionado a los perpetradores”. Luego de insistir en el cumplimiento pleno de las sentencias, los firmantes aseguran que darán seguimiento a las acciones que emprenda el gobierno de Peña Nieto, en particular sobre las sentencias de las indígenas guerrerenses, a quienes, apuntan, seguirán “acompañando hasta que su denuncia concluya en verdad, justicia y reparación”. La misiva también está firmada por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez –que representaron a Inés Fernández y Valentina Rosendo, a la familia de Rosendo Radilla y a los campesinos ecologistas– y las 73 agrupaciones de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos (RED TDT).