MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) coincidieron en señalar que los errores cometidos en el proceso judicial contra la francesa Florence Cassez pueden abrir el camino a una nueva averiguación y derivar en sanciones para los responsables. El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam señaló que “del cierre del caso se podrá derivar alguna averiguación” y sostuvo que los malos manejos en la investigación podrían constituir un delito. En conferencia de prensa que ofreció en Bahía de Banderas Nayarit, luego de participar en la reunión plenaria de los senadores del PRI-PVEM, Murillo Karam destacó que el caso de Florence Cassez, lastima a la sociedad, por lo que no debe volver a repetirse un hecho similar. "Esta es la mejor llamada de atención a quienes impartimos justicia y a quienes están encargados de la seguridad para que esto no vuelva a repetirse. Corregir errores significa hacer justicia, vamos a ver que esto no se vuelva a repetir porque sí lastima", dijo. Añadió que la PGR hará lo necesario para que un caso como este no vuelva a suceder porque sí lastima. “No sé si sea o no culpable, (Florence) no me toca decirlo, y no lo dijeron los jueces, pero lástima. Lástima que no podamos llegar a la verdad legal, derivada de un muy mal manejo en parte de la investigación. Me toca ver --con la claridad que acostumbro--, si ese mal manejo es producto de una actitud que pudiera constituir un delito", apuntó. Agregó que aunque el caso de Florence está cerrado, el resto de las indagatorias vinculadas al caso siguen abiertas e incluso podrían ampliarse. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien también estuvo presente en la reunión plenaria, afirmó que se revisarán procedimientos judiciales para que no vuelva a repetirse lo que sucedió con el caso de Florence Cassez. Sin embargo, indicó que en este momento no trabajan en fincar responsabilidades al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna u otras autoridades de la pasada administración implicadas en las irregularidades que permitieron la liberación de la ciudadana francesa. Para que ello suceda, dijo, debe haber una acusación oficial de por medio. “En cuanto haya un señalamiento público, oficial, nosotros también haremos la investigación correspondiente para entrar en proceso respecto a lo que sucedió ayer con la determinación de la Suprema Corte” que otorgó un amparo liso y llano a Cassez tras concluir que se violó su derecho al debido proceso. Se le preguntó entonces si en caso de que haya una denuncia se actuará contra García Luna y Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal a quien se le atribuye la autoría del montaje de la aprehensión de Cassez y su exnovio Israel Vallarta. Osorio Chong se limitó a contestar: “Haremos lo que nos corresponda en la investigación respecto si hay responsables o no”. La instrucción que recibió del presidente Enrique Peña Nieto, añadió, es que se revisen los procedimientos para que no se vuelva a repetir un caso similar. Adelantó que establecerán protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad con la finalidad de que “les permitan manejarse con reglas bien determinas para el uso de la fuerza pública y no interfieran con el proceso judicial”. Por separado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, se pronunció por investigar y sancionar a quienes realizaron el montaje que causó la liberación de la francesa. "Debe haber alguna investigación porque a propósito de llevar ante la justicia pruebas ilícitas, como fueron calificadas por la Suprema Corte de Justicia, se propició un enjuiciamiento indebido en contra de esta persona (Cassez) y se resolvió otorgarle la libertad y esto es un actuar indebido por parte de funcionarios públicos responsables que tienen que ser investigados y por supuesto sancionados", afirmó en entrevista con Radio Red. Indicó que con fallos como el que se dio en el caso de Florence, las víctimas sufren las consecuencias de una justicia que no logra acreditar debidamente las responsabilidades de quienes cometieron un delito y por fallas procedimentales propicia la libertad de los delincuentes. En ese sentido, consideró que el caso abre la puerta “para un nuevo debate y una nueva orientación de la justicia en donde quede muy claro a la autoridad encargada de investigar los delitos, que cualquier falla que cometan va a beneficiar al delincuente y va lastimar de nueva cuenta a las víctimas".