PUEBLA, Pue. (apro).- El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana Puebla, pidió al gobierno del estado garantizar la seguridad de defensores de derechos humanos y ambientalistas, así como de habitantes de la comunidad del municipio de Olintla que han cuestionado la construcción de una hidroeléctrica del Grupo México en la cuenca del río Ajajalpan. La petición fue hecha luego de que el pasado sábado, 26 integrantes del Consejo en Defensa de la Tierra Tiyat Tlali y alrededor de 40 habitantes de ese municipio fueron hostigados, retenidos contra su voluntad y expulsados por otro grupo de pobladores, dirigidos por el alcalde Héctor Arroyo Bonilla, que han constituido un Frente Cívico a Favor de la Construcción de la Hidroeléctrica. El Instituto solicitó que el gobernador Rafael Moreno Valle reciba en audiencia pública al Consejo Tiyat Tlali para que informe y explique el convenio ­firmado con Grupo México y dé razones por las cuales se brindan “facilidades” a la empresa en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla. También pidió condiciones mínimas y necesarias para que se establezca un diálogo entre las partes involucradas; se garantice la integridad física, psicológica y moral, así como la libertad de tránsito de los activistas, defensoras de derechos humanos y ambientalistas; y se garanticen las condiciones para que continúen con las reuniones informativas y de trabajo dentro y fuera del municipio. Óscar Castro Soto, director del IDHIE, mencionó que los integrantes del Consejo Tiyat Tlali habían acudido a la comunidad de Ignacio Zaragoza, enclavada en la Sierra Norte de Puebla, para realizar una asamblea informativa y entablar una mesa de diálogo con autoridades y representantes del Grupo México en relación con el proyecto de construir una hidroeléctrica en ese lugar. “En dicha reunión no se lograron los acuerdos esperados, por lo que el Consejo Tiyat Tlali, y personas opositoras (al proyecto) decidieron retirarse de la reunión ante la falta de apertura al diálogo”, explicó. “La situación provocó mayor tensión entre las partes”, agregó,  “y alrededor de las 17:30 horas (del sábado) los integrantes del Consejo, se dirigieron a la salida de la comunidad, cuando un grupo de personas les cerró el paso, impidiéndoles el libre tránsito”. Soto señaló que integrantes del Consejo Tiyat Tlali mantuvieron comunicación con autoridades municipales y estatales a fin de pedirles su intervención en conflicto y establecer condiciones para que los dejaran salir con garantías a su integridad física y psicológica, así como para evitar futuras represalias hacia los habitantes de Olintla que participan en el movimiento. De acuerdo con información de los activistas, habitantes de la cabecera municipal de Olintla fueron llevados hasta la localidad de Ignacio Zaragoza por el presidente municipal para hostigar y amedrentar a los habitantes que han expresado su rechazo a la construcción de la presa. Además, Rafael Sevilla Zapata, del Consejo en Defensa de la Tierra Tiyat Tlali, contó que para que los dejaran salir de esa comunidad, los integrantes del Frente a Favor de la Hidroeléctrica, les exigían que cada uno firmara un documento donde se comprometían a no regresar nunca más a ese municipio. Incluso, medios informativos locales reseñaron que entre la turba dirigida por el alcalde había personas que ingerían bebidas alcohólicas y que amenazaban con golpear y atacar a los opositores. De acuerdo con esto, esas personas colocaron cadenas y candados e hicieron “pintas” en las puertas de la Casa Misión de las Monjas Carmelitas, quienes a través de la Pastoral Social han apoyado el movimiento de resistencia contra la hidroeléctrica. Aunque alrededor de la media noche del sábado, las autoridades les comunicaron que podían irse del pueblo, los activistas optaron por quedarse, ya que les pedían como condición firmar ese documento, pero además porque consideraron que no había condiciones para garantizar la seguridad de las personas que habitan en la comunidad. Fue hasta las 5 de la tarde del domingo que los activistas fueron sacados de Ignacio Zaragoza en patrullas para salvaguardar su seguridad. El 5 de diciembre pasado, unos 120 lugareños de esa comunidad habitada principalmente por indígenas totonacas tomaron una máquina bulldoser que ingresó a terrenos de su propiedad para empezar la construcción de un camino que sería punta de lanza para arrancar con la hidroeléctrica en los municipios serranos de Olintla y Bienvenido. Desde entonces, los organismos defensores de derechos humanos de Puebla han pedido a las autoridades que garanticen la seguridad de los habitantes que se oponen al proyecto, luego del hostigamiento que el alcalde y representantes del gobierno estatal han lanzado en su contra. El Consejo Tiyat Tlali está conformado por el Centro de Operación y Vivienda y Poblamiento, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, la Unión Indígena Totonca Nahua, la Universidad de la Tierra Puebla, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, y el Centro de Estudios Ecuménicos, entre otras agrupaciones. Sevilla Zapata señaló que en la reunión que tuvieron el sábado con el presidente municipal y con un representante de la empresa quedó en evidencia la inconsistencia del proyecto, pues no existe información sobre el tamaño y características de la presa, así como de las medidas que se  tomarán para mitigar los daños ecológicos. También, agregó, quedó claro que la Presidencia Municipal trabaja a favor de la empresa, sin importar los intereses de  la comunidad. Israel Sampedro, de la Red de Derechos Humanos de Puebla, cuestionó también la participación del gobierno del estado en este conflicto, pues aunque habían alertado a las autoridades desde la tarde del sábado que los tenían retenidos, ese mismo día, a la media noche, se emitió un boletín del gobierno estatal en el que responsabilizaban a los activistas del conflicto. Castro Soto recordó que como antecedentes de este caso existe la averiguación Previa 9090/2012-ZAC y la queja ante derechos humanos con el número 13528/212-C, en las que habitantes de Olintla denuncian amenazas y abuso de poder del presidente municipal Héctor Arroyo Bonilla y al delegado de la Secretaría General de Gobierno, David Díaz Vázquez.