Sobrevivientes de la masacre de El Charco piden justicia a la CIDH

MÉXICO, D.F. (apro).- Sobrevivientes de la masacre de El Charco, Guerrero, atribuida a tropas del Ejército, urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a admitir el caso y declarar responsable al Estado mexicano por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de 11 personas y la detención arbitraria y tortura de 22 más en 1998.

En conferencia de prensa, Ernesto Rodríguez, de la Red Solidaria Década contra la Impunidad; Israel San Pedro, de la Red de Defensa de Derechos Humanos, y Ericka Zamora Pardo, representante de los sobrevivientes de la masacre, aseguraron que los responsables directos de los hechos ocurridos el 7 de junio de 1998 en el municipio de Ayutla, son los generales Luis Humberto López Portillo, y Juan Alfredo Garnica Oropeza, excomandantes de la IX Región Militar y de la 27 Zona Militar, respectivamente.

Asimismo, informaron que el pasado 16 de enero se presentó ante la CIDH un amicus curiae para que el caso sea admitido por ese órgano de la OEA, y reconocieron que el gobierno de Enrique Peña Nieto podría prolongar la admisión del caso, debido a que los hechos ocurrieron durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, el último priista que precedió a los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.

“Estamos conscientes de que ahora que regresó el PRI (a Los Pinos) podrían ponernos zancadillas a nivel federal y estatal para que el asunto no progrese, sin embargo, tenemos mucha confianza en que el caso avance y sea admitido por la CIDH porque se trata de hechos muy graves que merecen ser investigados, sancionados y que no deben repetirse nunca”, enfatizó Ernesto Rodríguez.

Zamora Pardo, sobreviviente de la masacre, quien fue sometida a un proceso penal acusada de formar parte del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), detalló que el documento presentado a la CIDH el pasado 16 de enero es enfático en demandar una investigación efectiva sobre la actuación de los generales López Portillo y Oropeza Garnica, ambos señalados como violadores de derechos humanos de militantes de grupos guerrilleros.

El primero, dijo,  fue señalado por militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de ordenar ejecuciones extrajudiciales en Chiapas y el segundo por la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez,  militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en mayo de 2007.

El documento fue firmado por el creador de la Teología de la Liberación, Fray Gustavo Gutiérrez; los teólogos Jon Sobrino y Jesús Espejo; el provincial de la orden de los jesuitas, Carlos Morfín Otero, y la teóloga anglicana Emile Smith.

El amicus curiae también está firmado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Sindicato Mexicano de Telefonistas, la cantante Susana Harp y la delegada de Magdalena Contreras, Leticia Quezada.

Por otra parte, Ericka Zamora se refirió al surgimiento de los grupos de autodefensa en la región de la Costa Chica de Guerrero.

“Ha sido un secreto a voces que en la región el crimen organizado se le ha vinculado con autoridades, corporaciones policíacas y hasta militares para agredir a las organizaciones sociales indígenas y de derechos humanos, en particular a la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”, dijo Zamora Pardo, quien mantiene relación permanente con las organizaciones indígenas de Guerrero.

Recordó que como parte de la estrategia por amedrentar a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en su lucha por encontrar justicia tras haber sido víctimas de violación por parte de soldados en 2002, “el hermano de Inés (Lorenzo) fue asesinado presuntamente por miembros del crimen organizado”.

“Aun cuando en esta movilización ciudadana no se está pugnando por la autonomía de los pueblos indígenas, sí es un precedente de organización ciudadana, así como de la desconfianza que los pueblos tienen de las autoridades civiles y militares”, agregó Zamora.

Israel San Pedro apuntó el surgimiento de grupos de autodefensa, “es un llamado de atención de que la autoridades no están cumpliendo con su deber de garantizar la seguridad a la ciudadanía, y que se está dejando a los ciudadanos a enfrentarse al crimen organizado”.

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