MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles solicitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) un reporte pormenorizado del gasto ejercido el año pasado en el programa de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Según la dependencia federal, ese mecanismo cuenta actualmente con 40 millones de pesos y para este año fueron presupuestados 129 millones más, aunque todavía no caen en las arcas del fideicomiso “por razones administrativas”. Tras la petición de las organizaciones civiles, la Segob se comprometió a transparentar la información relacionada con el mecanismo pero adelantó que no es exacta la información difundida en días pasados en el sentido de que los recursos del programa ascienden a más de 200 millones de pesos. “Lo que está pendiente es determinar cuáles serán las reglas de operación del fideicomiso de este mecanismo de protección; pedimos que haya representantes de periodistas y defensores, no sólo de funcionarios públicos”, indicó Édgar Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, representante de la sociedad civil en la junta de gobierno del programa. Cortez destacó la importancia de que en el reparto de los recursos destinados a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos se tome en cuenta la opinión de los grupos civiles. “La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Lía Limón, ofreció absoluta apertura para que podamos tener acceso a estas revisiones y a esta información del mecanismo”, señaló Cortez en entrevista al término de la sesión realizada la tarde-noche del martes en el Palacio de Covián. De acuerdo con el activista, en la reunión también se revisó el estatus de solicitudes de apoyo gubernamental e indicó que alrededor de 30 personas lo han solicitado. Hizo énfasis en que el acceso al programa no es fácil e inmediato, es decir, no atiende emergencias  que pongan en riesgo la integridad de comunicadores y defensores de garantías básicas, ni siquiera hay una línea telefónica que brinde servicio las 24 horas o algún mecanismo similar para reportar emergencias o casos extremos. De las 30 solicitudes ya presentadas, Cortez refirió que una tercera parte ya recibieron algún tipo de apoyo, luego de que el Consejo de Evaluación revisó cada caso para determinar la magnitud de las medidas cautelares. La Junta de Gobierno del mecanismo es presidida por la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob y también participan representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por cada sociedad civil hay dos periodistas y dos defensores de derechos humanos. Según Cortez, durante la segunda sesión Lía Limón “mostró apertura y buena disposición” hacia la transparencia y observación de la sociedad civil en las reglas de operación del mecanismo y del fideicomiso en particular.