MÉXICO, D.F. (apro).- Durante 2012, la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Genaro García Luna, se negó a aceptar las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reveló el titular del organismo, Raúl Plascencia Villanueva. En particular, señaló el ombudsman nacional, la dependencia rechazó las recomendaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, y tampoco envío la documentación sobre el conflicto en el que perdieron la vida dos estudiantes de la escuela Normal Rural de esa localidad. Al rendir su informe anual ante la Comisión Permanente, Plascencia Villanueva señaló que si bien ha habido avances en los últimos años en la materia, “han reaparecido violaciones que se creían desterradas y que es urgente corregir”. También enfatizó que los cuerpos de seguridad pública deben ser los primeros en observar las leyes; “de lo contrario, no sólo no se incumple con la función para la cual existen, sino que se alimenta y fomenta el crecimiento de los grupos criminales y se vuelve generadora de la violencia que en realidad debería combatir”. Luego añadió que casos como las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos y degradantes, la tortura, los cateos y detenciones ilegales, en su mayoría están vinculados con la actuación de las instancias de seguridad pública. En su comparecencia, el ombudsman informó que durante 2012 la CNDH emitió 93 recomendaciones a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno. Además, destacó que 35% de las 93 recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos fueron remitidas a las secretarías de Seguridad Pública federal (SSP), Defensa Nacional (Sedena), Marina, Gobernación e Instituto Nacional de Migración (INM) por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura, violaciones sexuales contra menores de edad, cateos y retenciones ilegales, detenciones arbitrarias e incomunicación. La Sedena ocupó el primer lugar en recomendaciones el año pasado con 15; en segundo lugar está la SSP federal, con nueve, le siguió la Marina con seis, el INM con dos, y Gobernación con una. Sin embargo, la SSP de García Luna destacó entre las dependencias que, según el titular de la CNDH, se negaron a aceptar las recomendaciones. Además de la SSP, el gobierno de Sonora, los ayuntamientos de Charcas, Salinas de Hidalgo, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos, en San Luis Potosí, y el ayuntamiento de El Salto, en el estado de Jalisco, también rechazaron las sugerencias de la CNDH. Plascencia Villanueva dijo que durante 2012 el organismo recibió 41 mil 662 escritos de queja y prestó 371 mil 522 servicios, lo que representó “un aumento significativo” en la atención a la sociedad en general. En cuanto a las dependencias más señaladas por violación a los derechos humanos mencionó, en ese orden, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sedena, Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la entonces SSP federal y Comisión Federal de Electricidad (CFE). También la Secretaría de Educación Pública (SEP), Policía Federal (PF), Procuraduría General de la República (PGR), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), INM y Secretaría de Marina (Semar). Según el ombudsman nacional, el organismo resolvió 4 mil 781 asuntos, en los que la autoridad aceptó la responsabilidad sobre violaciones a los derechos humanos y adoptó “medidas eficaces” para su reparación.