Del IFE al Prife…

La autonomía real del Instituto Federal Electoral y los principios rectores que lo norman han vuelto a quedar en duda por dos noticias que dejaron estupefacta a la opinión pública: la resolución emitida por el Consejo General el 23 de enero, en la cual se exonera al PRI de su responsabilidad en el llamado Monexgate, y el proyecto de dictamen de la Unidad de Fiscalización, que señala que sólo la coalición Movimiento Progresista rebasó el tope de campaña (el Consejo General decidió postergar la discusión de este informe para la próxima semana).

En ambos casos se manifiesta la intención de exonerar a la coalición Compromiso por México de las irregularidades cometidas durante el proceso comicial con el fin de aparentar que la victoria del presidente Enrique Peña Nieto en las urnas fue resultado de una elección impoluta. En ese mismo sentido fue dictada la sentencia inatacable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la declaratoria de validez de la elección presidencial y de presidente electo el 31 de agosto de 2012. Al parecer, se pretende borrar cualquier falta que pudiera manchar la pureza de una elección imaginaria que los asesores presidenciales se empeñan en convertir en realidad histórica con el aval de las autoridades electorales.

Tal osadía implica una buena dosis de pensamiento mágico, que me remite a los hechiceros descritos por James Frazer en La rama dorada: “No es que el hechicero sea siempre un impostor y un bribón, pero cuanto más sagaz sea, más fácilmente percibirá las falacias que impone a los tontos. De esta manera, los más habilidosos miembros de la profesión tienden a convertirse en impostores más o menos conscientes, y es lógico que estos hombres, en virtud de su habilidad superior, lleguen a ocupar la cúspide y a conquistar para ellos mismos las posiciones de mayor dignidad y autoridad”.

Nuestros hechiceros electorales atentan no sólo contra la inteligencia de los ciudadanos sino contra el principio de certeza que debe normar a las instituciones que representan. El intento por desaparecer mediante actos de prestidigitación jurídica y contable la evidencia de un amasijo financiero conformado por las empresas fantasma Efra-Alkino-Atama-Inizzio, o de esfumar el origen y destino del dinero de los monederos Monex utilizados por la coalición PRI-Verde, supone confiar demasiado en la credulidad de la sociedad mexicana. El ocultamiento y la tergiversación de cifras y hechos expresados en un fárrago de fojas no basta para negar evidencias palpables; lo único que se consigue es erosionar aún más la deteriorada credibilidad del IFE. Si lo que se busca es crear una mayor legitimidad, se logra el efecto contrario.

De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución y el 109 del Cofipe, el Instituto Electoral debe regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Sus procesos de deliberación y toma de decisiones deben darse con “total independencia respecto a cualquier poder establecido”, supeditando cualquier interés personal o preferencia política “a los valores fundamentales de la democracia y al interés de la sociedad”, lo cual exige que los consejeros desempeñen su función “con autonomía y probidad”.

La realidad dista mucho de esos preceptos jurídicos y de moral pública. En los hechos, el IFE opera como una casa de la partidocracia, debido principalmente a que la designación de los consejeros electorales se realiza en el Congreso, donde casi siempre ha operado un criterio de cuotas que ha permitido a los tres principales partidos políticos escoger a personas afines a sus intereses, así carezcan de la capacidad, experiencia y solidez ética requeridas para el cargo. Ello vulnera gravemente la autonomía constitucional de la que goza el instituto desde 1996.

Considerar al IFE como casa de la partidocracia se sustenta en una investigación empírica realizada durante 18 años por Federico Estévez, Eric Magar y Guillermo Rosas. En ella se analiza el voto de cada uno de los consejeros electorales durante todas las sesiones del Consejo General del instituto, entre 1996 y 2012, y se demuestra que la mayoría de ellos tienen una filiación partidaria, reflejada en sus votaciones en el Consejo General. De acuerdo con los autores, esa es la clave del “éxito” del IFE, y es “fuente de eficiencia política y confianza popular”, siempre y cuando se cumpla con una condición ineludible: que los tres partidos estén representados en el Consejo General. Dicha condición se rompió en octubre de 2003, cuando se excluyó a la izquierda en la conformación de ese Consejo, lo cual causó una grave disfunción dentro del instituto que dio lugar a la crisis de 2006-2007.

Sin menospreciar la utilidad y el rigor metodológico del citado estudio, pienso que no se debe desdeñar el aspecto normativo del funcionamiento del IFE. Es indispensable exigir el cumplimiento del mandato constitucional a los consejeros electorales: es su deber jurídico y político proceder con independencia e imparcialidad inequívocas en su actuación, especialmente al momento de emitir su voto en las sesiones del Consejo General. Los consejeros electorales están obligados a responder única y exclusivamente al imperio de ley, por encima de cualquier interés personal o partidario. A esto se debe que ellos sean los únicos con derecho a voto dentro del Consejo, a diferencia de los representantes de los partidos políticos y de los consejeros del Poder Legislativo, que cuentan sólo con derecho a voz, no a voto.

Haber exculpado al PRI de responsabilidad en el caso Monex daña gravemente la credibilidad del IFE y la institucionalidad democrática del país. Fue una buena decisión haber postergado la discusión acerca del dictamen elaborado por la Unidad de Fiscalización, que pretende convencer a los consejeros electorales y a la ciudadanía de que la coalición Compromiso por México tampoco rebasó el tope de campaña. El miércoles 6 de febrero sabremos si el nuevo acrónimo de la máxima institución administrativa en materia electoral será: Prife.

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