El cascajo, a los resumideros

El paisaje de San Miguel Totolapan, ejido enclavado en la delegación Magdalena Contreras, está dominado por formaciones montañosas, laderas escarpadas y cañadas por las que escurren innumerables arroyos. Son dos mil 303 hectáreas de terreno, de las cuales mil 700 son de bosques templados.

La zona representa una importante fuente de oxígeno para los casi nueve millones de habitantes de la Ciudad de México, pero una parte conocida como Los Resumideros se encuentra amenazada por el establecimiento de asentamientos humanos irregulares y por la práctica excesiva de tiro de cascajo tolerada por algunos ejidatarios y autoridades del Distrito Federal.

Un grupo de ejidatarios encabezados por Trinidad Eslava Guevara, Gerardo Camacho Molina y Tomás Margarito de la Rosa, presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal de San Nicolás Totolapan, respectivamente, iniciaron la defensa de la zona desde 2011 y a la fecha no han obtenido una respuesta.

En un lapso de más de dos años han interpuesto diversas denuncias ante la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del D.F. y  la  Fiscalía  de  Delitos Ambientales en el D.F., por la presunta comisión de delitos ambientales de algunos ejidatarios o personas que dicen ser propietarios de terrenos y en no pocos casos con la complicidad de algunas autoridades.

El 21 de septiembre de 2012 la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental (DEVA) Centro Regional 2, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), ejidatarios de San Nicolás Totolapan y personal de la Dirección de Conservación y Restauración de Recursos Naturales realizaron un recorrido por la zona conocida como los Resumideros, ubicada dentro de la Microcuenca “Arroyo Regaderas Viborillas” para realizar un dictamen de impacto ambiental.

Esa zona se caracterizaba por el predominio de árboles de pino, encino, oyamel y madroño, gramíneas, plantas y arbustos de composición florística y alturas variables, así como especies protegidas y endémicas como la víbora de cascabel de bandas y cascabel hocico de puerco.

Lo que hallaron poco tenía que ver con el paisaje descrito: de los 35 mil 565 metros cuadrados de terreno de Los Resumideros, 26 mil 312 están afectados con depósitos de tierra y cascajo, de vehículos chatarra y  asentamientos humanos irregulares.

Sin embargo, los ejidatarios atribuyen a una de las controvertidas obras de la administración de Marcelo Ebrard Casaubón la devastación de sus bosques: la Supervía.

En sus múltiples denuncias afirman que la mayor parte del cascajo y tierra depositados de forma ilegal en la zona, fue llevada de la obra de construcción de la Supervía.

Además documentaron con fotografías y recibos proporcionados por conductores de los camiones de tiro de cascajo, que el material era transportado en camiones de volteo con los logotipos: Vía-Rápida-Poetas y Sindicato-1058-Libertad.

Los ejidatarios afirman que Ebrard fue incongruente durante su mandato pues en distintas declaraciones y foros nacionales e internacionales aseguró que se realizaron acciones de mitigación por los daños ocasionados por la construcción de la Supervía.

Lo cierto es que un dictamen elaborado por la Dirección de Conservación y Restauración de Recursos Naturales (DCRRN) en diciembre de 2012 en la zona afectada, señala que hay 105 mil 248 metros cúbicos de tierra y cascajo en los Resumideros.

La normativa Forestal de Protección Especial (FPE) señala que las actividades de tiro de residuos sólidos y de la construcción, el confinamiento y procesamiento de desechos orgánicos e inorgánicos, así como las obras o construcciones con fines habitacionales “están prohibidas”.

Además están tipificadas como faltas y delitos ambientales en la Ley Ambiental y el Código Penal del Distrito Federal.

El dictamen de impacto ambiental da cuenta de la gravedad del asunto:

Pérdida de cobertura vegetal en toda la superficie citada, afectación a la comunidad florística de la zona, estrangulamiento de árboles, daño a las poblaciones de especies de fauna, pérdida de refugios de fauna y de hábitat, compactación y contaminación del suelo.

Además, erosión, disminución de infiltración de agua al subsuelo, contaminación del agua que llega a infiltrarse al subsuelo, liberación de partículas contaminantes, contaminación visual y pérdida de la fisonomía del paisaje.

El dictamen también alude a “focos de infección por drenajes a cielo abierto, cambio de vocación natural del suelo por el fomento de establecimientos de asentamientos humanos, generación de ruido, pérdida de servicios ambientales (captura de carbono, retención de partículas  contaminantes,  amortiguamiento de ruido, pérdida de humedad) e incremento de riesgo de incendios forestales”.

Evaluado el daño, se planteó la estrategia y los tiempos para resarcirlo.

El retiro de construcciones, vehículos y cascajo, así como el rescate del arbolado debían hacerse de “inmediato”, mientras que el restablecimiento de las topoformas y el sustrato se harían en el mediano plazo, es decir dentro del margen de dos a tres años y la revegetación se llevaría a cabo en el largo plazo, es decir dentro de los cuatro o cinco años siguientes.

El dictamen que estuvo a cargo del biólogo Rubén Rojas fue resultado de la insistencia de los ejidatarios y de incontables oficios de denuncias interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de la PGJDF y la DEVA, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente.

Incluso lograron que la exsecretaria de Medio Ambiente, Martha Delgado, los recibiera y se comprometiera a resolver la situación.

En una ríspida reunión en sus oficinas del Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico, unas tres semanas antes de concluir su encargo, la funcionaria se comprometió a dejar “completamente limpia” la zona de los Resumideros y apoyar para iniciar los trabajos en otras zonas afectadas como la conocida como Las Calaveras.

Los acuerdos a los que llegaron los ejidatarios con Martha Delgado quedaron plasmados, a solicitud de los primeros, en una minuta, que les fue entregada pero sin firma o sello alguno que lo hiciera oficial.

Los trabajos de retiro de cascajo en los resumideros empezaron tal y como lo prometió la entonces secretaria de Medio Ambiente pero a finales de noviembre los trabajos se suspendieron.

Según estimaciones de los ejidatarios sólo se retiró entre el 20 y 25% del material depositado y el resto permanece hasta ahora.

El resto de las acciones planteadas en el dictamen de la DCRRN, como el retiro de los vehículos y los asentamientos irregulares ni siquiera se han emprendido y otras como la revegetación y reforestación con especies nativas no pueden iniciar hasta que se limpie la zona.

A pesar de algunas amenazas que han recibido por ejidatarios que se dicen dueños de los terrenos que han sido rellenados con tierra y cascajo, la actual administración ejidal busca que las nuevas autoridades den seguimiento a sus solicitudes.

Han girado oficios para solicitar audiencia con Tanya Müller García, nueva Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, pero a la fecha no han recibido respuesta.

Comentarios

Load More