MÉXICO, D.F. (apro).- El abogado Luis Fernando López Capella, quien conduce la defensa del general Roberto Dawe, acudió esta mañana a la Procuraduría General de la República (PGR) para responder por una investigación abierta en su contra, relacionada con el delito de enriquecimiento ilícito por 151 mil 417 pesos. “Se trata de un delito que ya prescribió, pero acudiré porque no tengo nada que esconder”, dijo el abogado minutos antes de ingresar a las instalaciones de la PGR para rendir su declaración. De acuerdo con el litigante, la denuncia en su contra deriva de una represalia por defender al general Dawe –sujeto a proceso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado– y exhibir la injusticia que se cometió en su agravio. Según la averiguación previa 018/SECCCI/05, iniciada en la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción, López Capella es investigado por un presunto ilícito que data de hace 10 años, cuando era fiscal de investigación en delitos contra la salud. La demanda en contra del penalista se presentó en 2005, pese a que en 2003 dejó el cargo de fiscal. “Es un delito que ya prescribió, se trata de algo ilógico y de una cantidad ridícula si se toman en cuenta los ingresos que tenía (97 mil pesos mensuales más un bono de riesgo que percibía de 82 mil pesos por ser personal sustantivo). En mi opinión, fue un pretexto para amedrentarme y que dejara la defensa del general Dawe”, señaló. Pese a ello, en el sexenio de Felipe Calderón, la PGR consideró que López Capella era presunto responsable de enriquecimiento ilícito. La fecha para declarar se cumple este miércoles. Ante ello, el abogado promovió un amparo para evitar su detención, que le fue otorgado por el juez tercero de distrito de amparo en materia penal, Augusto Octavio Mejía. En mayo de 2012, los generales Roberto Dawe y Tomás Ángeles Dauahare fueron detenidos y arraigados por 90 días, posteriormente fueron consignados y remitidos al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde los tribunales federales les dictaron auto de formal prisión, pese a las inconsistencias de las acusaciones en su contra. En su edición 1881, de noviembre pasado, la revista Proceso dio a conocer que Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, denunció desde la cárcel que recibió presiones por parte de funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (ahora SEIDO) para declarar contra los generales del Ejército Mexicano que fueron detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. En la nota, firmada por la periodista Anabel Hernández, se publicaron las declaraciones ministeriales que La Barbie hizo el 26 de septiembre de 2012. “Querían que yo declarara en contra de ellos (los generales) para ayudar a la SIEDO. Yo les pregunté en qué querían que les ayudara si yo no los conocía. Ellos me indicaron que lo único que yo tenía que decir era que yo los conocía”, puntualizó. Lo anterior lo declaró Valdez ante el juez Raúl Valerio Ramírez en el juzgado tercero de distrito en materia de procesos penales federales del Estado de México. De acuerdo con dos testigos protegidos de la PGR, Valdez estableció nexos de corrupción en las Fuerzas Armadas, en las que estaban involucrados los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe, Ricardo Vargas Escorcia, Rubén Pérez Ramírez, el coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, a quienes detuvieron en mayo pasado. Al negar cualquier vínculo y denunciar presiones por parte de la autoridad, La Barbie puso en entredicho el proceso penal abierto en contra de los militares.