MÉXICO, D.F. (apro).- Un día después de que Luis Walton, alcalde de Acapulco, Guerrero, solicitó el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto para revertir los efectos de la inseguridad y la violencia en la localidad, el Ejecutivo ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR) apoyar en el caso de las mujeres españolas que fueron violadas en Barra Vieja, el pasado lunes 4. En el marco de la presentación del tercer informe de actividades del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, Peña Nieto pidió a los tres niveles de gobierno asumir plena responsabilidad y emprender acciones específicas para que las fuerzas de seguridad pública actúen con mayor eficacia. El mexiquense señaló que desde que tuvo conocimiento de la agresión contra las turistas españolas, instruyó al secretario Miguel Osorio Chong y al procurador Jesús Murillo Karam dar todo el apoyo institucional y ayudar al gobierno de Guerrero para dar con los responsables. Durante la ceremonia realizada en Los Pinos, Peña anunció que este mismo año se impulsará un paquete de reformas legislativas relacionadas con la ley de reparación de daño; la reglamentaria del artículo 29 constitucional sobre suspensión de garantías, y una más respecto del artículo 33 de la Carta Magna para normar y acotar las expulsión de extranjeros. También la reglamentaria de derechos humanos; las reformas a las constitucionales y el estatuto de Gobierno del Distrito Federal en esa misma materia; el uso legítimo de la fuerza pública y una legislación específica para prevenir y sancionar con eficacia los actos de tortura y de desaparición de personas Todo ello, dijo, forma parte del compromiso de su gobierno con los derechos humanos para hacerlo realidad como son reconocidos en la Constitución del país, y de esa forma “lograr una sociedad de derechos”. Peña Nieto también pidió reflexionar y asumir que “pese a los importantes avances institucionales, nuestra democracia tiene aún el desafío de satisfacer las necesidades de la sociedad, sobre todo las más elementales”. El Estado tiene un largo camino para garantizar el goce efectivo de las garantías individuales, pues hay aún acciones y omisiones que las vulneran, subrayó.