CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Los manifestantes de las “Jornadas por la justicia” levantaron el campamento del centro de la ciudad de Chihuahua, luego de que lograron acuerdos con autoridades municipales, estatales y federales, para solucionar sus diversas problemáticas. Las autoridades se comprometieron a cancelar proyectos productivos que han dañado a comunidades indígenas y/o a productores de municipios de Bocoyna, Uruiachi, Bocoyna, Chihuahua, entre otros. Hoy realizaron cuatro de las cinco mesas. El tema de justicia iniciará la próxima semana. En al caso de los vendedores ambulantes, lograron posicionar sus propuestas para que las autoridades municipales y estatales las analicen y las desarrollen. Ellos fueron atendidos por el presidente municipal Marco Adán Quezada Martínez, quien se había negado al diálogo directo con ellos. Martín Solís Bustamante, líder de El Barzón, destacó los logros de la manifestación, entre los que se encuentran el ejemplo que dieron a la gente de la capital para exigir y demandar justicia, así como la capacidad de ponerse de acuerdo. Dijo que regresan cargados de promesas, esperanzas y voluntad para hacer cumplir los acuerdos. Los manifestantes tardaron aproximadamente tres horas en limpiar las plazas que ocuparon, la mayoría regresó a sus comunidades y sólo se quedaron comisiones para dar seguimiento a los acuerdo en las mesas de trabajo. Las autoridades estatales suspenderán la construcción de una concha acústica y un área de esparcimiento en el parque Aventura de la comunidad de Creel, municipio de Bocoyna, hasta que escuchen las demandas y propuestas de los indígenas afectados. Acordaron realizar una reunión el 28 de febrero en Creel, en donde estarán representantes de las secretarías de Economía y Turismo, así como del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) y del Fideicomiso Barrancas, entre otras. El 15 de febrero, a las autoridades de las mismas dependencias, se sumarán la PGR, Fiscalía General del estado, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarias y la Junta Central de Agua y Saneamiento, para atender la problemática de contaminación del río Urique por los desechos residuales de los hoteles. Esa reunión será en El Divisadero. Los representantes del Fideicomiso Barrancas reconocieron que cuentan con estudios que evidencian la contaminación de, por lo menos, dos hoteles turísticos, pero aseguraron durante la mesa de trabajo, que no pueden “ponerles a los dueños una pistola para que acaten las recomendaciones”. Diana Villalobos, de la Red de Defensa de los Pueblos Indígenas, cuestionó por qué la Coespris no sanciona o clausura los hoteles, como lo establece la ley. Esos temas los resolverán durante la próxima reunión. La Secretaría de Salud enviará una comisión del Seguro Popular a las comunidades afectadas por la contaminación –Bacajípare, Huitosachi y Mogotavo--, para determinar los daños causados en la piel, principalmente a los niños, y trasladar a la capital a los afectados para su atención. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas irá a las comunidades para realizar una inspección de agua potable y un solar. El reclamo es que se consulte a los indígenas antes de iniciar obras y que se incluya en los proyectos turísticos.