Cultura política retrógrada

A pesar de los avances democráticos, en México prevalece una cultura política autoritaria caracterizada por la simulación y el chanchullo. Instituciones, leyes y procesos propios de la democracia no han bastado para dominar al pequeño Maquiavelo que la clase política nacional lleva dentro. Peor aún, pareciera que nuestros gobernantes, líderes sindicales o de partidos políticos, así como élites empresariales y mediáticas, midieran su prestigio por la habilidad para violar la ley. Aprovecharse del más pequeño resquicio en cualquier norma jurídica para evadirla es motivo de orgullo, no de vergüenza. Operar por encima de la ley es signo de distinción. Vivimos en una cultura de la ilegalidad, propiciadora de corrupción, impunidad y su consecuencia inevitable: mal gobierno.

Los ejemplos de esa cultura política retrógrada son innumerables.  Menciono brevemente tres casos recientes y elocuentes del primitivismo político que nos abruma. La exoneración de la coalición Compromiso por México de su responsabilidad en el escándalo Monex y el frustrado intento por negar que dicha coalición haya rebasado el tope de campaña, son clara muestra del afán por cooptar a instituciones autónomas, cuya naturaleza exige ser independientes de los poderes públicos para ejercer sus funciones con eficacia y honestidad.

Dicha perversión es propia de los regímenes híbridos clasificados como autoritarismos electorales o competitivos, entre los que se sigue contando México, a pesar de la doble alternancia de 2000 y 2012. En el primer caso mencionado, los malabares jurídicos y contables lograron vencer, no convencer; en tanto que las argumentaciones de la Unidad de Fiscalización respecto al rebase de los topes de campaña fueron postergadas para nuevo análisis hasta junio de este año, cuando la efervescencia sobre el asunto haya menguado.

En el mismo limbo descansarán las nada cristalinas “situaciones” y “complejidades” sobre el Monexgate impune que la Unidad de Fiscalización turnó a vista del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera dependientes de la Secretaría de Hacienda, así como de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (Fepade), adscrita a la Procuraduría General de la República. La posibilidad de que los actuales funcionarios de dichas dependencias procedan conforme a derecho contra las medidas que ellos avalaron durante la campaña es remota. En consecuencia, es previsible que el arcano del proceso electoral de 2012 quedará indemne y debidamente blindado, será res iudicata.

Tampoco merece olvido otro caso de audacia predemocrática: la declaración patrimonial del mandatario y los miembros de su gabinete, publicada el 16 de enero en el portal de la Presidencia. “La transparencia será fundamental en la Presidencia Democrática que me he propuesto conducir. Es una obligación sustantiva para dar confianza a una sociedad mexicana más plural, más informada y más participativa” –se afirma en el comunicado (negritas en el original).

La puesta en escena realizada en Palacio Nacional para informar del asunto no logró su propósito; la simulación fue detectada y produjo un efecto contrario al buscado por los estrategas presidenciales, convencidos de que “gobernar es comunicar”, así se trate de una farsa. En efecto, la sociedad mexicana es más plural, informada y participativa; por lo cual ya no es posible engañarla de manera tan burda. La osadía de aparentar transparencia para lograr opacidad e impunidad es inadmisible y debe ser subsanada.

La vejación de que fue objeto el IFAI durante la administración de Felipe Calderón es otra de sus traiciones a la transición democrática. La arbitrariedad presidencial de haber nombrado comisionados a tres de sus allegados, con el aval del Senado, ha puesto en peligro la autonomía de la institución. Uno de ellos, Gerardo Laveaga, actual presidente del IFAI, ha sido atacado por otro de los recomendados presidenciales, Ángel Trinidad Zaldívar, en términos severos, pero al parecer veraces; la tercera, Sigrid Arzt, ha sido acusada de espionaje.

Aprovechando el escándalo mediático, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha propuesto remover a todos los comisionados. Los suspicaces se preguntan si el hoy diputado Beltrones está fraguando la remoción de los actuales comisionados para colocar en las vacantes a personajes afines al PRI y el gobierno.

Es preciso evitar otro atraco contra la institución del Estado mexicano creada en 2002 con el propósito de garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales.

Un estudio realizado por el Banco Mundial de 1996 a 2012 para medir la calidad de la gobernanza en 212 países muestra que cultura de la ilegalidad, corrupción, impunidad y gobernanza deficiente forman un cuarteto pernicioso e indisoluble. La metodología empírica estuvo centrada en seis dimensiones del gobierno. En todos los rubros la clasificación de México es mediocre o mala (datos de 2011, medidos de 0 a 100): Libertad de expresión y rendición de cuentas, 53.5; estabilidad política y ausencia de violencia, 25.5; eficacia gubernamental (entendida como la calidad de los servicios públicos y del servicio civil, grado de independencia frente a presiones políticas, así como la calidad de la planeación y la operación de las políticas publicas), 63.5; calidad regulatoria (habilidad del gobierno de México para formular e instrumentar políticas sólidas, así como regulaciones que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado), 60.7; imperio de la ley 39.0; control de la corrupción, 45.5.

En el rubro del imperio de la ley hubo un descenso de 2.4 puntos respecto a 2006 y en el de combate a la corrupción se registró una baja de casi 5 puntos. Como puede observarse, los resultados son altamente preocupantes, aunque no sorprendentes. No hay duda: el mal gobierno que padecemos es resultado de una cultura política de la ilegalidad y de sus hermanas siamesas: la corrupción y la impunidad.

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