Impide grupo armado obras del gobierno de Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Un grupo armado impidió que trabajadores del gobierno realizaran obras en la cuenca del río Del Carmen, para dotar de agua a comunidades del municipio de Buenaventura.

Los trabajos forman parte de los acuerdos asumidos por el gobierno del estado durante las negociaciones con representantes de las Jornadas por la Justicia.

El pasado viernes 8, luego del acuerdo entre El Barzón y las autoridades estatales y federales, la Secretaría de Desarrollo Rural envió maquinaria a Buenaventura, para cumplir con los compromisos. Las obras iniciaron lunes 11.

Sin embargo, el martes 11 los trabajadores fueron amenazados por hombres armados para que se retiraran. Ante el temor de ser agredidos, los empleados dejaron abandonados dos bulldozer durante una semana.

El fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas, confirmó el ataque y anunció que este martes retomarían los trabajos, custodiados por agentes de la Policía Única Estatal.

Esa región la disputan ejidatarios y campesinos del lugar, porque el agua ha escaseado y hay sobreexplotación de mantos acuíferos. Desde agosto de 2012 se han registrado amenazas y enfrentamientos por el agua.

Integrantes de El Barzón han denunciado amenazas de productores que han acaparado ilegalmente el agua, y que son protegidos por policías municipales de por lo menos tres ayuntamientos.

En octubre de 2012, fueron asesinados el líder barzonista Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís Contreras, homicidio que sus compañeros adjudicaron a la lucha que las víctimas encabezaban por el agua y contra una mina de la región.

Posteriormente, denunciaron la agresión contra dos integrantes de El Barzón, ya que han advertido que el grupo delictivo La Línea tiene controlada la región.

Durante las Jornadas por la Justicia, las organizaciones civiles lograron que las autoridades abrieran cinco mesas de trabajo para atender diferentes demandas: campo, justicia, vendedores ambulantes e indígenas.

En el tema del campo, las autoridades se comprometieron a destruir presones construidos de manera ilegal, programas emergentes para cultivos, así como comercialización y pago de deuda de productos agrícolas.

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