La diplomática que sabe hacer negocios

La oficina de promoción turística de México en España está en manos de una diplomática, Ximena Caraza, a quien una auditoría le detectó varias irregularidades en su gestión. Revisiones ordenadas por la oficina de control del Consejo de Promoción Turística han encontrado gastos superfluos y probables actos de corrupción en el manejo de contratos con empresas que pertenecen a amigos de la funcionaria. Según fuentes consultadas por Proceso, Caraza no solamente no está preocupada por su proceder, sino que alardea con que se mantendrá en su puesto pese al cambio de administración federal.

MADRID (Proceso).- Ximena Caraza Campos impuso su personalísimo modo de gestionar la promoción de México como destino recreativo. Su administración en la Oficina Regional para Europa del Consejo de Promoción Turística (CPTM, con sede en esta capital) estuvo plagada de casos de aparente corrupción, dispendio de recursos públicos, así como entrega de contratos ventajosos a empresas de amigos y a otras que condescendieron con la funcionaria.

Esto se desprende de las auditorías 11/2008 y 01/2009 realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC) del mismo consejo –de las que Proceso tiene copias– que documentan el incumplimiento de contratos, gastos superfluos y una ostentosa remodelación de sus oficinas que, concluyen los auditores, “no garantizan que el ejercicio de los recursos públicos federales se realice con base a criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas”.

Pese a las abrumadoras pruebas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sólo la sancionó –después de la primera auditoría– con una “amonestación privada” por “abuso de autoridad”, según el expediente OIC/RES/07/2009 del 13 de agosto de 2009 que puede verse en la página electrónica del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de dicha dependencia. La auditoría 01/2009 mantuvo abiertas diligencias hasta diciembre de 2010.

Eso no fue obstáculo para que la diplomática saltara a otra posición relevante en la embajada de México en España. Gracias a sus relaciones con grupos de poder en México, en junio de 2009, un mes antes de emitirse el fallo de la SFP, el entonces secretario de Economía, Bruno Ferrari, la nombró titular de Proméxico en España, donde aconseja a empresarios españoles interesados en invertir en México, así ­como a mexicanos que desean hacer lo mismo España.

Fuentes diplomáticas mexicanas sostienen que en su círculo cercano Caraza suele afirmar que, pese al cambio de gobierno, permanecerá al frente de Proméxico en España gracias a su amistad con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, con quien años atrás coincidió en la cancillería –durante la gestión de José Ángel Gurría– cuando él fue responsable de Finanzas. Sólo el mes pasado Caraza organizó dos foros con empresarios españoles: uno sobre energías renovables y otro con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para promover más inversiones.

La funcionaria –junto con el actual embajador, Francisco Ramírez Acuña, y el equipo de transición de Peña Nieto– participó destacadamente en la preparación del encuentro de los presidentes y directivos de los mayores consorcios españoles con el entonces presidente electo en octubre de 2012 (Proceso 1877).

Cuñada de Claudio X. González, expresidente de la fundación Televisa y hoy presidente de la fundación Mexicanos Primero, Caraza es una aliada del poderoso empresario Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior y en España del Consejo Empresarial Hispano Mexicano, que se presenta como el “dueño de las relaciones empresariales mexicano-españolas”, en opinión de un consultor financiero entrevistado por el corresponsal (Proceso 1877).

El reportero ha constatado la activa participación de la funcionaria en los actos organizados aquí por Díez Morodo, a quien Peña Nieto le pidió seguir colaborando para “estrechar los lazos empresariales con España”.

Caraza trabaja en la legación de México en España desde la gestión del embajador Juan José Bremer (1998-2000), en el gobierno de Ernesto Zedillo; y en los de Vicente Fox y Felipe Calderón colaboró con los embajadores Gabriel Jiménez Remus, Jorge Zermeño (periodo de las auditorías) y Francisco Ramírez Acuña. También fungió dos años como cónsul de México en Milán.

 

Remodelación de lujo

 

La oficina del CPTM en Madrid fue remodelada y acondicionada con un gasto de 75 mil 691 euros (más de 1 millón de pesos). Sin embargo, Caraza ordenó una serie de modificaciones al proyecto inicial sin contar con autorización de las oficinas centrales, como establece la auditoría 11/2008.

Los auditores del OIC señalan que “no se cuenta con dicha autorización” de la Dirección de Recursos Materiales del consejo; además cuestionan que se presentó un presupuesto único sin desglosar los precios unitarios para cada uno de los trabajos; indican que las tres empresas participantes en el concurso entregaron “presupuestos deficientes” que carecen de explicación, “lo que no permite tener parámetros de medición o de control sobre las actividades que se llevaron a cabo para la remodelación”.

La empresa ganadora, Royal Engraving, con sede en Barcelona, “incumplió o no fue posible identificar 22 de las 39 actividades que presupuestó”, es decir, “incumplió en 56%” de dichos trabajos, confirman el estudio contable y el informe de inspección de los auditores que viajaron a Madrid.

Esto obligaba a la empresa contratada a una eventual devolución de hasta 42 mil 386 euros; por tanto el OIC exigió a la oficina de Caraza que pidiera a la empresa “un documento que soporte el pago que se realizó por el servicio y que acredite la entrega efectuada por el proveedor”.

Un exfuncionario de la SFP que conoció de cerca el proceso asegura que esta auditoría provocó “fuertes presiones políticas” para el OIC; por ello, explica, en “la inspección física de la obra (los auditores) fueron demasiado flexibles para tratar de justificar las modificaciones y facturas de la remodelación”.

No obstante los auditores pidieron “aclarar la vinculación entre las tres empresas que participaron en el concurso”. Royal Engraving –de acuerdo con documentos del Registro Mercantil de España, en poder de este semanario– es propiedad de Miguel Soler Roig Juncadella. Este empresario catalán es pareja de la mexicana Eugenia González Cortés, amiga y comadre de Caraza y quien también vive en España, confirman dos exfuncionarios de la embajada.

González Cortés preside la empresa Ulterior Consulting SL, con sede en Madrid, sociedad que los auditores señalan en la observación 01/2009/05 porque “estuvo relacionada en el concurso y contratación irregular de la empresa Royal Engraving para los trabajos de remodelación y acondicionamiento de la oficina de CPTM en Madrid”.

Ulterior Consulting, a su vez, obtuvo el contrato para un evento de cata de tequila por el cual el consejo pagó 36 mil 64 euros (casi 650 mil pesos). Los auditores no encontraron el contrato de este servicio en el que se estipulen los derechos y obligaciones de las partes, además de que “se carece de tres cotizaciones de acuerdo a las políticas de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios”.

Para tratar de solventar este señalamiento, la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia del CPTM respondió el 30 de junio de 2010 que estaba “en proceso de integrar el contrato o convenio y las tres cotizaciones exigidas”, es decir, el consejo pretendió resolver esta irregularidad dos años después de celebrado el evento.

Adicionalmente uno de los exfuncionarios de la embajada consultados afirma que parte del tequila para la cata fue donado, pero la oficina del CPTM en Madrid lo reportó como compra.

 

Contratos de publicidad

 

Los auditores pusieron particular cuidado en los contratos de publicidad y estrategias de comunicación contratados para este mercado, por ser un elemento central para la promoción turística; sin embargo en todos los convenios analizados se encontraron graves fallas, según la auditoría 01/2009.

Con la empresa McCann Erickson se firmó el contrato 035/2006 por un monto de 1 millón 224 mil 662 euros, para desarrollar en el primer semestre de 2007 la “publicidad cooperativa”, que es la realizada en conjunto con estados de México que lanzan campañas de promoción ­turística.

Se estudió una muestra aleatoria de 10 de los 23 convenios para el mercado español –481 mil 389 euros–, seis de los cuales “carecen del contrato para formalizar el convenio de participación cooperativa y la aportación de cada uno de los socios (Estados y federación)”, apuntan.

Además los convenios carecen del “plan de medios de comunicación” en los que se publicaron dichas campañas promocionales; Caraza autorizó variaciones en los medios a invertir, en la difusión, la cantidad de inserciones y el monto de dicha inversión, sin que hubieran formalizado las minutas correspondientes, y prácticamente en ninguno de los planes cooperativos se identifican el funcionario y el proveedor que los firmaron.

El 31 de diciembre de 2010 la parte auditada respondió que la Dirección Ejecutiva de Relación con Destinos y Socios solicitó a McCann Erickson la copia de los convenios observados, de los cuales a esa fecha sólo se habían entregado tres y faltaban siete; es decir que trataron de solucionar la inconsistencia tres años después de ejecutado el plan publicitario.

La misma empresa incumplió en el segundo semestre de 2006 una serie de contratos de publicidad de diversos convenios cooperativos, como la campaña Viva Tours/Ruta de los Dioses, por 4 mil euros, para publicarse en la revista Máxica; pese a que esta publicación es propiedad del CPTM, no se contaba con la factura ­correspondiente.

En otra campaña para el mercado europeo encargada a McCann Erickson por 50 millones 823 mil 775 pesos, el expediente relativo a 19 campañas destinadas al mercado español no tenía las facturas de los medios en los que se publicaron las inserciones y “se pretendió cubrir esta falla con facturas de otros operadores turísticos y con cartas dirigidas a McCann Erickson”, lo cual va “en contravención de lo establecido en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicio”.

Por todo ello el OIC evaluaba llevar a cabo “acciones jurídicas en contra de la agencia de publicidad por los incumplimientos observados, incluyendo un procedimiento de sanción a proveedores”.

El contrato de publicidad 66/2007 que se otorgó a Grupo Eñe de Comunicación para las campañas de publicidad para los segundos semestres de 2007 y 2008 –21 convenios por 952 mil 420 euros– incurrió en las mismas fallas que la empresa antes citada o se encontró que algunas facturas se emitieron antes de la firma del convenio y del pago, como sucedió en la campaña Michoacán/CPTM, por 8 mil 400 euros, contraviniendo disposiciones de la Secretaría de Hacienda.

 

Invitados especiales

 

En la participación del CPTM en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) en 2007 y 2008 el gasto se disparó “hasta en 73% de un año a otro” y los procesos de contratación de servicios están plagados de inconsistencias.

La contratación para el montaje y desmontaje del módulo de México en ambas ediciones de la Fitur se llevaron a cabo “a través de correos electrónicos y propuestas informales”; “se carece de estudio de mercado para ver si los precios cotizados son razonables” y se carece de bases técnicas formales que sirvan para evaluar las propuestas.

En la de 2007 el CPTM adjudicó el contrato a la empresa Molinare Madrid por 260 mil euros, pese a que sólo cubría 34 de las 39 exigencias técnicas exigidas. El expediente de este contrato contenía un cuadro de evaluación de propuestas que carece de formalidad y los presupuestos se presentaron de manera ­“inconsistente”.

Ese año el consejo hizo gastos adicionales por 24 mil 400 euros “por concepto de banquetes, distribución de materiales, comisiones bancarias por transferencias y reparto de la revista Máxica en Fitur, los cuales no fueron contratados de forma integral” y esos gastos se registraron indebidamente en la partida relativa a “exposiciones”.

Los auditores descubrieron que se realizaron actos sociales para “empresarios importantes de España del sector turístico” con Felipe Calderón, para lo cual “se hicieron invitaciones a los directivos de empresas que prestan sus servicios en publicidad, encontrando que se invitó al presidente de un club de futbol de la liga española, sin justificación”.

La auditoría identificó que el invitado fue Carlos Mouriño Atanes, padre de Juan Camilo Mouriño y presidente del Real Celta de Vigo. Caraza justificó ante el OIC que este empresario “fue invitado por indicación expresa de la Presidencia de la República, por conducto del embajador Gabriel Jiménez Remus”.

En la Fitur de 2008 se contrató para montar y desmontar el módulo de México a Grupo Eñe Comunicaciones –pese a las deficiencias en el contrato de publicidad arriba descrito–, cuya propuesta fue más cara que la de sus competidores: Bauhauss y Molinare.

Pese a que esta última cumplía con el mayor número de requisitos técnicos y presentó un presupuesto de 307 mil euros, CPTM otorgó el contrato a Grupo Eñe con un sobreprecio de 13 mil euros. La propuesta de la empresa ganadora incluía el costo del consumo de energía eléctrica del módulo, pese a que el consejo ya había pagado 2 mil 500 euros por ese servicio a la Institución Ferial de Madrid, donde se celebró la Fitur, señaló la auditoría.

Se identificaron pagos por casi 30 mil euros por “gastos de banquetes, distribución de materiales, comisiones bancarias por transferencias, edecanes pagadas con presupuesto de la oficina del CPTM de Madrid”, que están mal clasificadas y no corresponden con los gastos de las ferias.

Las respuestas a casi todas las observaciones del OIC recurren a un lenguaje burocrático que, sin embargo, en pocos casos aclaran las observaciones. Un caso es la respuesta que Caraza envió el 11 de febrero de 2009, donde argumenta que si no se hacen contratos integrales es porque los actos de promoción “necesariamente implican la contratación de diversos proveedores que forman y enriquecen el evento”, porque el propósito de la oficina es “que se posicione a nuestro país y la Marca México” para “transmitir una imagen atractiva y llamativa de nuestro país”.

Sin embargo los auditores contraargumentaron señalando que los contratos de Fitur “no aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás”.

Un caso del que el corresponsal tuvo conocimiento fue el contrato 794 que se otorgó a la empresa JC Decaux para elaborar una lona de promoción de la campaña Chichén Itzá-Nueva Maravilla del Mundo, que tuvo un costo de casi 58 mil 500 euros, que sin justificación se pagó en dos partes, una en la oficina de Madrid y otra en la oficina de Londres.

Los auditores encontraron que no se realizó cotización adicional para ver si el servicio estaba dentro del mercado; no obstante “la lona promocional fue ­desechada por falta de espacio para su almacenamiento y por los costos del proveedor para su conservación en sus ­instalaciones”.

Los auditores exigieron la documentación que justificara la baja de dicho material publicitario y la justificación para un pago compartido entre las oficinas de Madrid y Londres”. En respuesta, la funcionaria remitió cartas de costos proporcionadas por otras empresas, Publicis Dialog y Grupo Eñe, “con las cuales”, alega, “se acredita que el precio de la lona es acorde con los precios del mercado” y, según su dicho, con ello se “han realizado las justificaciones ­correspondientes”.

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