Advierte Graco que recurrirá a la Corte para impedir operación de minera

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Mientras crece el rechazo de grupos ambientalistas a la transnacional Esperanza Resources Corporation, que pretende extraer oro y plata a cielo abierto en una mina localizada a un kilómetro de la zona arqueológica de Xochicalco, el gobernador Graco Ramírez advirtió que si es necesario recurrirá a la controversia constitucional para impedir que la minera inicie operaciones en Morelos.

En entrevista, el mandatario morelense confirmó que ayer la embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, intervino a favor de la transnacional Esperanza Resources Corporation,

Graco Ramírez afirmó que si es necesario recurrirá a la controversia constitucional para evitar la apertura de la mina, pues el título de concesión para aprovechar los recursos naturales fue entregado por el gobierno federal y Morelos no es un estado con vocación minera. “Aunque tengamos oro y plata preferimos seguir siendo lo que somos”, subrayó.

A la embajadora le fue entregada una carpeta con información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), donde el gobierno de Morelos justifica su negativa para permitir la extracción de oro a cielo abierto.

La SDS establece que los procesos a cielo abierto de la mina, acompañados de químicos, tendrán consecuencias graves en la salud de los que habitan en las comunidades aledañas, que no se verán de manera inmediata, sino a un mediano y largo plazos.

Otro aspecto que argumenta el gobierno es que el cerro del Jumil, donde está la mina, se localiza en una zona con un alto número de plantas endémicas, así como fauna que, con la empresa ahí, migrarán de su estado natural. La carpeta cita que a un costado de la mina pasa el río Tembembe; de permitirse la extracción el cauce natural sufrirá daños irreversibles y se contaminará el agua.

La mina ocupa una superficie de casi 15 mil hectáreas de la comunidad de Tetlama, en el municipio de Temixco.

El legislador Héctor Salazar Porcayo anunció una iniciativa legal para que la constitución local prohíba la explotación de los recursos naturales a cielo abierto, como pretende la canadiense.

Además, aseguró que el gobierno federal entregó otros cuatro títulos de concesión para explotar minas en las regiones de Morelos.

Grupos ambientalistas también anunciaron foros con investigadores expertos en el tema, marchas en la mina y encuentros con actores políticos que podrían sumarse al rechazo.

La organización Observatorio Morelense, en voz de Ignacio Suárez Huape, aseguró que la superficie de la mina equivale a dos veces la reserva estatal Sierra de Montenegro.

Otros grupos ambientalistas como el Frente en Defensa del Agua y la Tierra, presentaron una radiografía de la industria minera en México: hay 293 empresas mineras de capital extranjero. Los canadienses tienen 75% del negocio, pero sólo 506 proyectos están ligados a la extracción de oro y plata.

Con este panorama iniciarán una protesta para respaldar la negativa  del gobierno. Aunque, en la comunidad de Tetlama, sus autoridades siguen insistiendo que apoyarán a la minera, pues generará más de dos mil empleos.

El gobernador Graco Ramírez aseguró que los comuneros reciben 500 mil pesos por la renta de sus tierras explotadas; pero les saldrá más caro después curar a sus familias de las enfermedades que les provocará el arsénico utilizado en el proceso de producción a cielo abierto.

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