Exige Concanaco frenar la economía informal

jueves, 28 de febrero de 2013 · 19:41
MÉXICO, D.F. (apro).- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) aseguró este jueves que si no se pone un freno a la actividad informal, la aprobación de las reformas legales no será suficiente para alcanzar el desarrollo económico del país. En rueda de prensa, el presidente del organismo, Jorge Dávila Flores, señaló que el fenómeno se agrava cada vez más con el incremento de la economía ilegal, que incluye la piratería, contrabando, comercialización de mercancías robadas y ambulantaje, cuyo impacto negativo llegó a 78 mil millones de dólares el año pasado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), seis de cada 10 mexicanos laboran en la informalidad o, lo que es lo mismo, alrededor de 29.3 millones de personas trabajan sin seguridad social, prestaciones ni sueldo fijo. A esta situación, se suman la piratería y el contrabando, que afecta a los distintos giros comerciales, entre ellos la venta de discos y películas, así como a las empresas textileras y a las dedicadas a la venta de juguetes, e incluso cigarros y bebidas alcohólicas. Ante tal panorama, Dávila Flores urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a reactivar la Comisión Especial contra la Economía Ilegal, en la que participan las secretarías de Gobernación, Hacienda y Economía, la Procuraduría General de la República, la Oficina de la Presidencia de la República y la Auditoría Superior de la Federación, así como los organismos empresariales. El pasado viernes 22, la Concanaco precisó que la Comisión Especial servirá para combatir la economía ilegal y también buscará el reordenamiento de los ambulantes, a fin de que se incorporen a la economía informal, además del incremento de la base de contribuyentes y el aumento en los ingresos públicos Ese día, Dávila Flores adelantó que el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió formalmente a convocar a una reunión a todos los participantes de la Comisión, en un plazo máximo de 15 días.

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