Corrupción y reforma energética

Dos hechos recientes, el préstamo de Pemex por 500 millones de pesos al sindicato petrolero, mantenido en la opacidad con el aval del Consejo de Administración de la paraestatal, y el Enzo Ferrari con valor de 2 millones de dólares que el líder de ese gremio le regaló a su vástago, han vuelto a sacar a la luz un problema más profundo y oscuro que el yacimiento de Cantarell, aunque más difícil de explorar: la corrupción en Petróleos Mexicanos.

Dichos sucesos representan apenas una mínima porción de un problema de extrema gravedad, desdeñado durante los debates en torno a la reforma energética de 2008, lo cual fue una omisión sospechosa e inaceptable. La previsión y el combate a la corrupción en Pemex debe ser tema central del debate sobre la reforma energética y de las leyes que surjan de ella. De eso depende que el beneficio de la renta petrolera sea realmente para la nación, para todos los mexicanos, no para un grupo de expoliadores nacionales o extranjeros.

La ordeña de Pemex tiene un doble origen. El primero de ellos es el régimen fiscal al que está sujeta la paraestatal, que la obliga a pagar un altísimo porcentaje de sus ingresos en impuestos y derechos, lo cual impide el desarrollo de la empresa y frena su productividad. Petróleos Mexicanos tuvo una utilidad de 681 mil millones de pesos en 2011. Sin embargo, tuvo que pagar 773 mil millones por concepto de impuestos y derechos, por lo cual tuvo una pérdida neta de 92 mil millones de pesos.  Absurdo. Pemex eroga un monto desproporcionado de impuestos para cubrir la deficiencia recaudatoria del gobierno mexicano. Por ello, las reformas energética y fiscal están estrechamente vinculadas.

La segunda fuente del despojo de Pemex es la corrupción, resultado de una amplia  red de complicidad que presumiblemente involucra a altos funcionarios de la paraestatal y del gobierno en turno, así como a inversionistas y proveedores, nacionales y extranjeros, que fungen como socios ocultos de negocios multimillonarios, a costa de la riqueza petrolera del país.

El sector petrolero es particularmente propenso a la corrupción debido a las características de la industria: la complejidad tecnológica y estructural propia del sector, el carácter oligopólico o monopólico de la industria, los elevados volúmenes y montos de sus transacciones, la concentración de los flujos de capital, la naturaleza estratégica del petróleo, así como la dificultad para establecer sistemas eficientes de control, transparencia y rendición de cuentas.

Todo ello convierte al  llamado oro negro en un sector muy apetitoso para la corrupción en todo el mundo. México está lejos de ser una excepción. Por el contrario, a 75 años de la expropiación petrolera, las referidas características de la industria han sido aprovechadas con creces por un grupo de vivales, en detrimento de la eficiencia y productividad de la empresa. Ellos, no la nación, han sido los principales beneficiarios de la riqueza petrolera nacional.

Existe una tipología de la corrupción del sector petrolero, publicada en un libro del Banco Mundial, que puede ser útil para obstaculizar el saqueo del que ha sido víctima la empresa más grande e importante del país. La tipología se basa en los cuatro canales a través de los cuales se ejerce la corrupción: 1. La corrupción política. Va desde la mordida hasta la influencia corruptora en el diseño de las políticas públicas para producir ganancias personales a través de exenciones fiscales, control de precios, exclusividad de derechos o contratos, procedimientos contables; o bien connivencia entre funcionarios, legisladores y grupos de interés. 2. Corrupción administrativa, para obtener beneficios ilegales a cambio de  prebendas en un amplia gama de actividades comerciales u operativas. 3. Corrupción comercial, a través de la venta de productos o servicios con sobreprecio. 4. La llamada gran corrupción, que incluye el robo directo de dinero o productos derivados del petróleo (McPherson y MacSearraigh, Corruption in the Petroleum Sector, en: The Many Faces of Corruption, pp. 191-220).

Los actores protagónicos de la corrupción a gran escala en la industria del petróleo son, en primer lugar, los políticos de las tres ramas del gobierno –ejecutivo, legislativo y judicial– tanto de los países productores como de los consumidores. Les siguen las compañías petroleras internacionales o las empresas propiedad del Estado, como en México, así como las compañías contratistas de servicios para la industria. En tercer lugar están los llamados big men, intermediarios, cabilderos o traficantes de influencias. Las instituciones bancarias también juegan un papel en el manejo de transacciones ilícitas.

Toda la cadena productiva de la industria petrolera es vulnerable a prácticas corruptas: desde la exploración, desarrollo, producción, comercialización, transporte, refinación y mercadeo; contabilidad corporativa, impuestos y finanzas, hasta la venta al menudeo de productos. La falta de transparencia y rendición de cuentas propicia la corrupción. La opacidad conduce al dinero sucio en todo el proceso: la asignación de adjudicaciones y contratos, planes de desarrollo, ubicación de obras, permisos ambientales, adquisiciones, facturación alterada, licitaciones manipuladas, puntos clandestinos de venta, mercado negro o contrabando de gasolina, gas o diesel; fraudes contables, evasión fiscal o manipulación financiera.

Cualquiera que sea el resultado de la reforma energética, la expoliación no cesará, como no varió con la de 2008; por el contrario, lo más probable es que se agrave el problema de la corrupción, a menos que se obligue a legisladores y funcionarios a tomar las medidas jurídicas, administrativas y políticas necesarias para impedirlo. Un primer paso sería que México se incorporara a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), a la que acaba de ingresar Estados Unidos.

Acertijo: Hace 24 años fueron dos. ¡Falta la parejita!

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