CHIHUAHUA, Chih., (apro).- Indígenas tarahumaras expondrán el próximo jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) la problemática que enfrentan desde hace tiempo, con la invasión sistemática de sus tierras y la histórica lucha por su reconocimiento ancestral. María Monarca Lázaro, Lorenzo Moreno Pajarito, Miguel Manuel Parra y María Luisa Bustillos viajaron este martes a la ciudad de Washington, donde se celebrará la audiencia. Ellos van en representación de las comunidades de la Sierra Tarahumara, como Huitosachi, Bakajípare y Mogótavo, municipio de Urique, así como de Choreachi, Coloradas de la Virgen y Mala Noche, de Guadalupe y Calvo. La comisión acude respaldada por las organizaciones Alianza Sierra Madre, Tierra Nativa y Consultoría Técnica Comunitaria que pertenecen a la Red de organizaciones para la defensa integral de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, representadas ante la CIDH, por las abogadas Alma Verónica Chacón y Carmen Hurtado. “Nosotros sí hemos recibido amenazas para que no se muevan todo eso, para aprovechar ellos nada más. Las autoridades no nos oyeron por eso acudimos a las organizaciones”, denunció Lorenzo Moreno Pajarito. En la sesión con la CIDH, los indígenas tarahumaras hablarán sobre los obstáculos que enfrentan para lograr el reconocimiento legal de su territorio y plantearán soluciones que tienen implicaciones para todos los pueblos originarios de México. La falta de reconocimiento ancestral implica que no tengan acceso preferente a los beneficios del uso y aprovechamiento de los recursos naturales de sus propias tierras, como el caso del proyecto Barrancas del Cobre del que fueron excluidos y afectados por la contaminación que genera. María Teresa Guerrero, directora de Consultoría Técnica Comunitaria, explicó que los casos de las comunidades tienen años ante los tribunales, y mientras no tienen acceso a recursos naturales, la lucha legal es muy larga y la expansión de los proyectos turísticos avanza muy rápido. “Los indígenas tienen derecho a una consulta previa, libre e informada, sobre los programas, proyectos o leyes que incidan directamente con el desarrollo y bienestar de sus comunidades”, explicó Isela Gonzáles, directora de Alianza Sierra Madre. Aun así, en el proyecto turístico Barrancas del Cobre, el gobierno creó el Fideicomiso Barrancas del Cobre e implementó el proyecto en territorios indígenas, sin consultar a sus comunidades y a pesar de que desde hace un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró que tienen obligación de consultar a las comunidades, pero el desarrollo continúa sin consulta. Además, expondrán la necesidades que afrontan de manera cotidiana: servicios de salud deficiente o nulos, falta de acceso al agua para el servicio doméstico y el consumo humano, falta de escuelas adecuadas a la cultura de las comunidades, contaminación a causa de basura que desechan los hoteles y demás servicios. Asimismo, la comisión solicitará la intervención de la CIDH para que se agilice la solución de los conflictos que tienen en los tribunales y que respeten sus derechos, particularmente  que sean consultados en los conflictos donde el gobierno tome decisiones que afecten sus territorios y familias.