MÉXICO, D.F. (apro).- Sin discusión alguna, la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hizo suya la propuesta de Ley de Telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo y se espera avalarla la próxima semana en el pleno. Julio César Moreno Rivera, presidente de la comisión e integrante de la corriente política Nueva Izquierda del PRD, detalló que los 11 secretarios y él, aceptaron darle valor de predictamen para que este jueves los 30 miembros de la comisión discutan en lo general y en lo particular el documento que será enviado al pleno. A pesar de que no hubo discusión de la iniciativa, el perredista dijo que “la comisión trabajó arduamente en la elaboración de un preproyecto que puso a consideración de la Junta Directiva de la comisión… la idea es sacar lo más pulcro este dictamen partiendo de que hay un gran consenso”. Hasta el mediodía de este miércoles, el citado documento contaba con 315 firmas de respaldo de los 500 legisladores que conforman la Cámara de Diputados; por tratarse de una reforma Constitucional se requieren las dos terceras partes de los presentes para ser aprobada, es decir, 340. Moreno Rivera, quien únicamente dio trámite a la llegada del documento, informó que este jueves la comisión sesionará a partir de las 17:00 horas para, de ser posible, darle primera lectura en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados. En caso contrario, dijo,  se aprobaría esta semana en comisión y luego se le daría primera lectura el martes y el miércoles. Después de la segunda lectura, entraría a discusión. A su vez, el coordinador del PRD, Silvano Aureoles aclaró que no es una iniciativa de Enrique Peña Nieto sino de cuatro partidos, los que conforman el Pacto por México, PRI, PVEM, PRD y PAN. Rechazó también que la Cámara de Diputados se esté convirtiendo en una simple oficialía de partes, pues “es un trabajo arduo, de muchas horas y no solamente de un partido”. En contrapartida, la diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde Luján, cuestionó que los nuevos integrantes de los órganos “autónomos” que plantea la iniciativa sea una propuesta del Ejecutivo federal e incluso lamentó que no participen instituciones, como la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además, expuso que el documento no tiene reglas claras sobre las tarifas y la calidad de los servicios, que no incluyó la participación de académicos y sectores de la sociedad civil y no cuenta con una efectiva regulación del derecho de réplica”.