Genética y política

En la autocelebración de sus 100 días de gobierno el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a transformar el país, no sólo a administrarlo. Puede y debe hacerlo. El Pacto por México, la reforma educativa acompañada del fulminante operativo Elba, la ley de amparo, así como la iniciativa de reformas en materia de telecomunicaciones y competencia económica, son muestra de la existencia de un proyecto de gobierno con metas bien definidas. No obstante, aún están por verse los resultados de esas decisiones políticas y, sobre todo, la voluntad presidencial de consolidar una democracia de calidad, lo cual supone una transformación aun más profunda y necesaria: Convertir a México en un verdadero Estado de derecho. Ello implica la instauración del imperio de la ley, no su uso para fines políticos; una real transparencia y rendición de cuentas, el auténtico respeto a la independencia de las instituciones dotadas de autonomía constitucional, así como el combate frontal a la corrupción y la impunidad, sin disimulo, basado en la aplicación de la ley a secas, no de modo sesgado y con afán propagandístico.

¿Qué tipo de gobernante es o quisiera ser Enrique Peña Nieto? Él ha dicho que aspira a una Presidencia democrática y ya ha dado pasos importantes en esa dirección. Sin embargo el gen autoritario priista nos hace temer la posibilidad de una regresión. También hay señales que pudieran conducir a esa indeseable ruta. La alternativa está abierta, estamos frente a un dilema que habrá de resolverse a lo largo del presente gobierno; de su desenlace dependen el futuro de México, el del partido en el gobierno y el legado del actual mandatario.

La política no debe reducirse a la genética. El hecho de que Peña Nieto haya reafirmado el liderazgo dentro de su partido no significa necesariamente un intento por reinstaurar el presidencialismo autoritario. En las democracias avanzadas el control del Ejecutivo sobre su propio partido es condición de gobernabilidad, trátese de regímenes presidencialistas, como el de Estados Unidos; semipresidencialistas, como en Francia; o parlamentarios, como en la Gran Bretaña. Para ejercer el poder hay que tenerlo, y para ello el apoyo del propio partido es indispensable. Una presidencia débil no significa que sea democrática, como pudimos comprobarlo durante las administraciones de Fox y Calderón.

Ante el fracaso de las presidencias panistas la opción razonable no es volver a una autocracia electiva. Por interés propio y del país el gobierno priista debe evitar a toda costa caer en la tentación autoritaria y cancelar cualquier intento por revivir un salinato con copete –a pesar de las analogías que pudieran existir entre ambos inicios de gobierno–, a menos que se aspire al sangriento caos en que culminó ese aciago sexenio.

Maquiavelo recomendaba al príncipe la conveniencia de ser temido, incluso por encima de la posibilidad de ser amado por sus súbditos. Con el operativo Elba el presidente Peña logró introducir el miedito necesario para que líderes sindicales, gobernadores, funcionarios e incluso los grandes empresarios sean conscientes de su propia vulnerabilidad y actúen en consecuencia. Mediante ese acto de fuerza el presidente logró reafirmar su poder. Ahora es tiempo de ser congruente en la aplicación de la ley contra otros epítomes de corrupción patente y ofensiva. Sería una forma de fortalecer la autoridad presidencial.

El Pacto por México fue una estupenda decisión política y hasta ahora ha dado buenos resultados. En sólo tres meses hemos pasado de la polarización al consenso. Ello representa un avance indiscutible, aunque no exento de riesgos. El gobierno actual ha sido capaz de negociar con un PAN y un PRD disminuidos por sus fracturas internas, pero a pesar de ello ambos partidos han logrado plasmar y defender sus demandas en el Pacto, así como en las negociaciones de las reformas educativa y de telecomunicaciones.

La institucionalidad democrática está funcionando. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo están en vías de recuperar la dignidad que les confiere la Constitución y el nivel del debate político se ha elevado. El país avanza, se ha superado el estancamiento vivido durante los dos sexenios anteriores, producto de la mediocridad y la obcecación. Hay signos de evolución que han creado expectativas democráticas en una sociedad harta de politiquería y ávida de actores políticos que cumplan con sus respectivas responsabilidades pensando en el país, no sólo en la miope mezquindad de su beneficio personal o partidario. Si esas expectativas se vieran frustradas, el costo sería demasiado alto para todos y podría tener efectos insospechados en términos de estabilidad política y social.

La nostalgia de hegemonía debe dominarse con las armas de la pluralidad democrática, como parece haberse hecho hasta ahora. El mejor ejemplo de ello es la iniciativa de reformas a la Constitución en materia de telecomunicaciones y competencia económica, resultado de una negociación con los partidos firmantes del Pacto por México, que ha recogido demandas sociales postergadas durante décadas debido a las presiones ejercidas por los poderosos empresarios del ramo, capaces de doblegar a los presidentes del PRI y el PAN, así como a funcionarios y legisladores de todos los partidos políticos.

No deja de llamar la atención que el mandatario beneficiado por la televisora hegemónica sea quien haya enviado al Congreso una iniciativa que afecta los intereses de ese y otros monopolios del sector. Ello revela la relevante influencia del PRD y el PAN en la inclusión de los nueve compromisos del Pacto por México referidos al tema de las telecomunicaciones (del 37 al 45) en dicha reforma. Todo indica que no habrá marcha atrás en la aprobación de la iniciativa. Esperemos que tanto las reformas constitucionales como la Ley de Telecomunicaciones se cumplan a cabalidad. Ello sería una muestra paradigmática del ejercicio de una Presidencia democrática y eficaz, acorde con la evolución institucional del país, así como con sentidas demandas de la sociedad mexicana.

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