Prohibida la publicidad encubierta… que no existe

Desde que Enrique Peña Nieto gobernaba el Estado de México, Televisa le construyó una andadera política mediante la publicidad integrada en radio y televisión (promoción disfrazada de contenido informativo o de entretenimiento). Si bien la televisora niega esa relación política y comercial que hizo del mexiquense una estrella más, en la nueva iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones el Ejecutivo impulsa la prohibición de ese tipo de propaganda. En su lógica, lo que se vio desde 2005 en las pantallas del país puede quedar prohibido, aunque oficialmente jamás existió.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Durante décadas los concesionarios de radio y televisión negaron que vendieran sus entrevistas o las coberturas informativas de gobernantes, políticos o funcionarios en general. El gobierno del Estado de México y Televisa una y otra vez rechazaron lo publicado por Proceso desde octubre de 2005 sobre la existencia de un plan mediático para impulsar la carrera de Enrique Peña Nieto hacia la Presidencia de la República a través de un convenio subrepticio para desplegar publicidad presentándola como si fuera información o cobertura favorable a través de sus brokers TV Promo y Radar Servicios Especializados.

“Son papelitos sin sustento”, gritó el comentarista Héctor Aguilar Camín, colaborador de Televisa, cuando descalificó en MVS Radio lo publicado por Proceso. “Mentirosos”, descalificó la empresa de Emilio Azcárraga Jean a este reportero y a la periodista Carmen Aristegui por ventilar en 2009 la existencia de este plan, cuyo monto original fue de 742 millones de pesos tan sólo en el primer año de Peña Nieto en el gobierno mexiquense. De ese monto, 691 millones se destinaron a esa “publicidad integrada”.

Hace menos de 10 meses, el 16 de julio de 2012, en pleno proceso de calificación de la elección presidencial, Televisa interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un recurso para negar la existencia de ese presunto plan de “adquisición encubierta de tiempo en radio y televisión, así como revistas para la promoción personal del C. Enrique Peña Nieto”, planteado por el PRD en su queja presentada el 9 de junio anterior.

Juan Alejandro Daniel Araujo Delgado, representante legal de Televisa ante el tribunal electoral, calificó lo publicado en Proceso y en el libro de este reportero Si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto como “un ejemplo de ejercicio especulativo que en su momento será dirimido por las instancias competentes, pero que dista mucho de constituir una verdad legal”.

No sólo eso. Televisa descalificó los reportajes publicados por el periódico británico The Guardian, cuya corresponsal Jo Tuck­man aportó nuevos datos e información sobre más contratos relativos a esta adquisición encubierta del gobierno de Peña Nieto. La empresa de Emilio Azcárraga Jean interpuso una querella con The Guardian, amenazó con llevar su inconformidad ante los tribunales ingleses y el rotativo decidió, a principios de febrero, pedir una disculpa pública sin desdecirse de lo publicado.

En el colmo de la negación, Televisa presentó ante el TEPJF sus propios desmentidos y desplegados en prensa, incluyendo la carta que el conductor Carlos Loret de Mola le envió a la periodista Carmen Aristegui la tarde del 8 de junio para reiterar que “no hay pruebas” de la relación entre el consorcio televisivo y los brokers TV Promo y Radar Servicios Especializados.

Ambas empresas están vinculadas al vicepresidente de Comercialización de Televisa, Alejandro Quintero, artífice de esta ambiciosa y fructífera estrategia que llegó a su máxima expresión con Peña Nieto: convertir a los gobernadores en “productos” a los cuales hay que “vender” de manera implícita y subrepticia en los noticiarios, programas de espectáculos y “coberturas especiales” de televisión.

El éxito de Televisa en el caso de Peña Nieto se ha reproducido con otros gobernadores y jefes de gobierno capitalinos, pero también lo ha aplicado su presunta competidora TV Azteca. La empresa de Ricardo Salinas Pliego también ha creado un auténtico mercado negro de propaganda política disfrazada de información a través de empresas paralelas como Jeshom Publicidad y Mercadotecnia y Mercadotecnia y Servicios Avanzados, mejor conocida como MAZ.

En su edición del 26 de noviembre de 2012 Proceso documentó que tan sólo entre 2008 y 2010 la inversión del gobierno chiapaneco (encabezado por Juan Sabines) en “publicidad integrada” pasó de 74.2 millones de pesos a 209.5 millones de pesos en los tres canales de TV Azteca: 7, 13 y Proyecto 40.

Otros clientes importantes de esa cadena son los gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina, y de Puebla, Rafael Moreno Valle, así como Pemex y otras paraestatales. Hasta la fecha, TV Azteca no ha negado la información publicada por Proceso.

Prohibición constitucional

En las negociaciones de la reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones llegó a la mesa del Consejo Rector del Pacto por México una propuesta del exsenador y exsecretario de Gobernación Santiago Creel para prohibir lo que en otros países se conoce como “publicidad integrada”.

El primer borrador, fechado el 23 de febrero, planteó: “Se prohibirá la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información, y se establecerán las condiciones que deben regir la contratación de los servicios para la transmisión de contenidos al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por terceros”.

Esta última frase no les gustó a los representantes de Televisa. Se tuvo que rehacer la redacción de la siguiente manera:

“Fracción IV, sección C del artículo 6 Constitucional.-

“Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y difusión.”

Esta última frase se agregó en la redacción final de la iniciativa, durante la noche del domingo 10 de marzo, en la última sesión del Consejo Rector del Pacto por México.

De aprobarse, sería la primera vez que se prohíbe en el nivel constitucional una práctica que ha sido negada por los concesionarios y que hace suponer la existencia de una “doble contabilidad” en las empresas que la realizan, pues lo hacen a través de brokers o intermediarios y no son fiscalizadas ni informadas a sus propios accionistas.

El Congreso de la Unión tendría 180 días, a partir de la publicación del decreto de reforma constitucional, para establecer los mecanismos específicos que identifiquen y prohíban la “publicidad engañosa o subrepticia”. Los detalles para regular esta práctica quedarían pendientes para la ley secundaria.

El dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, admitió ante este reportero que éste fue uno de los temas más difíciles para su partido. “Sin embargo, lo aceptamos con todo lo que esto implica”, aclaró.

Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1898, ya en circulación.

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