CIUDAD DE GUATEMALA (apro).- “Exigimos justicia por el genocidio en Guatemala. Pueblo Ixil Presente”, se leía en una pancarta colocada frente a las gradas de la Corte Suprema de Justicia, donde transcurrió el primer día del juicio contra los militares Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio y delitos contra deberes de la humanidad cometidos contra la población maya ixil, durante la fase más sangrienta del conflicto armado interno en Guatemala. Junto a la pancarta, los familiares de las víctimas colocaron una alfombra de agujas de pino y pétalos de rosa, veladoras y fotografías de sus seres queridos. A dos metros, simpatizantes de los militares acusados exhibieron pancartas en las cuales se leía “El comunismo financia la destrucción de la unidad nacional” y “Otto Pérez dijo que no hubo genocidio en Guatemala”. Esta última hace referencia a las declaraciones realizadas por el mandatario guatemalteco, un militar retirado también acusado de participar en masacres bajo la dictadura de Ríos Montt, durante la campaña electoral de 2011, cuando negó que el ejército guatemalteco hubiera cometido actos de genocidio contra los pueblos indígenas, contrario a los hallazgos publicados por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) en 1999 en el informe “Guatemala: memoria del silencio”. Las pancartas reflejaban la divisiones no resueltas de un país que todavía vive las secuelas de violencia que dejó el conflicto armado: por un lado las víctimas y sus familiares, quienes exigen que los militares que perpetraron las masacres sean juzgados y condenados; por otro, los militares y paramilitares retirados y sus simpatizantes, quienes caracterizan el juicio de Ríos Montt como una “venganza” por parte de la “izquierda comunista”. El juicio comenzó a las 8:30 horas en una sala tan llena que muchos tuvieron que sentarse en las gradas o turnarse para ingresar. Ríos Montt, el general que dio un golpe de Estado contra Romeo Lucas García en marzo de 1982, proclamándose jefe de Estado y de las fuerzas armadas, lucía relajado pese a que las miradas de todos los presentes estaban puestas sobre él y no menos de 30 cámaras fotográficas y de video seguían minuciosamente cada uno de sus gestos y ademanes. Ríos Montt estaba sentado en primera fila, rodeado de sus abogados, mientras que Rodríguez Sánchez, quien fungió como director de la Sección de Inteligencia (G2) del Estado, bajo la dictadura de Ríos Montt, se encontraba solo, en segunda fila. Los defensores de Ríos Montt hicieron todo lo posible por dilatar la apertura del juicio, planteando siete acciones legales que fueron rechazadas por la jueza Jazmín Barrios. Entre otras acciones, el abogado Francisco García Gudiel recusó a la jueza bajo el argumento de que desde hace tiempo existe una fuerte enemistad entre ambos. Pero tras deliberar, los tres jueces dejaron sin lugar cada una de las acciones planteadas y ordenaron que García Gudiel abandonara la sala, dejando la defensa de Ríos Montt en manos de los abogados César Calderón y Francisco Palomo. García Gudiel se retiró de la sala, airado y aduciendo que se estaba violando el derecho de Ríos Montt a elegir libremente a sus defensores. A las 10:00 horas, Barrios declaró abierto el debate y las dos partes leyeron un resumen de los argumentos que plantearán a lo largo del juicio. El Ministerio Público sostiene que mientras estuvo en el poder – del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983–, Ríos Montt, como presidente de facto, era el último eslabón en la cadena de mando militar, estaba al tanto de todo lo que sucedía y, por lo tanto, es responsable de todas las masacres cometidas por sus subordinados. Durante el breve mandato de Ríos Montt fueron asesinados mil 771 indígenas de la etnia maya ixil que vivían en el área conocida como el Triángulo Ixil, conformado por las comunidades de San Juan Cotzal, San Gaspar Chajul y Santa María Nebaj, en el departamento altiplánico de Quiché. Esta ofensiva contra una población civil indefensa fue parte de una estrategia que Ríos Montt describió, cuando estaba en el poder, como “quitarle el agua al pez”, es decir, privar a la guerrilla de su base de apoyo mediante el exterminio sistemático de los  pueblos indígenas que supuestamente la apoyaban. Esta estrategia está plasmada en los planes “Sofía” y “Victoria 82”, los cuales serán analizados en detalle en el transcurso del juicio. A Ríos Montt también se le acusa de ser el arquitecto de las llamadas “aldeas modelo”, caracterizadas por la parte acusadora como “campos de concentración”, donde los sobrevivientes de las masacres fueron sometidos a trabajos forzados, y de ejercer una censura sistemática sobre los medios de comunicación para impedir que las atrocidades cometidas se dieran a conocer. Durante la tarde, el tribunal escuchó a dos testigos del Ministerio Público, pobladores ixiles que sobrevivieron a las masacres perpetradas por el ejército. Nicolás Bernal Brito, quien declaró con la ayuda de un intérprete ixil, dijo que tenía 22 años cuando los soldados arrasaron su aldea, asesinando a los pobladores, cuyos cuerpos fueron mutilados y arrojados en una casa a la que posteriormente prendieron fuego. “Aparte de mis familiares, mataron a otras 25 personas. Así fue como me quedé huérfano, no tenía nada porque quemaron hasta mi ropa”, relató Bernal. El juicio continuará mañana miércoles 20 a las 8:30 horas.