Genética y política

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En la autocelebración de sus 100 días de gobierno el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a transformar el país, no sólo a administrarlo. Puede y debe hacerlo. El Pacto por México, la reforma educativa acompañada del fulminante operativo Elba, la ley de amparo, así como la iniciativa de reformas en materia de telecomunicaciones y competencia económica, son muestra de la existencia de un proyecto de gobierno con metas bien definidas. No obstante, aún están por verse los resultados de esas decisiones políticas y, sobre todo, la voluntad presidencial de consolidar una democracia de calidad, lo cual supone una transformación aun más profunda y necesaria: Convertir a México en un verdadero Estado de derecho. Ello implica la instauración del imperio de la ley, no su uso para fines políticos; una real transparencia y rendición de cuentas, el auténtico respeto a la independencia de las instituciones dotadas de autonomía constitucional, así como el combate frontal a la corrupción y la impunidad, sin disimulo, basado en la aplicación de la ley a secas, no de modo sesgado y con afán propagandístico.

¿Qué tipo de gobernante es o quisiera ser Enrique Peña Nieto? Él ha dicho que aspira a una Presidencia democrática y ya ha dado pasos importantes en esa dirección. Sin embargo el gen autoritario priista nos hace temer la posibilidad de una regresión. También hay señales que pudieran conducir a esa indeseable ruta. La alternativa está abierta, estamos frente a un dilema que habrá de resolverse a lo largo del presente gobierno; de su desenlace dependen el futuro de México, el del partido en el gobierno y el legado del actual mandatario.

La política no debe reducirse a la genética. El hecho de que Peña Nieto haya reafirmado el liderazgo dentro de su partido no significa necesariamente un intento por reinstaurar el presidencialismo autoritario. En las democracias avanzadas el control del Ejecutivo sobre su propio partido es condición de gobernabilidad, trátese de regímenes presidencialistas, como el de Estados Unidos; semipresidencialistas, como en Francia; o parlamentarios, como en la Gran Bretaña. Para ejercer el poder hay que tenerlo, y para ello el apoyo del propio partido es indispensable. Una presidencia débil no significa que sea democrática, como pudimos comprobarlo durante las administraciones de Fox y Calderón.

Ante el fracaso de las presidencias panistas la opción razonable no es volver a una autocracia electiva. Por interés propio y del país el gobierno priista debe evitar a toda costa caer en la tentación autoritaria y cancelar cualquier intento por revivir un salinato con copete –a pesar de las analogías que pudieran existir entre ambos inicios de gobierno–, a menos que se aspire al sangriento caos en que culminó ese aciago sexenio.

Maquiavelo recomendaba al príncipe la conveniencia de ser temido, incluso por encima de la posibilidad de ser amado por sus súbditos. Con el operativo Elba el presidente Peña logró introducir el miedito necesario para que líderes sindicales, gobernadores, funcionarios e incluso los grandes empresarios sean conscientes de su propia vulnerabilidad y actúen en consecuencia. Mediante ese acto de fuerza el presidente logró reafirmar su poder. Ahora es tiempo de ser congruente en la aplicación de la ley contra otros epítomes de corrupción patente y ofensiva. Sería una forma de fortalecer la autoridad presidencial.

Fragmento del análisis que se publica en la edición 1898 de la revista Proceso, ya en circulación.

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