MÉXICO, D.F. (apro).- Las comisiones unidas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron esta tarde con modificaciones minúsculas, el dictamen de la Ley General de Víctimas, que se espera sea aprobada en el pleno este jueves 21. En lo general, el dictamen se aprobó por unanimidad. La discusión de la ley duró poco más de tres horas, en las que la mayoría de las reservas propuestas por el PAN fueron rechazadas en bloque por el resto de legisladores. Los únicos cambios aprobados consistieron en incluir como sujetos beneficiarios de la ley a comunidades o grupos indígenas; la posibilidad de acudir al sistema federal de atención a víctimas si se niega el apoyo a nivel estatal; la obligación de que los funcionarios públicos que trabajen en el sistema victimal den vista al Ministerio Público de los delitos que deben perseguirse de oficio y el acotamiento de los plazos para que las víctimas reciban atención. Algunas de las propuestas del PAN que no se incluyeron iban en el sentido de que las entidades federativas sean sancionadas, con menos recursos, si no aportan recursos para la atención de sus víctimas. Este planteamiento iba con dedicatoria a los gobiernos priistas del Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas que, según el senador Roberto Gil, son las que presentan más hechos delictivos. Otro intento del PAN era impedir que una víctima que hubiera recibido reparación por parte del Estado o compensación subsidiaria pudiera llevar su caso a otros tribunales para recibir otro tipo de indemnización. Al final de la sesión, el senador Gil Zuarth se quejó de “la aplanadora” que vetó la mayoría de las modificaciones a la ley propuestas por su partido y, varias de ellas, contenidas en el alegato jurídico que en su momento presentó Felipe Calderón. Ya antes el senador Ramón Corral había pedido que se dejara de mirar con prejuicio las exposiciones de los panistas. Antes de la reunión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Emilio Gamboa Patrón, había adelantado que la reforma sería aprobada hoy por comisiones y mañana, en el pleno, aun cuando se dudaba si las reservas del PAN entramparían la discusión. Otro de los puntos de discusión en la sesión fue cuántos días hábiles dispondría el sistema nacional de atención a víctimas para dar respuesta a una petición de ayuda, con lo que se acortó el plazo de 30 días, como estaba planteada inicialmente. A diferencia de otras ocasiones, en esta discusión no estuvieron presentes familiares de víctimas de la violencia. Por parte de los movimientos ciudadanos de víctimas estuvo la presidenta de Causa Común, María Elena Morera; los asesores del Movimiento por la Paz, Julio Hernández Barros y Santiago Corcuera; así como el abogado Samuel González, quien trabaja con María Isabel Miranda de Wallace. En la sala entregaron un comunicado en el que la presidenta de Alto al Secuestro se congratulaba por las reformas a la ley y exigía fondos para que respondan entidades y municipios. A petición del senador panista Javier Corral, en los antecedentes de la ley se mencionará que ésta surge de las iniciativas ciudadanas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y las asociaciones Causa Común, Alto al Secuestro y México SOS.