CANCÚN, Q. Roo (apro).- El abogado Héctor Alpuche Pajón presentó hoy en el Congreso local una demanda de juicio político en contra del gobernador Roberto Borge, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE), Fidel Villanueva Rivero, y cinco magistrados más que se han eternizado en sus cargos. Entrevistado luego de ratificar la demanda en el Palacio Legislativo de la ciudad de Chetumal, el litigante explicó que, en el caso particular del mandatario estatal, la demanda es por omisión al no abrir la convocatoria para sustituir a los cinco magistrados que llevan en sus cargos 19 y 25 años cuando la Constitución establece un tope de 12 años. “La Ley marca que el periodo es de seis años, con derecho a reelegirse por un periodo de otros seis años”, dijo. El abogado refirió que la expresidenta del TSJE, Lizbeth Loy Song Encalada, lleva 25 años como magistrada; Oscar Enrique Aguilar Angulo, Arturo Isidro Pacheco Montalvo, Carlos Francisco Sosa Huerta acumulan 19, y Norma María Loria Marín suma 15. En la administración del exgobernador Félix González Canto, dijo, se reformó el marco legal de la entidad a fin de establecer un máximo de 12 años de permanencia de los magistrados del TSJ. “Pero, trascurrió el tiempo legal para que sea presentado un recurso contra esa disposición y quedó como afirmación táctica”, indicó. En la demanda, el litigante, refiere que el artículo 100 párrafo tercero de la Constitución del estado establece que: “Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo un período de seis años, podrán ser reelectos por una sola vez, para un período de igual duración…”. A su juicio, al sobrepasar el tiempo legal, los cinco magistrados “incurren en el delito de usurpación de funciones. Obvio resulta que todas y cada una de las resoluciones tomadas como magistrados resultan nulas e ilícitas, porque las realizan, repito, cuando constitucionalmente han dejado de ser magistrados”, se consigna en la demanda. En entrevista, el abogado Alpuche Pajón sostuvo que la ley obliga al gobernador a presentar las ternas al Congreso del estado a fin de elegir a los nuevos magistrados. De igual modo, acusó al presidente del TSJ por encubrir esta situación irregular en el Poder Judicial del estado. “Es de llamar la atención que en donde ni la máxima instancia para impartir justicia en el estado, se actúe con ilegalidad”, dijo. El litigante indicó que un magistrado goza de privilegios, con un salario de unos 100 mil pesos mensuales, y el apoyo de auxiliares, como choferes y asistentes. Sólo dos magistrados numerarios del pleno del TSJE están incluidos en esta demanda de juicio político: Mario Alberto Aguilar Laguardia y José Manuel Ávila Fernández, quienes, ademán esta al frete del Sala Constitucional y Administrativa de Chetumal. Aunque el magistrado Aguilar Laguardia, enfrenta una demanda de juicio político y otras denuncias, por despojo de terrenos.