Ante la eventual declaración de quiebra de Mexicana de Aviación y la huelga prevista para el 1 de abril, el gobierno federal elaboró un complejo plan para combatir disturbios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así, mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aparentaba atender las preocupaciones de los empleados y jubilados de la aerolínea, se afinaban detalles para que las fuerzas federales ahogaran toda protesta por la muerte de sus esperanzas. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Elaborado desde principios de marzo, un plan concebido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pretende evitar que el personal inconforme de Mexicana de Aviación impida la operación de otras aerolíneas y afecte a prestadores de servicios o al resto de la terminal aérea. La estrategia, denominada Plan emergente. Acciones del personal de Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y de la cual Proceso tiene una copia, prevé el estallamiento de la huelga para “el primer minuto del 1 de abril” por parte de dicho personal, con la participación de organizaciones afines a los sindicatos aéreos. El “detonante”, como se menciona en el documento, sería la “resolución judicial declarando la quiebra de Mexicana de Aviación, considerando que el día 25 de enero de 2013 venció el plazo otorgado por el juzgado a efecto de que cualquier interesado presentara y acreditara sus propuestas económicas”. No obstante, el 26 de marzo Alfonso Sarabia, director del AICM, todavía les garantizó a trabajadores jubilados de Mexicana de Aviación que mantienen su huelga de hambre desde el 18 de marzo que respetaría su derecho a manifestarse en esas instalaciones. Según el plan emergente, los 8 mil 500 trabajadores que se quedaron sin empleo desde hace casi tres años “conocen los procedimientos de seguridad a seguir por el AICM y en consecuencia, ante una amenaza, es posible que sea el propio aeropuerto quien deba suspender operaciones de una aerolínea”. El 30 de julio de 2010 Mexicana de Aviación emitió una circular para anunciar su eventual quiebra; solicitó a la justicia mexicana y estadunidense aplicar medidas de protección contra sus acreedores (concurso mercantil), y mediante su línea de bajo costo Mexicana Link, el Grupo Posadas –dueño de la concesión– convocó a concurso para seleccionar a los pilotos para sus vuelos a Estados Unidos. Gastón Azcárraga, en ese entonces accionista mayoritario del Grupo Posadas, señaló que había tomado esa decisión porque la aerolínea tenía una deuda de 200 millones de dólares. El entonces director de ésta, Manuel Borja Chico, argumentó que la tormenta financiera se recrudeció por el alza de las gasolinas, la crisis económica y la contingencia sanitaria provocada por la influenza en 2009. Sin embargo, documentos obtenidos por este semanario (Proceso 1762) demuestran que la estrategia del Grupo Posadas se fraguó desde 2008, cuando sus inversionistas decidieron crear el Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) y ceder los derechos de las empresas, inmobiliarias, flotillas, edificios y activos del Grupo Mexicana de Aviación (GMA). Los dueños de NGA y GMA son los mismos: Grupo Posadas y sus inversionistas, entre ellos Banco Ixe, uno de cuyos consejeros propietarios en el consejo de administración es Javier Molinar Horcasitas, hermano del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, el panista Juan Molinar Horcasitas. Los otros integrantes de dicho consejo son Gastón Azcárraga, Álvaro Fernández Garza, Juan Ignacio Gallardo Thurlow, así como Ricardo, Estela y Javier Amtmann Aguilar, quienes aportaron financiamiento a la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006. La cesión, declarada ante la Comisión Federal de Competencia (CFC) el 29 de diciembre de 2009, abarcó las acciones de CMA, Aerovías Caribe (Click Mexicana), Mexibal, Aeropuertos y Terrenos (ATSA), Aerosys, Centro de Capacitación Alas de América, Turborreactores, Aero Eventos Mexicanos, Servicios Frecuenta, Mexicana MRO, Gamma Servicios de Negocios, Servicios In Eligendo, Datatronic, Grupo Corporativo Mexicana, Aeromonterrey y Aerolibertad/Aeropacífico (las dos últimas nunca han operado), que eran propiedad de GMA, según el documento de siete fojas. El importe de la operación superó los 986 millones 400 mil pesos. La transacción fue formalizada el 22 de febrero de 2010 por el notario 103 del Distrito Federal, Armando Gálvez Pérez Aragón. De acuerdo con el documento 0937911, incluido en el expediente 0781720 del folio 0036187 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Mexicana trasladó a NGA los derechos de los registros de marca, avisos comerciales y solicitudes de registro de marca, incluyendo logotipos, diseños, eslóganes y avisos comerciales. Después involucraron al exdirector de finanzas de Mexicana de Aviación, Gerardo Barrera Segura, en un presunto fraude por 15 millones de pesos contra la empresa; argumentaron que esa sangría de recursos y el alto costo de los contratos colectivos de sus trabajadores hacían incosteable a la aerolínea. Desde 2006 los dueños de Mexicana negociaban con los organismos gremiales ASSA, ASPA y el SNTTTASS la reducción de esos contratos colectivos. A los pilotos les quitaron su aumento salarial por cuatro años, redujeron el personal, incrementaron sus jornadas laborales y redujeron sus descansos y prestaciones como el aguinaldo, prima vacacional y pagos por horas nocturnas y aterrizaje. Con estas medidas la empresa ahorró 450 millones de pesos y 110 millones más por reducción en jubilaciones de pilotos. A los trabajadores de tierra les congelaron los salarios por tres años, firmaron seis convenios para cancelar sus incentivos, aumentaron sus jornadas laborales, se redujo al personal sindicalizado de 504 a 224 trabajadores, y se ahorraron así 75 millones de pesos. Además, mediante los convenios la empresa dejó de erogar 50 millones de pesos por año y 575 millones de pesos por la negociación del contrato colectivo. El problema surgió cuando el sindicato de sobrecargos no renegoció su contrato colectivo y el 2 de marzo de 2007 Mexicana interpuso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una denuncia de naturaleza económica contra ASSA alegando que sus finanzas eran precarias. El sindicato de sobrecargos se amparó, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el asunto en su contra. Los miedos Con esos antecedentes, en el plan emergente se prevé que participe en el operativo personal de la Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal (PF) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la SCT mediante su Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y su Dirección General de Comunicación Social. Además, se incluye a la Procuraduría General de la República (PGR) representada por el Ministerio Público, al Estado Mayor Presidencial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al propio AICM. En el apartado “d”, denominado “acciones probables por parte del personal de Mexicana de Aviación” se prevé la “incursión de personas y vehículos en las pistas y su posible contaminación con elementos metálicos: impedir que otras aerolíneas atiendan a sus pasajeros en mostradores; bloqueo en los Puntos de Inspección de Seguridad (PIS); invasión de las Salas de Última Espera (SUE’s); toma de instalaciones, reteniendo a las personas presentes (rehenes); toma de instalaciones; amenazas (seguramente ficticias) de artefactos explosivos a bordo de aeronaves y/o instalaciones estratégicas; manifestaciones en las instalaciones (se ha registrado presencia de actores ajenos: SME, STUNAM, Sindicato de Telefonistas, Sindicato de Trabajadores del GDF); bloqueos de las vialidades internas del aeropuerto (zonas bajo jurisdicción federal) y/o en las vialidades urbanas que conectan al Aeropuerto (zonas bajo jurisdicción del Gobierno del DF)”. De manera paralela, se contempla tomar “medidas institucionales”, como lanzar una campaña en medios de comunicación “para generar corrientes de opinión pública favorables al aeropuerto –se trata de resaltar la importancia económica y social de las operaciones del aeropuerto”. Asimismo, “solicitar la presencia oportuna de las Fuerzas Federales, e incluso del Ejército, para preservar en el caso de afectaciones a las operaciones aeronáuticas. Solicitar la presencia y apoyo de inspectores adscritos a la DGAC para conocer e intervenir en el caso de afectaciones a las operaciones aeronáuticas. Solicitar la presencia del Ministerio Público Federal para conocer y adoptar medidas en actos que pudiesen constituir delitos del orden federal”. Ante estos “posibles riesgos”, las autoridades federales elaboraron una “matriz”, en la cual aparece como el peligro mayor la toma de las instalaciones aeroportuarias, tomando como referencia principal la marcha realizada en 2010 por el SNTTTAS “en la cual se concentraron alrededor de 2 mil personas, obstaculizando los principales accesos viales del aeropuerto”. Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1900, ya en circulación.