MÉXICO, D.F. (apro).- La Asociación de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) reprochó al presidente Enrique Peña Nieto el incumplimiento de su promesa de “legislar y fortalecer” las disposiciones en materia de derechos humanos, como lo expresó durante la firma del Pacto por México. En una carta que fue entregada en la embajada de Francia en México, al frente de la cual fue nombrado Agustín Lopez-García Loaeza, el delegado de ACAT, Jean Etienne de Linares, pide a Peña Nieto abolir la figura del arraigo, como lo han recomendado diversos organismos internacionales de derechos humanos, por considerar que es una detención arbitraria, además de que facilita la ejecución de la tortura. La misiva retoma las posiciones del procurador general de Justicia, Jesús Murillo Karam, y del subprocurador Ricardo García Cervantes. Del primero de ellos reconoció su interés por realizar investigaciones sólidas para no recurrir al arraigo, y de García Cervantes resaltó el hecho de que hubiera admitido que esa medida cautelar ha dejado “secuelas de abusos y violación a los derechos humanos”. Aunque celebra que dentro del gabinete de Peña Nieto haya voces críticas hacia el arraigo, el directivo de ACAT precisa: “Hasta donde sabemos, la PGR continúa ordenando detenciones bajo arraigo”. En la misiva, ACAT recuerda a Peña Nieto que para las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, el arraigo es “contrario a todos los estándares internacionales de derechos humanos”, además de que se han documentado casos en los que “policías y militares han torturado a personas detenidas bajo arraigo a fin de extraerles confesiones, todo ello con la participación del Ministerio Público encargado de la acusación”. Y, también, que las detenciones son efectuadas “en secreto y en lugares inadecuados, como instalaciones militares, hoteles o casas particulares”. Para la organización, “dicha forma de detención atenta contra las garantías legales de las personas detenidas y facilita la fabricación de culpables con el fin de obtener soluciones expeditas de los casos”, en detrimento de la adopción del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, “que debe priorizar la búsqueda de la verdad”. En el documento, Jean Etienne de Linares dice al Ejecutivo mexicano que no existen recursos efectivos contra el arraigo, y tan es así, subraya, que durante el examen de México ante el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), a finales de 2012, la delegación mexicana reconoció que 6 mil 102 personas solicitaron la protección de la justicia federal, pero sólo 188 obtuvieron el beneficio. ACAT destaca que pese a lo concurrido de la medida, tanto por autoridades federales como estatales, es “totalmente ineficaz en la lucha contra el crimen organizado en México. Sólo 3.3% de las personas puestas bajo arraigo –apunta– fueron posteriormente condenadas por la justicia. Todas las demás fueron privadas de su libertad y maltratadas sin ninguna razón antes de ser puestas en libertad, sin obtener ningún tipo de reparación del daño”. Enseguida, la organización internacional enlista los organismos y relatores internacionales que se han pronunciado en contra del arraigo: Subcomité para Prevenir la Tortura de la ONU, Consejo de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos, Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, CAT y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, le recuerda a Peña Nieto que con la firma del Pacto por México, en diciembre pasado, “usted se comprometió a ‘legislar y fortalecer el marco jurídico en materia de (…) tortura, tratos crueles e inhumanos, degradantes y de desaparición forzada’. Es por ello, señor presidente, que le pedimos que se pronuncie a favor de los derechos humanos y de la lucha contra la tortura”. También demanda abolir “total e inmediatamente” el arraigo; exigir “averiguaciones prontas, efectivas e imparciales en lo que toca a la tortura y los malos tratos denunciados”, en particular los casos relacionados con la medida, “con el fin de que los responsables comparezcan ante la justicia”, y reforzar los “mecanismos de control interno que obliguen a las fuerzas policiales y judiciales, así como al Ministerio Público, cumplir la ley y rendir cuentas”. La organización con sede en París lanzó una campaña contra el arraigo, en la que colaboran el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.