DURANGO, Dgo. (proceso.com.mx).- La Sala Colegiada del Tribunal Electoral de Durango invalidó este domingo la coalición pactada entre el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo, al considerar que se violaron preceptos marcados en el artículo 48 de la Ley Electoral del Estado. De acuerdo al proyecto presentado por el presidente del Tribunal, Raúl Montoya Zamora, ni el PAN ni el PT respetaron el párrafo 1 del citado artículo, en el que se señala que para el registro de la coalición, los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán: “Acreditar que la coalición fue aprobada por la Asamblea Estatal u órgano equivalente de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral y la declaración de principios, programa de acción y estatutos de uno de los partidos políticos coaligados o bajo la declaración de principios, programa de acción y estatutos únicos de la coalición (…)”. En el juicio de Montoya, se señala que la decisión de aliarse por parte de ambos partidos, se tomó en Consejos Estatales y no en Asamblea General. La resolución, votada a favor por los tres miembros del Tribunal Electoral, revocó el acuerdo 25 emitido el 9 de abril por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, en el que se aprobó el registro de la coalición denominada “La Gran Alianza es por ti y por la Dignidad de Durango”. Tras la decisión, los dos partidos políticos realizaron una rueda de prensa conjunta en la que anunciaron que interpondrán un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El represente del PAN ante organismos electorales, José Luis López Ibáñez, declaró que existen precedentes, incluso en Durango, de alianzas electorales que funcionaron y se aprobaron bajo el mismo precepto legal, por lo que confió en un fallo a favor.} Por su parte, el dirigente estatal del blanquiazul, Víctor Hugo Castañeda Soto, y el líder moral del PT, Alejandro González Yáñez, advirtieron que la alianza se mantendrá de facto, incluso si el Tribunal Federal ratifica la decisión del órgano local.