Implican a primo de Ivonne Ortega en presunto desvío de 216 mdp

MÉRIDA, Yuc. (apro).- El ayuntamiento de esta ciudad interpuso una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables del desvío de recursos de la comuna por 216 millones 381 mil 215 pesos con 92 centavos en la pasada administración que inició la senadora Angélica Araujo Lara y concluyó como interino Omar Lara Pacheco, amiga y primo, respectivamente, de la exgobernadora y actual secretaria general del PRI, Ivonne Ortega Pacheco.

El alcalde panista Renán Barrera Concha informó que la denuncia, que dio lugar a la averiguación previa 556/6/2013, se presentó por conducto del apoderado legal del ayuntamiento, Rodrigo Osorio Cáceres, en la agencia investigadora número 6 de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Destacó que la denuncia está basada en “graves anomalías” detectadas en una revisión minuciosa de documentos, estados financieros y actas de cabildo.

En conferencia de prensa, en la que se hizo acompañar por el secretario de la comuna, Alejandro Ruz Castro, y la directora de Gobernación, Lizette Mimenza Herrera, el munícipe dijo que cumplió con presentar y sustentar las debidas pruebas de los presuntos hechos delictuosos y así solicitar a las autoridades correspondientes que cumplan con su obligación de investigar al respecto.

Asimismo, se dieron a conocer algunas de las pruebas del manejo de recursos y sobregiros presupuestales y financieros del erario público municipal por un monto de 216 millones 381 mil 215.92 pesos, lo cual, consideraron, “evidencia una maquinación orquestada por los ex funcionarios municipales”.

“La normatividad aplicable al municipio de Mérida, responsabiliza a los servidores públicos municipales de faltar a la obligación de salvaguardar los recursos públicos que debían ser gastados conforme a la ley”, recordaron.

Además, expusieron que, “al faltar a sus obligaciones, los exfuncionarios municipales pusieron en riesgo los recursos públicos para obras y servicios aprobados por el cabildo para beneficio de los meridanos y ejercieron recursos en rubros y proveedores para los que no tenían autorización de gastar, comprometiendo además los recursos que correspondían a la administración municipal que inició en septiembre de 2012”.

Entre sus argumentaciones, recordaron que en diciembre de 2011 se aprobó el programa operativo anual, así como los presupuestos a ejercer en 2012 por un importe de mil 807 millones 773 mil 608 pesos, cifra sobre la cual determinaron ejercer de enero a agosto la cantidad de mil 280 millones 278 mil 109 pesos.

“Sin embargo, a siete días de concluir la administración, esa cantidad que ejercerían fue modificada en sesión extraordinaria del 24 de agosto, para quedar en mil 449 millones 368 mil 293 pesos”, destacaron.

Añadieron que adicionalmente, “se detectó que ese presupuesto ya modificado o alterado, difiere en mucho a la cantidad reportada en los estados financieros correspondientes como ingreso total al 28 de agosto de 2012, que se plasmó por mil 246 millones 985 mil 205 pesos con 60 centavos”.

La denuncia por el presunto desvío por más de 216 millones es, dijeron, la suma de los sobregiros presupuestales y financieros y el desvío de la reserva del aguinaldo realizado al erario público”.

Al respecto, detallaron que se encontraron “facturas no contabilizadas que se dejaron dispersas en distintas direcciones, entre facturas reconocidas y no reconocidas en los procesos de entrega recepción y que suman la cantidad de 93 millones 917 mil 982.50 pesos, cuyo importe para cubrirlas no estaba considerado en los compromisos y recursos que la administración saliente dejó como pendientes”.

En los rubros de recursos propios y del fondo de aportaciones para el fortalecimiento, hizo falta dinero en chequeras por un importe de 86 millones 316 mil 404.42 pesos.

También documentaron un “desvío de la reserva para el pago de aguinaldos del año 2012, por la cantidad de 36 millones146 mil 831 pesos” y en este punto explicaron que el entonces tesorero, Carlos Bastarrachea Lara, “sin autorización ni facultad alguna, en contra de los acuerdos aprobados por los regidores, autorizó emplear dichos recursos para el pago de otros compromisos del ayuntamiento, distintos al fin para el cual se aprobaron y habían sido reservados”.

“La reserva fue desviada de la cuenta bancaria en tres momentos diferentes de junio a agosto de 2012, dejando sin dinero dicha cuenta y a los empleados municipales desamparados”.

Tras la denuncia, Hugo Sánchez Camargo, presidente estatal del PAN reiteró el interés de su partido en que se denuncie, investigue y castigue a los responsables de la situación económica en que quedó Mérida “a manos de la anterior administración”.

Destacó que “este anuncio debe servir de recordatorio y ejemplo al titular del Ejecutivo estatal”, Rolando Zapata Bello, “para que cumpla con la palabra empeñada, informe sobre casos similares del gobierno estatal anterior y actúe en consecuencia”.

Estos desvíos de recursos que hoy se denuncian ante las autoridades correspondientes, dijo, “se propician en gobiernos opacos que pasan por alto las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información y transparencia”.

La semana pasada el PAN denunció ante la Contraloría General del Estado y el Instituto de Acceso a la Información Pública (INAIP) “la situación generalizada que priva en el gobierno de Rolando Zapata Bello en cuyos portales no existe información actualizada y completa como exige la Ley respectiva, violando varios de sus artículos y haciéndose acreedor a sanciones que deberán aplicarse”.

Y recalcó que el PAN se mantendrá vigilante del proceso que el Inaip, la Contraloría y la Fiscalía General de Estado sigan sobre las quejas y denuncia presentadas, a fin de que se llegue a las últimas consecuencias y se finquen responsabilidades a quienes hayan transgredido la ley.

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