CUERNAVACA, Mor. (apro).- El ayuntamiento de esta ciudad presentó sendas denuncias ante las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia estatal (PGJ) contra el exedil Rogelio Sánchez Gatica, el extesorero, Nelson Torres Mondragón, y el exsecretario municipal, Alejandro Montalvo Pérez, por un posible quebranto de 65 millones de pesos. Fernando Martínez Cué, síndico municipal, explicó que en las querellas se encuentra implicada también la empresa financiera Padimex, S.A. de C.V. por el presunto delito de fraude. El funcionario municipal detalló que una de las denuncias tiene su origen en un contrato irregular que celebraron el entonces presidente municipal, Sánchez Gatica y su tesorero Nelson Torres Mondragón con la empresa Padimex, S.A. de C.V. para un préstamo de 53 millones de pesos que se realizó sin autorización del Cabildo. Dicho dinero se utilizó finalmente para el pago de proveedores. El préstamo estaba destinado para afrontar la crisis que vivía el ayuntamiento al no tener fondos económicos para la nómina y el pago de aguinaldos en diciembre del 2011. Además, Padimex no cuenta con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria (CNBV) para realizar operaciones de crédito, señaló el funcionario municipal. Martínez Cué precisó que el contrato fue tan desventajoso para el ayuntamiento que los 53 millones de pesos fueron contratados a una tasa de interés del 2%, es decir, casi una tasa del 24% anual, lo que equivale aproximadamente a tres veces la tasa que señala una institución bancaria. No paró ahí. El expresidente municipal y suextesorero se obligaron a pagar un interés de 1% diario en caso de incumplimiento de pago. El síndico municipal mostró tres cheques sin fondos que el extesorero municipal extendió a favor de Padimex y explicó que según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, su sola expedición y presentación ante la institución bancaria genera una pena del 20%, lo que sumó 10 millones 600 mil pesos a la deuda En la denuncia el ayuntamiento acusa a los exservidores públicos de realizar las operaciones financieras y de crédito sin autorización del máximo órgano de gobierno y también por violar disposiciones administrativas y contables.