Chanchullo jarocho

El chanchullo jarocho descubierto y denunciado penalmente por el PAN puso en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto. En un principio, la estrategia oficial pretendió desactivar la bomba política ocasionada por la presunta utilización de recursos de la Sedesol destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre para favorecer a los candidatos del PRI en Veracruz, mediante la destitución de funcionarios de nivel medio, el espaldarazo presidencial a Rosario Robles y el intento por minimimizar el escándalo en los medios de comunicación. La estrategia no funcionó y el gobierno se vio obligado a rectificar.

La denuncia penal presentada por el PAN el martes 16 consta de 50 cuartillas y está sustentada en 13 horas de grabaciones de audio y video que muestran de manera contundente y probatoria la existencia de una red de complicidad entre los tres niveles de gobierno para la compra de votos. Ambos documentos revelan que los principales implicados en dicha trama de corrupción político-electoral son el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, contra quienes el PAN ha demandado juicio político por haber utilizado recursos públicos de programas sociales con fines electorales. Las bancadas del PRD y el PT en la Cámara de Diputados se sumaron a la demanda panista.

Al mismo tiempo, los presidentes del PAN y del PRD manifestaron su inconformidad con la reacción del gobierno ante la denuncia del chanchullo jarocho y se negaron a asistir a la presentación de la reforma financiera, prevista para el martes 23 a las 10 de la mañana en Palacio Nacional. A las dos de la mañana de ese día, Presidencia dio a conocer un comunicado en el cual se informa de la suspensión de las actividades públicas relacionadas con el Pacto por México, “con el fin de abrir un espacio para el diálogo franco que permita superar los desencuentros”. El gobierno afirma que no escatimará esfuerzos para asegurar que el pacto “continúe siendo un instrumento eficaz de cambio”.

La rectificación presidencial fue acertada y oportuna, pero no es suficiente. Su declaración del “No te preocupes, Rosario”, emitida el sábado 20 en Chiapas, tuvo la intención no sólo de apoyar a su secretaria, sino de minimimizar la perversa intención de intercambiar beneficios sociales por votos, lo cual, además de ser un delito electoral, ofende la dignidad ciudadana. Es necesario que la denuncia del PAN se lleve hasta sus últimas consecuencias con el fin de castigar a los responsables y evitar el uso corrupto de recursos públicos destinado a los 7.4 millones de mexicanos que padecen hambre. La investigación judicial debiera estar a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dependiente de la Procuraduría General de la República, que a su vez depende de la voluntad del Ejecutivo. ¿Irá a fondo la investigación?

No es casual que la mayoría de los delegados de la Sedesol nombrados hasta ahora provengan de comités estatales, congresos locales y federal, así como de gabinetes de los estados gobernados por el PRI, sin experiencia en programas de desarrollo social. Entre ellos destaca el caso del conocido operador político Pedro de León Mojarro, quien coordinó la campaña presidencial de Peña Nieto en Zacatecas y fue nombrado por Robles coordinador de los delegados de la Sedesol en los estados (El Financiero, 10/IV/13). Ello revela una probable estrategia de corrupción electoral a escala nacional.

La pobreza social no puede combatirse con miseria política. Tampoco puede emprenderse la modernización del país manteniendo los usos y costumbres del pasado. Es necesario erradicar vicios envejecidos como el clientelismo, la compra de votos, la utilización de la política social con fines electorales, la simulación, el cinismo, la intolerancia, el uso político de la ley, el engaño, la amenaza contra la libertad de expresión y el control de la información que, lejos de haber muerto, parecen renacer con vigor renovado. No han sido superados, sino depurados.

Aunque la genética no representa un factor determinante en política, como ocure en el ámbito de la biología, el DNA autoritario se manifiesta con fuerza creciente en el anunciado “nuevo PRI”. Si la aspiración al carro completo anunciada por César Camacho se logra mediante “billetazos y engaño”, como lo dijo Gustavo Madero, no sólo se pone en riesgo el Pacto por México, sino que se impide el avance democrático del país. La nostalgia de hegemonía no debe ni puede imponerse sobre las ofertas de “transformar a México” o de instaurar una Presidencia democrática. Es preciso evitar que se ensanche la distancia entre el país legal y el país real o que crezca la sombra del autoritarismo.

La impunidad es el principal obstáculo para el imperio de la ley. Por ello es necesario desenmascarar y sancionar a los campeones del disimulo, como el gobernador Duarte, quien además de encabezar la red de corrupción electoral en Veracruz, utiliza el poder para fabricar una sentencia a modo con el fin de ocultar la verdad sobre el asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en esa entidad, perpetrado hace un año (Proceso 1902).

De acuerdo con un informe eleborado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias  y el Instituto Internacional de Prensa, “Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los profesionales del periodismo” e incluso “se sabe que, en muchos casos, el crimen organizado actúa bajo los dictados del gobierno local” (Proceso 1903). El régimen de “hostil intolerancia” implantado por Duarte ha puesto en peligro la vida de Jorge Carrasco Araizaga, reportero de este semanario, que actuó como coadyuvante en las investigaciones ministeriales sobre el homicidio de Regina Martínez Pérez.

La vigencia de la corrupción electoral y de la amenaza contra la libertad de expresión, entre otras prácticas autoritarias desarolladas durante 71 años de domino del PRI, que por cierto no han sido ajenas al PAN y al PRD, hacen necesaria una cruzada nacional contra la regresión.

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