Liberan a implicada en ejecución de su esposo e hija; también traía armas y droga

martes, 30 de abril de 2013 · 19:38
MEXICALI, B.C. (apro).- Silvia Patricia Anaya Santa Rosa fue detenida en Tijuana con armas, un cargamento de “cristal” y dinero obtenido por la venta de esta droga. Y a partir de hoy está libre. La mujer era esposa del principal líder del narcomenudeo en esta frontera, Julio César Ávila Magadán El Sargento, quien formó una banda denominada Los Talibanes. El pasado 17 de abril, al menos dos gatilleros acribillaron a Ávila Magadán –quien tenía 51 años– y a su hija Vianey, en el momento en que transitaban en una camioneta por la colonia Lomas del Porvenir, en el sur de Tijuana. Silvia Patricia fue detenida minutos después del doble homicidio, cuando pretendía huir con la droga, armas y dinero que guardaba en su casa. Además de ella, otras seis personas fueron detenidas por su presunta participación en narcomenudeo y en el doble asesinato. Inicialmente, la Agencia del Ministerio Público del fuero común remitió el caso al Ministerio Público de la Federación, por considerar que no era de su competencia, a pesar de que desde este año está dentro de sus facultades iniciar procesos penales por narcomenudeo. El 26 de abril, Anaya Santa Rosa fue consignada por traficar droga y por presuntamente ordenar el homicidio de su esposo. Los otros detenidos fueron liberados, por falta de elementos. Hoy, la titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Rosa Eugenia Gómez Tello, consideró que la Subprocuraduría contra Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia de Baja California y la Policía Municipal de Tijuana violaron los derechos fundamentales de Anaya Santa Rosa, quien, por lo tanto, logró su libertad. Según la juez, Anaya Santa Rosa fue mantenida durante casi 24 horas “privada de la libertad” sin que se le especificaran los delitos por los que se le investigaba. La juez sostuvo que la Policía Municipal tardó nueve horas en presentarla ante la PGJ. Y la droga, armas y dinero quedaron en poder de la Agencia del Ministerio Publico de la Federación para su resguardo.

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