Constructora de Slim firma contrato con Pemex por 415 mdd

El empresario Carlos Slim. Foto: Octavio Gómez El empresario Carlos Slim. Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- Las demandas y protestas de los últimos días en Colombia y Perú contra el empresario Carlos Slim no han frenado al magnate en su carrera por aumentar los dividendos de sus empresas en México y en el resto del mundo.

Luego de que el dueño de Grupo Carso fue invitado por el gobierno de Kuwait y la iniciativa privada para invertir en ese país, Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un contrato por 415 millones de dólares con Operadora Cicsa por el arrendamiento de la plataforma de perforación marina “Independencia I”, que será utilizada en aguas del Golfo de México.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el pasado martes 7, la constructora –filial de Grupo Carso– detalló que se trata de un convenio para emplear “la plataforma de perforación marina tipo autoelevable cantiliver de patas independientes (Jack Up)”, la primera construida en México por la propia empresa del magnate Carlos Slim.

Operadora Cicsa –cuyas acciones ganaron ayer 2.21% en la BMV, cerrando la jornada en 73.53 pesos– detalló que el contrato, sin opción de compra, es por siete años e incluye el mantenimiento de la plataforma.

Carlos Slim, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, participa ya en la industria petrolera a través de sus empresas en los negocios de perforación de pozos, diseño y fabricación de plataformas, equipo especializado, así como ingeniería y construcción de ductos.

Apenas ayer, el gobierno kuwaití y la iniciativa privada de ese país invitaron al empresario a invertir en los proyectos que forman parte del Plan de Desarrollo, para los que se tienen destinados 140 mil millones de dólares.

El 15 y 16 de abril pasado, Slim visitó Kuwait, como parte de una delegación de empresarios mexicanos, integrada por Carlos Slim Helú, Carlos Peralta Quintero y Juan Carlos Peralta del Río, de Grupo IUSA, así como Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Empresarial Ángeles, quienes fueron recibidos como huéspedes de honor por Skeikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Emir del Estado de Kuwait.

En contraparte, el pasado viernes 3, decenas de jóvenes peruanos repudiaron la visita del magnate mexicano, quien participó en el XI Encuentro de empresarios de América Latina-Padres e Hijos, en Lima.

Durante la manifestación, los inconformes repartieron volantes en el que aseguraron que “el hombre más rico del mundo ha construido su imperio en base a monopolios de servicios fundamentales”.

También destacaron que “países como Colombia, Brasil, Argentina y México ya están luchando para evitar que las malas prácticas de Slim se sigan expandiendo en su territorio”, y “Perú debe alistarse para hacer lo mismo”.

En Colombia, en tanto, la empresa Claro, propiedad del magnate mexicano, enfrenta una demanda penal por desacato al mandato de un tribunal en ese país, ante la negativa para cumplir una sentencia judicial que le ordena devolver más de 100 millones de dólares a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), un consorcio de propiedad mixta.

De acuerdo con información publicada en la edición número 1905 de la revista Proceso que está en circulación, fuentes de la fiscalía comentaron que la investigación está “en etapa preliminar y práctica de pruebas” y que la decisión de citar a declarar al hombre más rico del mundo “la tomará el fiscal adscrito al caso”, después de concluir la fase procesal.

La denuncia penal contra Slim fue presentada en febrero pasado por el abogado Mauricio Mateus Rodríguez, quien –según la nota publicada– dice actuar “a título personal y por interés académico”.

En abril la fiscalía decidió acogerla e iniciar una investigación, lo que causó sorpresa entre abogados que consideraban improcedente esa demanda, toda vez que en Colombia las deudas económicas no son materia del ámbito penal, pues la Constitución impide castigarlas con cárcel.

Sin embargo, en la resolución 0-0926 de 2013, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, planteó que “analizados los hechos denunciados, la connotación y trascendencia que dentro del ámbito nacional e internacional tienen los mismos, este despacho estima que por la naturaleza de aquellos es menester designar especialmente a un fiscal delegado adscrito a la Unidad Nacional Anticorrupción que por reparto corresponda, el conocimiento de la investigación que se suscite por el presunto incumplimiento” de Claro.

Consultados por el semanario, los penalistas Fabio Humar y Francisco Bernate coincidieron en que el fiscal general actuó con apego a derecho al acoger la demanda, ya que el delito denunciado es “fraude a resolución judicial” –incumplimiento de un fallo emitido por un tribunal– y está tipificado como tal en el Código Penal colombiano. Es decir, Mateus Rodríguez no demandó a Slim por negarse a pagar una deuda, sino por desacato a una sentencia.

Claro es el mayor consorcio de las telecomunicaciones en Colombia, donde concentra 61.5% de los 48.6 millones de suscriptores de telefonía celular y 80% del tráfico de llamadas. Sectores políticos consideran a la empresa un monopolio y cuestionan sus enormes ganancias operacionales que el año pasado llegaron a mil 858 millones de dólares y convirtieron a este país en el segundo más rentable para Slim, sólo después de México.

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