Pakistán: El regreso de Musharraf

MÉXICO, D.F. (apro).- Chaudhry Zulfíkar, fiscal de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de Pakistan, fue asesinado a tiros en las calles de Islamabad, el pasado viernes 3. Se dirigía a una audiencia sobre el asesinato, en 2007, de la exprimera ministra Benazir Bhutto, en el que está coacusado el expresidente paquistaní Pervez Musharraf. El sábado 4 debió haber asistido a otra vista relativa a los atentados de 2008 en Bombay, India, que fueron atribuidos al grupo integrista paquistaní Lashkar-e-Toiba (LET).

Nadie reivindicó el ataque, pero las pistas giran siempre dentro de un mismo círculo. Apenas tres días antes de su muerte, Zulfíkar había dicho a la prensa que tenía “evidencia documental sólida que vincula a Musharraf con el asesinato de Bhutto”. El fiscal mismo promovió el arresto del exgeneral, después de su intempesitivo regreso en marzo a Pakistán, un acto sin precedentes que dejó boquiabierta a la opinión pública y causó el enojo de algunos círculos militares, según comentó Ilyas Khan en BBC News.

Zulfíkar –dice Khan– también presionó a la Corte para agilizar el proceso contra cinco miembros de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), los talibanes paquistaníes detenidos por el asesinato de Bhutto. Sus líderes han negado cualquier participación en ese crimen, pero miembros del grupo islamista han sido recientemente implicados en la muerte de varios candidatos seculares a las próximas elecciones generales del próximo sábado 11, lo que los vuelve a colocar en el vórtice de la violencia política.

Desde luego, también pudieron ser militantes del LET, que no se tentaron el corazón para dejar 166 muertos en Bombay. Pero hay algo más: el Inter-Services Intelligence (ISI), el temido servicio de inteligencia paquistaní, siempre ha tenido una relación cercana con el movimiento talibán –tanto del lado afgano como paquistaní– y no parece muy deseoso de que los fiscales de la AFI hurgen en estas relaciones. Como quiera que sea, escribió Declan Walsh en The New York Times, la muerte de Zulfíkar “evidencia la vulnerabilidad de altos funcionarios del gobierno que se atreven a desafiar a los militantes islamistas y otros poderosos intereses” dentro de la cúpula del convulsivo país asiático.

Sin duda el caso Bhutto-Musharraf ejemplifica bien cómo se manejan los hilos del poder en Pakistán.

Hija del fundador del Partido Popular de Pakistán (PPP), Zulfíkar Alí Bhutto, entre 1988 y 1996 Benazir fue dos veces elegida y dos veces defenestrada como primera ministra por cargos de corrupción, nepotismo y abuso de poder, que ella siempre sostuvo fueron inventados. Cuando Musharraf ascendió mediante un golpe de Estado en 1998, ella decidió autoexiliarse en Londres, sólo para volver en 2007 con el fin de participar en las elecciones generales, pero fue asesinada.

Militar de formación, Musharraf gobernó por su parte con pragmatismo y mano dura hasta 2008, cuando ya no se pudo recuperar de las consecuencias políticas del asesinato de Bhutto, con el que desde un principio se le vinculó. Su lugar fue ocupado por el viudo de Benazir, Asif Alí Zardari, por lo que esta vez el que decidió autoexiliarse en Londres y Dubai fue el exgeneral. En marzo volvió para participar en las elecciones generales de mayo, pero fue inhabilitado y arrestado.

Además de su implicación en la muerte de Bhutto, Musharraf enfrenta cargos por el asesinato de Nawab Bugti, un dirigente nacionalista de la provincia de Baluchistán, y por la detención inconstitucional de 60 jueces a fines de su mandato, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry, lo que ha sido calificado de alta traición.

En febrero de 2012 el gobierno de Islamabad tramitó una “nota roja” para regresar a Musharraf a Pakistán a través de la Interpol. El ministro del Interior, Rehman Malik, hizo el anuncio en el marco de una presentación de los avances en la investigación del caso de Bhutto. Apoyado en un programa de Power Point, grabaciones y videos, el funcionario mostró evidencias que señalan al antiguo líder de los talibanes paquistaníes, Baitullah Mehsud, quien habría pagado 4 mil 500 dólares a militantes islamistas para llevar a cabo el crimen.

De las grabaciones obtenidas de sus celulares se habría podido deducir que la conspiración se dio porque Bhutto “apoyaba la guerra de Occidente contra los militantes del Islam”. En noviembre de 2011, cinco presuntos yihadistas que apoyaron al atacante suicida y dos altos oficiales de policía que no proporcionaron “protección adecuada” a la candidata, fueron imputados.

La misma imputación se hace contra Musharraf, quien según Malik rechazó autorizarle seguridad privada adicional a Bhutto, a pesar de las numerosas cartas que ésta le envió en ese sentido, e inclusive de una reunión que el entonces presidente y Benazir tuvieron en Dubai, antes de que ella regresara a Pakistán. Musharraf habría dejado intencionalmente vulnerable a Bhutto, porque se sentía políticamente amenazado por su presencia.

En el mismo sentido ha declarado Mark Siegel, un periodista estadunidense que realizaba labores de cabildeo para la exprimera ministra en Washington, y que asegura que estaba con ella en Londres cuando recibió llamadas y correos electrónicos amenazantes de Musharraf para disuadirla de que regresara a Pakistán. Según el asesinado fiscal Zulfíkar, Siegel constituye “un testigo clave en el caso”.

Estas declaraciones se ven sustentadas por la Comisión de Investigación de Naciones Unidas creada para el caso Bhutto. “Si se hubieran tomado medidas de seguridad adecuadas, el asesinato podría haber sido evitado. La responsabilidad de su seguridad ese día estaba en manos de los gobiernos federal y del Punjab, y de la policía del distrito de Rawalpindi. Ninguna de estas entidades tomó las medidas necesarias para responder a los extraordinarios y apremiantes riesgos de seguridad que ella enfrentaba”, establece en su informe.

En cuanto a la solicitud de seguridad privada solicitada por Benazir, dice que “el PPP proporcionó seguridad adicional a BB, pero a pesar del heroísmo individual de algunos de sus militantes, que inclusive sacrificaron sus vidas para protegerla, faltó liderazgo y hubo una ejecución pobre”. La comisión de la ONU concluye que es responsabilidad de las autoridades paquistaníes llevar a cabo una investigación seria y creíble, y llevar ante la justicia a los responsables.

Con este fin, primero se formó un equipo dentro de la policía de Punjab, que fue asesorado por investigadores de Scotland Yard. Luego el ministerio del Interior transfirió las pesquisas a la AFI. Ésta encontró que había “suficientes evidencias circunstanciales de que Musharraf sería el principal beneficiario político de la muerte de Bhutto”. Sólo así se explica “que el gobierno federal haya proporcionado seguridad especial a otros dos primeros ministros –que también eran candidatos– pero deliberadamente le haya negado protección a ella, a pesar de sus reiteradas demandas”.

Peor aún, los investigadores señalan que Musharraf tenía conocimiento previo de los planes de Mehsud de asesinar a Bhutto, y que se reservó información vital sobre esta conspiración, por lo que que es igualmente responsable de la instigación del crimen.

Pese a todos estos cargos y evidencias en su contra, el 24 de marzo el expresidente llegó libre y por sus propios medios al aeropuerto internacional de Karachi. Recibido ahí por cientos de militantes de su partido, la Liga Musulmana de Todo Pakistán (LMTP), anunció que contendería por un escaño en la Asamblea Nacional y que su formación “salvará al país”. También aseguró que no tenía miedo, pese a las amenazas del TTP de que enviaría a un escuadrón suicida para matarlo.

Tranquilo y confiado, negó todos los cargos y se dedicó a endosar responsabilidades a otros, entre ellos al ministro del Interior Malik, quien dijo en 2007 que era el responsable de la seguridad de Bhutto. Uno de sus abogados, Salman Safdar, aseveró que todas eran acusaciones políticamente motivadas y que inclusive la Interpol se negó a detenerlo, porque no había evidencias sólidas.

Pero muy pronto la suerte de Musharraf empezó a cambiar. Primero tuvo que constatar el poco apoyo popular que tenía su partido y, luego, la Comisión Nacional Electoral lo inhabilitó de por vida para contender por un cargo de elección debido a los procesos judiciales que tiene pendientes. Finalmente, el 19 de abril fue formalmente detenido y trasladado a un juzgado de Islamabad, que determinó su arresto domiciliario mientras se desahoga el proceso.

Un día antes, el exgeneral protagonizó un hecho bochornoso cuando se presentó por su propio pie ante el Tribunal Superior de la capital para solicitar una suspensión de la orden de arresto que le había dictado. Pero al escuchar su ratificación, Musharraf huyó con sus guardaespaldas y se refugió en su mansión “a tomar café y fumar buenos cigarros”, según dijo descaradamente a los medios otro de sus abogados, Ahmad Raza Kasuri.

Tres días después la policía informó que había desactivado 50 kilos de explosivos, con control remoto, dentro de un coche estacionado a las afueras de la mansión de Musharraf. El movimiento talibán paquistaní negó la autoría –“hubiéramos enviado atacantes suicidas”–, pero el expresidente tiene muchos enemigos entre los grupos islamistas, desde que decidió alinear la política de seguridad de Pakistán a la de Estados Unidos, después de los atentados de septiembre de 2001.

En cualquier caso, el regreso de Musharraf a Pakistán vino a enturbiar el de por sí ya viciado clima electoral que se vive en el país. Desde que se iniciaron las campañas el 11 de abril, por lo menos 90 personas han muerto y cientos han resultado heridas en atentados perpetrados por islamistas contra actos proselitistas de partidos seculares. Y el pasado sábado 4 fue asesinado en Karachi el candidato del Partido Nacional Awami, Sadiq Zaman Jatak, junto con su hijo de tres años.

El PPP de los Bhutto tampoco está exento de estos ataques. Un alto funcionario del partido informó que Bilawal Bhutto –su actual presidente e hijo de Benazir– no participará en ningún acto electoral ni estará en el país durante los comicios. “Las amenazas contra su vida son muy reales. Ya perdimos a la madre y ahora no queremos perder al hijo”, dijo Taj Haidar.

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