Mau Mau: Los abusos del imperio británico

LONDRES (apro).- Después de años de litigios, Gran Bretaña aceptó que cometió abusos, crímenes y atrocidades aberrantes durante la época del Imperio británico, y ahora negocia pagos compensatorios por millones de dólares a miles de keniatas que fueron detenidos y severamente maltratados durante el levantamiento Mau Mau de los años cincuenta.

Se trata del primer acuerdo de resarcimiento por crímenes cometidos por el Imperio británico, que se estima abrirá el camino a miles de casos de compensación en todo el mundo.

Las negociaciones fueron iniciadas luego que el gobierno británico perdió una serie de batallas legales para impedir que veteranos Mau Mau sobrevivientes de campos de prisión lograran llevar sus casos a las Cortes británicas.

Esas derrotas judiciales ocurrieron luego de descubrirse un enorme archivo de documentos coloniales que la Cancillería británica (Foreign Office) mantuvo en secreto por décadas, y que dieron cuenta de la violencia empleada por funcionarios coloniales durante el Imperio británico, no sólo en Kenia, sino también en otros países.

En el caso del conflicto Mau Mau, los documentos secretos revelaron que funcionarios coloniales autorizaron abusos flagrantes contra presos detenidos en campos creados durante la revuelta, y que ministros del gobierno en Londres estaban al tanto del brutal régimen de detenciones por el cual hombres y mujeres fueron torturados, y en algunos casos asesinados.

Mau Mau fue una organización guerrillera de insurgentes keniatas que luchó contra el Imperio británico durante el periodo 1952-1960. Sus miembros eran fundamentalmente de la tribu kĩkũyũ, con algunos elementos Meru y Embu.

Aunque militarmente el levantamiento Mau Mau fracasó, precipitó la independencia de Kenia y motivó la lucha contra las potencias coloniales en otras regiones africanas.

A medida que comenzaron a salir a la luz detalles de las negociaciones secretas entre los abogados del gobierno británico y los veteranos Mau Mau, la cancillería británica admitió que llegó la hora de que el Reino Unido debata sobre su pasado.

“Es un aspecto duradero de nuestra democracia el hecho de que seamos capaces de aprender de nuestra historia”, indicó un portavoz del Foreign Office en un comunicado emitido el domingo 5.

Al menos 10 mil exprisioneros podrían recibir pagos compensatorios en caso que Londres acuerde los detalles de dichos resarcimientos económicos.

Aunque las cifras individuales variarán mucho de acuerdo con los casos, se estima que el monto total rondaría las decenas de millones de dólares.

El Foreign Office también sabe que los pagos compensatorios a los veteranos Mau Mau abrirán el camino para otras víctimas de abusos de excolonias británicas. Dichos reclamos, en caso de ser exitosos, no sólo le costarán al erario británico millones de dólares, sino que podrían resultar en nuevas evidencias que desafíen las posiciones generalizadas y establecidas acerca de la actuación del Imperio británico.

Exguerrilleros Eoka que durante los años cincuenta fueron encarcelados y supuestamente maltratados por los británicos en Chipre, ya están considerando elevar demandas similares contra el gobierno británico.

Los archivos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) muestran que sus inspectores documentaron prácticas de torturas generalizas en prisiones británicas durante esa insurgencia, con algunos individuos sometidos a los aberrantes métodos de “submarino”: sumergirles la cabeza en agua mezclada con kerosene.

También están los casos de personas encarceladas durante la insurgencia de los años sesenta en la colonia de Adén, actualmente parte de Yemen. Documentos secretos de la Cancillería británica revelan abusos contra esos prisioneros por parte de funcionarios coloniales británicos, quienes mantenían muy al tanto de sus métodos a sus superiores en Londres.

Otras demandas por compensación llegarían de Suazilandia, en el sur de África, y en la Guyana británica, en Sudamérica, ambos lugares donde se sospecha que funcionarios coloniales británicos cometieron abusos.

Sin embargo, como resultado de algunos dictámenes en la Cámara de los Lores, en Londres, ninguna demanda por compensación vinculada a hechos previos a 1954 puede ser tratada en una Corte británica.

El abuelo de Obama

Durante el proceso de descolonización en Kenia, la insurgencia de ocho años de los Mau Mau fue tal vez la más sangrienta en la que los británicos se vieron involucrados, con al menos 30 mil keniatas muertos, tanto insurgentes como leales al gobierno. Entre 80 mil y 300 mil más fueron detenidos en una serie de campos que fueron descritos como gulags británicos.

Documentos oficiales de ese periodo indican que los prisioneros keniatas sufrieron abusos terribles. Algunos murieron como consecuencia directa de prácticas de tortura, entre ellos varios “quemados vivos”.

En diciembre de 1954 y en el que fue uno de los poco procesos judiciales contra los torturadores, el juez de Nairobi Arthur Cram comparó los métodos empleados por los funcionarios coloniales británicos con los de la Gestapo nazi.

Uno de las víctimas fue Hussein Onyango Obama, el abuelo del actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

De acuerdo con su viuda Sarah, soldados británicos le clavaron agujas debajo de las uñas y en el trasero, además de aplastar sus testículos con pinzas de metal.

Dos de los cinco demandantes originales que llevaron sus casos contra el gobierno británico fueron castrados en torturas aberrantes.

No fue sino hasta que el gobierno de Kenia levantó la prohibición a los Mau Mau en 2002 que los sobrevivientes de campos británicos comenzaron a analizar la posibilidad de emprender acciones legales contra Gran Bretaña, aunque llevó otros seis años antes de que pidieran permiso al Alto Tribunal de Londres para demandar al gobierno británico por compensación.

Los abogados del gobierno británico argumentan que las demandas no tienen fundamento legal, al indicar que bajo el principio de sucesión de Estados, los veteranos Mau Mau deberían demandar al gobierno keniata y no al británico.

Varios historiadores que han sido llamados a declarar como expertos en la causa señalaron que la revelación de documentos secretos por parte del gobierno es incompleta. De ello derivó una nueva revelación: la existencia de un enorme archivo secreto en Hanslope Park, en el tranquilo condado inglés de Buckinghamshire, repositorio de más de 8 mil documentos de 37 excolonias británicas.

“Pecar en silencio”

En ese archivo había un memorando de un exfiscal general colonial, Eric Griffith-Jones, quien admitió que los abusos y torturas perpetrados contra los detenidos “hacían recordar horriblemente a las condiciones de la Alemania nazi o la Rusia comunista”.

A pesar de sus dudas, Griffith-Jones acordó elaborar una nueva legislación que aprobaba golpizas siempre que éstas fueran mantenidas en secreto.

“Si vamos a pecar” –escribió el fiscal general en uno de los memorandos–, “debemos pecar en silencio”.

Cuando el año pasado los demandantes dieron evidencia en el Alto Tribunal de Londres, Wambugu Wa Nyingi contó que fue detenido el 24 de diciembre de 1952 y mantenido en prisión por nueve años, la mayoría del tiempo esposado. Nyingi contó que fue golpeado hasta quedar inconsciente durante la masacre en el campo de Hola, en el que murieron 11 personas.

“Sentí que me habían robado la juventud y que ya no podría hacer las cosas que un hombre joven hubiera hecho”, declaró el keniata ante los magistrados británicos.

“Hay un dicho en Kikuyu que afirma que la vejez vive de los años de juventud, pero yo no tengo nada de que vivir porque los británicos me robaron la juventud”, narró sollozando.

Enfrentados con la evidencia por el archivo secreto y los testimonios de expertos, los abogados del gobierno británico admitieron que las denuncias hechas por Nyingi y otros eran ciertas, pero siguieron oponiéndose a que avanzaran las causas, argumentando que había pasado demasiado tiempo desde los hechos cometidos para que existiera un juicio justo.

Esa posición fue rechazada en octubre pasado por el Alto Tribunal de Londres, que consideró que el juicio justo sigue siendo posible a pesar de que han pasado casi 60 años.

“La documentación es voluminosa”, indicó el dictamen del Tribunal Supremo británico en esa ocasión. “Y los gobiernos y comandantes militares parecen haber sido archivistas muy meticulosos”, agregó.

La cancillería británica anunció que apelará contra cualquier dictamen que pueda tener “implicaciones legales potencialmente significativas y de alto alcance”.

El gobierno también enfrenta una considerable presión política internacional. Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pidió públicamente a las autoridades británicas “proveer de justicia a las víctimas, incluidas compensaciones justas y adecuadas”.

Méndez escribió una carta privada al primer ministro británico, David Cameron, junto a otros dos exrelatores especiales de Naciones Unidas, para advertirle que la posición de Londres amenaza su autoridad moral en todo el mundo.

“En nuestro entender, la respuesta del gobierno británico a las víctimas vulnerables y ancianas de las (admitidas) torturas británicas es vergonzosa”, escribió Méndez al jefe del gobierno británico.

En abril pasado, la cancillería británica informó a Leigh Day, jefe del bufete de abogados que defienden a los exveteranos Mau Mau, que planea suspender la apelación y comenzar a negociar un acuerdo compensatorio.

En Nairobi, la Comisión de Derechos Humanos de Kenia compiló una lista de unas 50 mil personas cuyos casos como veteranos de Mau Mau fueron confirmados por un comité del gobierno.

Esa lista ha sido dividida desde entonces en cinco categorías.

George Morare, funcionario de alto rango de dicha comisión, afirmó que cualquier monto de compensación acordado será pagado sólo a miembros de una categoría: “Aquellos que puedan demostrar que han sufrido heridas personales y lesiones corporales serias, como castración o violación”.

Tom Mboya, exconsejero político del Alto Comisionado británico en Nairobi y que actualmente preside el grupo de derechos civiles en Kenia llamado Inuka, sostuvo que simbólicamente un pago compensatorio del gobierno británico “podría proveer de mayor validación para las generaciones más jóvenes sobre el papel que los Mau Mau jugaron en la lucha por la independencia de su país”.

“Luchas recientes muchas veces obstruyen nuestra habilidad para determinar cuán lejos hemos llegado como país y de dónde venimos. Es de vital importancia que los jóvenes keniatas entiendan esta historia”, subrayó.

El jurista Dan Leader, asociado de Leigh Day, admitió que el gobierno británico “está explorando actualmente la posibilidad de compensar a los demandantes”.

“Claramente y teniendo en cuenta las negociaciones en curso, no vamos a comentar sobre el tema”, indicó el abogado al periódico inglés The Guardian.

El Foreign Office consideró “inapropiado” discutir las negociaciones. Sin embargo, los diplomáticos británicos admitieron “que debe haber un debate sobre el pasado”.

“Entendemos el dolor y las quejas de las partes que estuvieron involucradas en los hechos divisorios y sangrientos del periodo de emergencia en Kenia”, indicó un portavoz de la cancillería británica a través de un comunicado. “Es correcto que aquellos que sientan que tienen un caso lo puedan presentar libremente en las Cortes”, agregó.

Según el Foreign Office, la relación de Gran Bretaña con Kenia y su población “ha avanzado” y está caracterizada “por una cooperación y ayuda cercana, construida de muchos aspectos positivos de nuestra historia compartida”.

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