Los sospechosos indultos de Alan García

Una comisión del Congreso investiga al expresidente Alan García y a varios de sus colaboradores por indultar a 400 personas acusadas de narcotráfico, entre éstas 36 mexicanos, presuntamente a cambio de sobornos. Esas pesquisas parlamentarias ponen en riesgo la candidatura presidencial de García para los comicios de 2016, donde todo indica que se presentará como contendiente Nadine Heredia, esposa del presidente Ollanta Humala.

LIMA.- El dos veces presidente Alan García se ha propuesto gobernar el país por tercera ocasión, todo un récord para la historia de su partido, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), cuyo fundador, ideólogo y jefe máximo, Víctor Raúl Haya de la Torre, jamás llegó a gobernar.

Sin embargo, las aspiraciones presidenciales de García enfrentan un serio obstáculo: Una comisión del Congreso investiga presuntos actos de corrupción en el segundo mandato de su gobierno (2006-2011), lo que puede desembocar en acusaciones en su contra que hagan inviable su candidatura.

Puesto que se instaló hace 18 meses, la llamada megacomisión, que preside el parlamentario oficialista Sergio Tejada, encontró indicios de probables delitos en tres sonados casos: la construcción de una veintena de escuelas con la aprobación directa de García; la compra de un inmueble por 800 mil dólares con fondos de dudoso origen, y la excarcelación de 400 narcotraficantes peruanos y extranjeros, entre ellos 36 mexicanos y 21 colombianos.

De los tres hechos, el último es el que causó más revuelo porque se supone que en Perú, considerado por el gobierno de Estados Unidos como el primer productor mundial de cocaína, a los narcotraficantes se les debe sancionar con severidad, y porque la megacomisión señaló la participación directa de García.

El pasado 3 de abril, durante una sesión secreta con la comisión de legisladores, el expresidente se confrontó con ellos y defendió con tenacidad la aplicación de la facultad constitucional de las Gracias Presidenciales, con las que facilitó, en su gobierno de 2006 a 2011, un total de 5 mil 500 liberaciones de reclusos de todo el país, entre ellos 400 acusados por narcotráfico.

Arguyó que revisó cada uno de los expedientes de los beneficiados y asumió la responsabilidad de eventuales errores, pero aclaró que si existieron no fue por dolo. Además, desafió a los parlamentarios: “Si me quieren enjuiciar, enjuícienme. No corro ni me escondo”.

 

Casos sólidos

 

En esa ocasión García no sólo metió las manos al fuego por el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, el abogado aprista Miguel Facundo Chinguel, señalado por facilitar presuntamente la excarcelación de connotados delincuentes a cambio de pagos; el exmandatario también admitió que él mismo evaluó y designó en el cargo a Chinguel, a quien la megacomisión responsabiliza de la contratación del abogado aprista Manuel Huamán Montenegro.

El 2 de agosto de 2002, un tribunal antidrogas condenó a Huamán a ocho años de cárcel por su pertenencia a la organización delictiva conocida como Los Norteños, que en los noventa procesó, acopió y exportó cocaína a México. Por cometer un delito en agravio del Estado, a Huamán se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público.

Sin embargo, Miguel Facundo contrató a Manuel, por su relación amistosa y por su condición de compañero de partido, para que cumpliera funciones de promotor de indultos y conmutaciones de penas. Durante el periodo de Chinguel y con la intervención de García, 36 mexicanos acusados de narcotráfico obtuvieron su libertad.

Para el presidente de la megacomisión, el congresista Sergio Tejada, el caso de las excarcelaciones de 5 mil 500 reclusos, mediante el indulto o la reducción de pena, en especial de los condenados por narcotráfico, es uno de los casos más sólidos contra el expresidente.

“García ha aceptado que revisaba cada uno de los expedientes de los presidiarios y era él quien otorgaba la gracia presidencial de la libertad. También dijo que nombró como funcionario para dar el visto bueno a los expedientes de los reclusos a un compañero de su partido, Miguel Facundo Chinguel, un funcionario que no era conocido por el ministro de Justicia, de quien supuestamente dependía. Hay una responsabilidad directa de García sobre Facundo porque coordinaba en directo con él a quiénes dar el beneficio de la conmutación de pena o el indulto”, explica Tejada a Proceso.

Y agrega: “Miguel Facundo es un hombre de extrema confianza del expresidente Alan García, quien ha puesto las manos al fuego por este exfuncionario. Si Facundo cometió delito al promover excarcelaciones ilegales de reclusos por narcotráfico, la responsabilidad también recaería en García. La Fiscalía de la Nación ha señalado que si se prueba la cadena de mando en las excarcelaciones, García debe ser incluido en la investigación. Nosotros consideramos que sí procede”.

Conforme la megacomisión avanza en sus pesquisas en torno a García, los correligionarios de éste en el Congreso, los legisladores apristas Javier Velásquez y Mauricio Mulder denuncian al partido gobiernista Gana Perú de urdir una conspiración para impedir que el exmandatario sea candidato a un tercer mandato.

De acuerdo con la versión de estos partidarios de García, el presidente Ollanta Humala se vale de Tejada para inhabilitarlo con falsas acusaciones a fin de que no participe de las elecciones de 2016, porque en éstas, supuestamente, también sería candidata la esposa del mandatario, Nadine Heredia.

Durante la última semana de abril, la encuestadora GFK preguntó por quién votaría si las elecciones se realizaran al día siguiente. Heredia quedó en primer lugar con 24% de intención de voto y García se ubicó en la sexta posición con 6%.

Cuando a los encuestados se les preguntó por quién votarían si en una segunda vuelta se enfrentaban Heredia o García, la primera superaba al segundo con 42% contra 20%. Ciertamente, a García no le conviene competir con Nadine.

Sin embargo, el secretario general del APRA, Jorge del Castillo, tiene la certeza de que la megacomisión pretende destrozar el sueño de García de llegar por tercera ocasión a la presidencia.

“Eso es tan cierto que no necesito ni decirlo. Ya existe un primer informe de la megacomisión, redactado antes de que García ofreciera sus descargos, donde se imputan hechos. Hay una intencionalidad política muy clara. Si el presidente de la comisión parlamentaria y varios de sus integrantes son del partido de gobierno, está clarísimo que no hay una investigación independiente”, explica Del Castillo a Proceso.

 

Tolerancia a modo

 

Al preguntársele su opinión en torno al caso de las excarcelaciones, el secretario general del APRA se muestra cauteloso: “Sobre ese tema no me voy a pronunciar. Lo cierto es que el partido inició una investigación interna contra Miguel Facundo Chinguel, y mientras tanto su militancia partidaria fue suspendida”.

La megacomisión ya documentó varias excarcelaciones de narcotraficantes. El 29 de septiembre de 2007, las autoridades de México extraditaron a José Hernández de los Santos, requerido por los tribunales de Perú por pretender sacar cocaína como “correo humano” al servicio de una organización internacional. Menos de dos años después, el 12 de agosto de 2009, Alan García le redujo la pena y quedó en libertad.

Según un cable filtrado por Wikileaks suscrito por el embajador de Estados Unidos en Lima, John McKinley, el 6 de noviembre de 2009 reportó al Departamento de Estado su preocupación por la creciente presencia de narcotraficantes mexicanos en Perú.

McKinley adjuntó una relación de los acusados que se encontraban en las cárceles limeñas, en la que aparecía José Gasca Medina. El 8 de julio de 2010, nueve meses después del reporte del embajador, García aprobó la reducción de pena y excarceló a Gasca. La justicia lo condenó a siete años de cárcel, pero sólo estuvo en presidio dos años y medio.

De acuerdo con el razonamiento de Alan García, los “burros” o “correos humanos” son delincuentes de poca monta en el circuito del narcotráfico, por lo que basta con que permanezcan presos una corta temporada para después despacharlos a sus respectivos países.

No obstante, la Dirección Nacional Antidrogas sostuvo que los mexicanos y los colombianos son integrantes de estructuras internacionales y no solitarios traficantes que se arriesgan por un puñado de dólares.

Para el procurador anticorrupción, Julio Arbizu, un indicador de que hubo corruptelas en la liberación de narcotraficantes es que varios de los beneficiados no eran delincuentes de bajo nivel, y que algunos reincidieron en el delito.

“Hemos descubierto que muchos de los que recibieron la reducción de pena tenían condenas efectivas de entre 10 y 15 años de cárcel por narcotráfico, lo que quiere decir que cometieron el delito en la modalidad agravada. Es decir, pertenecían a organizaciones que traficaban con grandes cantidades de droga. Por lo tanto, dudo mucho de que se trate de gente de poca monta. Parece que los funcionarios implicados en este caso establecieron un sistema para cobrar dinero a esos delincuentes a cambio de dejarlos en libertad mediante la conmutación de pena”, comenta a este semanario el procurador.

El funcionario sospecha que hubo corrupción, toda vez que entre los funcionarios implicados en la excarcelación de narcotraficantes, entre ellos mexicanos, se encuentra el abogado Manuel Huamán Montenegro, convicto por integrar una mafia de exportación de cocaína a México.

“Sin duda, la presencia de un sentenciado por narcotráfico le resta transparencia al proceso de conmutación de pena e indulto a los narcotraficantes. Y a esto hay que sumar la presunción de que varios de los beneficiados fueron conocidos de Huamán y que éste organizó un bufete privado para atender las solicitudes de narcotraficantes. Aquí debe haber habido mucho dinero de por medio”, dice Arbizu.

Aún faltan tres años para las elecciones presidenciales, pero Alan García siente que desde temprano quieren bloquear su candidatura y se ha apresurado en defenderse dando fe de la honestidad de sus colaboradores.

El expresidente sabe que si se queman ellos, el fuego también podría alcanzarlo.

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