MANAGUA (apro).- En el mismo instante que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, se pronunciaba a favor de los derechos humanos del pueblo de Palestina, a pocos metros, el fotógrafo de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), Héctor Retamal, fue detenido por escoltas del mandatario nicaragüense y encarcelado durante cuatro días, sin acceso a un abogado defensor en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, donde permanece prisionera Raquel Alatorre, la líder del grupo de mexicanos que cruzaban las fronteras impunemente en camionetas pintadas con los logotipos de Televisa. Aunque no había invitación oficial para la cobertura periodística del encuentro entre el presidente Ortega y el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Riad Malki, el fotógrafo de AFP llegó al lugar de la cita a bordo de su motocicleta todo terreno, adquirida recientemente en un establecimiento comercial de la capital. Fue solo porque el resto de sus colegas de la prensa extranjera no mostró interés periodístico en dicho encuentro protocolario. Solo la prensa oficialista estaba invitada a la sede de la Secretaría del Frente Sandinista, donde funciona también la Casa Presidencial y, a la vez, la casa de habitación del mandatario nicaragüense. Allí Ortega, acompañado de otros funcionarios públicos, se reunió con el canciller palestino, Malki, un hombre canoso, medio calvo, que llegó a la cita vestido de traje, pero sin corbata. “Si un Estado, si un pueblo, ha sido sometido a las más brutales violaciones a los derechos humanos, ese es el pueblo palestino”, le dijo Ortega a Malki, a quien le recordó que Nicaragua apoya oficialmente la incorporación de Palestina, como miembro pleno en las Naciones Unidas, ya que su estatus actual es de miembro observador. Retamal, de origen chileno y de 37 años, ya no alcanzó a oír la declaración oficial de Ortega. Según informó el Ministerio de Gobernación en un comunicado del 14 de mayo, una semana después del arresto y tres días después de su deportación, el fotógrafo de AFP viajaba sin licencia de conducir y en una motocicleta que no tenía placa (chapa) ni tarjeta de circulación. “Le dijeron pase por acá, estacione su moto, entregue sus papeles, y quedó detenido”, relató Marcelo Brusa, director de AFP para Centroamérica, al programa televisivo “Esta Noche”, en una entrevista telefónica desde San José, Costa Rica, sede regional de la agencia noticiosa. De acuerdo con el marco jurídico nicaragüense, no portar licencia de conducir ni tarjeta de circulación, representa una infracción calificada de “violación a las normas de admisión al tráfico”, en la Ley de Tránsito, que obliga a pagar una multa de 200 córdobas (unos 9 dólares), pero no es causa de deportación. Al día siguiente, la noticia de la detención de Retamal se extendió rápidamente entre los colegas de la prensa extranjera. “Está en la DAJ”, decían, refiriéndose a las cárceles de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, conocidas popularmente como “El Chipote”, en alusión al cerro que sirvió de puesto de mando del General Augusto C. Sandino, un héroe nacional en la lucha anti-intervencionista contra las tropas estadounidenses, a inicios de los años 30. “Algunos corresponsales nos enteramos 24 horas después de que fue detenido y que estaba en la DAJ. Incomunicación total es lo único que ofreció el gobierno, únicamente nos permitieron que se le fuese a dejar comida”, aseguró a Apro el fotógrafo Miguel Álvarez, quien ha trabajado y colaborados con varias agencias de prensa internacionales, entre ellas AFP y Associated Press (AP). Otro corresponsal de prensa extranjera, que pidió no ser identificado, corroboró esta versión. “Nos enteramos la mañana siguiente de su detención y nos dimos cuenta de la misma forma en que nos enteramos de las actividades del gobierno, pasándonos la voz. Mientras estuvo detenido, nunca tuvimos comunicación con él y la Policía nunca nos informó nada”. Mal cálculo La oficina local y regional de AFP, al igual que la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, intentaron inútilmente gestionar la liberación de Retamal, por escrito y por la vía telefónica, primero ante el Comisionado General Ramón Avellán, Subdirector Operativo de la Policía Nacional, y luego ante Rosario Murillo, esposa del presidente Ortega y coordinadora del Consejo de Comunicación y de Ciudadanía. Pero fue como darse contra una tapia. “Creímos que lo resolveríamos rápidamente porque así hemos trabajado siempre por la relación de confianza con la Policía, pero no fue así, nos equivocamos”, comentó uno de los directivos de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, quien pidió no ser identificado. En Nicaragua, irónicamente, no existe una oficina de Prensa o de Comunicación Social, donde periodistas nacionales y extranjeros se inscriban y les extiendan un carnet de identidad para poder hacer su labor informativa. Esta dependencia desapareció en 2007, luego que Daniel Ortega asumiera la Presidencia de la República. Por tanto, la dinámica que impera en la práctica es que los corresponsales extranjeros, como Retamal, se reportan ante la Asociación, consiguen un aval y con éste van a registrarse ante la Policía Nacional. Sin embargo, cabe precisar que la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, ACEN, no tiene personería jurídica, ya que este proceso resulta engorroso y costoso. Sin embargo, pese a esa limitación legal, interactúa con el gobierno desde los años 80. El jueves 9, 48 horas después de la detención de Retamal, los directivos de ACEN le escribieron una carta a la coordinadora del Consejo de Comunicación y de Ciudadanía, Rosario Murillo, en busca de una solución negociada al incidente con el fotógrafo de AFP. “Nuestro trabajo es dar cobertura a las actividades periodísticas en Nicaragua y eso hacía el señor Retamal la noche del martes”, dice el texto de la carta remitida a Murillo. En la misiva admiten que él se movilizaba en una moto sin documentación, pero confían en que se podría llegar a un buen arreglo. “Consideramos que se cometieron faltas a las leyes y están en su derecho tomar las medidas pertinentes, sin embargo, le pedimos que sea puesto en libertad mediante una fianza o el compromiso de ACEN de esperar la decisión de las autoridades de Migración. No ha cometido delitos para continuar detenido en la DAJ. ACEN le pide sus buenos oficios para solucionar a la brevedad esta situación que nos ha preocupado a todos los corresponsales”, agrega la misiva suscrita por Sonia González, presidenta de la Asociación y corresponsal de Notimex. Sin embargo no hubo respuesta a la carta, ni a la solicitud de libertad, pese a que, según las leyes nicaragüenses, toda persona detenida debe ser remitida ante un juez o puesta en libertad al cumplirse el plazo de 48 horas después de su detención. En vista de esa irregularidad y arbitrariedad, AFP contrató a un abogado defensor, Raúl Arévalo Garmendez. Pésimo récord Marcelo Brusa, director de AFP para Centroamérica, viajó a Nicaragua, con la intención de encontrar una solución, pero resultó también inútil. “No tuvimos ningún contacto, no nos recibían”, admitió en la entrevista con el programa “Esta Noche”, en clara alusión a personeros del gobierno. “Lo mantuvieron casi 96 horas incomunicado, sin acceso a una defensa legal, y luego fue llevado hasta el aeropuerto, le entregaron un pasaje y lo obligaron a volar a San José”, añadió. Eso fue la tarde del sábado 11. “A él lo interrogaron sobre multitud de cosas, que iban más allá de su persona, sobre la oficina, pero bueno, no hay mucho que decir”, agregó Brusa con cierto nerviosismo. Precisamente, las celdas de la DAJ, así como los métodos policiales que allí se practican, fueron severamente criticados en el Reporte sobre Derechos Humanos 2012, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y divulgado semanas atrás. “Durante el año hubo numerosas denuncias de torturas por agentes de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), especialmente durante los arrestos de alto nivel del crimen organizado. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la DAJ, una unidad especial de investigación, opera fuera de la cadena normal de mandos de la Policía Nacional y no es objeto de investigación por la oficina de Asuntos Internos. La CPDH (organización defensora de derechos humanos) ha recibido numerosos reportes de tortura durante el año”, señala el reporte del Departamento de Estado relacionado con Nicaragua. Se asegura que durante los cuatro días de cautiverio en las celdas de la DAJ, las autoridades solo permitieron el ingreso del Cónsul de Chile, Diego Rivera, en dos ocasiones. Apro intentó entrevistar al diplomático chileno, pero no respondió a la solicitud por escrito que se le envió. “No somos terroristas” El sábado 11, dado que se había cumplido el plazo legal de 48 horas y que Retamal permanecía detenido e incomunicado, sus colegas de la prensa extranjera decidieron por iniciativa propia protestar ante las instalaciones de la DAJ. Se reunió un grupo de unos 30 periodistas extranjeros y nacionales, portando pancartas que decían “Somos periodistas, no terroristas”, “¿Dónde está Retamal?”, y “Libertad para Héctor Retamal”. “Pese a los deseos de la AFP de mantener el perfil bajo, los corresponsales decidimos ir a la DAJ a protestar ante la inminente deportación”, relató Miguel Álvarez, fotógrafo de agencias internacionales de noticias. “En ese lugar nos dijeron que sería llevado al aeropuerto y deportado, nos dirigimos allá inmediatamente, pero fue imposible verlo”, agregó. Brusa, por su parte, comentó al programa “Esta Noche”, que se dieron cuenta de la deportación a través del Cónsul de Chile, quien pidió a AFP que se comunicara con los familiares del fotógrafo detenido y les avisaran. Retamal ingresó a AFP por la puerta grande. El 22 de agosto de 2010, diez días después que 33 mineros chilenos quedaron atrapados en la mina San José, Copiapó, el presidente de ese país, Sebastián Piñera, se presentó al lugar de la tragedia y mostró una bolsa plástica que contenía una hoja de papel, escrita con cierta dificultad. La nota rezaba “Estamos bien en el refugio los 33” y Retamal captó esa imagen ícono, del mandatario chileno, sonriente, mostrando la hoja. Ya contratado, Retamal fue enviado a Haití, tras el trágico terremoto en la isla caribeña. Luego lo trasladaron a Nicaragua, adonde sus amigos y colegas estiman que llegó en julio de 2012. “Héctor ya era un rostro familiar en las actividades presidenciales”, comentó uno de sus amigos y colegas. Sin embargo, fue deportado sin miramiento alguno, el sábado 11 de mayo. Según un comunicado del Ministerio de Gobernación, emitido tres días después, se debió entre otras razones a que ejercía la labor de reportero sin tener visa de trabajo, a como lo estipula la Ley de Migración y Extranjería, en su artículo 12, numeral 5. Al respecto, dice lo siguiente: “Los extranjeros no residentes no podrán realizar tareas o actividades lucrativas por cuenta propia o en relación de dependencia, excepto aquellos que por circunstancias especiales hayan sido autorizados por el Ministerio de Gobernación, como artistas, deportistas, integrantes de espectáculos públicos, trabajadores temporales y personas de negocios. Tratándose de trabajadores migrantes en sus distintas modalidades, la autorización se concederá con consulta con el Ministerio del Trabajo”. Sin embargo, esta situación no es motivo de deportación. Según la misma Ley de Migración y Extranjería, en su artículo 171, las únicas causales de deportación son: Ingresar al territorio nacional, por punto no habilitado; Cuando se constatare que su ingreso o permanencia en el país fue realizado mediante documentación o declaración fraudulenta; permanecer en el territorio nacional una vez declarada la pérdida o cancelación de la residencia o estancia en el país; ingresar a las aguas territoriales sin la autorización de las autoridades competentes, se exceptúan los nacionales de los países con los cuales Nicaragua ha suscrito convenios o acuerdos sobre la materia, o la aplicación del principio de reciprocidad; haber sido condenado por delitos graves o menos graves, siempre y cuando no tenga vínculo de afinidad o consanguinidad con nicaragüense; constituir un peligro para la seguridad ciudadana y el orden público, y por vagancia habitual previamente demostrada. Ninguno atañe a Retamal, ya que éste ingresó siempre con documentos vigentes y por los puestos migratorios nicaragüenses. Por ello, su deportación causó sorpresa, sobresalto y un sinsabor entre colegas de la prensa nacional y extranjera. “Se ha creado un antecedente de abuso y menosprecio profesional, ejecutado bajo la forma de un “asunto” policial. Los especialistas lo han tipificado como un “secuestro” al impedírsele la defensa legal y no permitir el recurso de “habeas corpus”. El antecedente conlleva veladamente una amenaza que pende sobre todos los profesionales de la comunicación”, lamentó Álvarez. Apro intentó comunicarse con Retamal vía correo electrónico, sin embargo, no respondió a la solicitud de entrevista. Según confesó Brusa, su jefe inmediato, “él está muy golpeado anímicamente, ha pasado cuatro días realmente duros”.