MÉXICO, D.F., (apro).- En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hizo un puntual diagnóstico del trabajo realizado por su predecesor, el panista Felipe Calderón, en materia de seguridad, del que este último no sale bien librado. Según Peña, en la administración calderonista se incrementaron los niveles de violencia, el crimen organizado diversificó sus actividades a lo largo y ancho del país y, por si fuera poco, el sistema de justicia Penal mostró su ineficacia para impartir justicia. En el diagnóstico que forma parte del apartado México en Paz --el eje número uno del PND 2013-2018--, se apunta, asimismo, que si bien siempre existieron indicios de presencia delictiva en zonas específicas del país enfocadas principalmente al comercio ilegal y el robo, así como la producción, transporte y tráfico de narcóticos, en los últimos lustros se registró un “inusitado” crecimiento en el número de delitos de alto impacto. Las organizaciones criminales encargadas del trasiego de drogas, subraya, se fortalecieron y aumentaron los volúmenes de sus ganancias y con ello su capacidad para corromper autoridades y asegurar el tránsito por ciertas zonas del país. “Esta nueva dinámica criminal encontró corporaciones policiales poco estructuradas, capacitadas y profesionalizadas, lo que propició el fortalecimiento y la penetración de las organizaciones criminales en algunas regiones del país”, dice el PND. Sin mencionar el nombre de Felipe Calderón, el documento señala que en años recientes la estrategia contra la delincuencia organizada tuvo como pilares el combate frontal, la aprehensión y eventual extradición de líderes de las principales organizaciones delictivas lo que generó –subraya-- vacíos de poder en la delincuencia organizada que detonaron luchas violentas por el control territorial en importantes ciudades del país. El crecimiento exponencial del crimen organizado, señala, contribuyó a que éste expandiera sus áreas de operación hacia actividades como la trata de personas, la extorsión de negocios lícitos y el secuestro. Con base en información aportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el documento refiere que entre 2007 y 2012 el total anual de denuncias por homicidio doloso aumentó de 10 mil 253 a 20 mil 548. Las denuncias por secuestro –añade--  prácticamente se triplicaron al pasar de 438 en 2007 a mil 268 en 2012 y las denuncias por extorsión se duplicaron o al pasar de tres mil 123 a seis mil 045 en el mismo periodo. Es más, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012, en 2011 el 58% de la población de 18 años y más consideró a la inseguridad como su principal preocupación. Esa misma encuesta reveló que en un año, entre 2010 y 2011 el número de víctimas del delito aumentó de 17.8 a 18.7 millones. Por aún, según la misma medición, el 61.9% de la población tiene poca o nula confianza en sus policías. Otra de las consecuencias de la inseguridad y la violencia, señala el PND,  ha sido el aumento de las violaciones a los derechos humanos, “que se cometen, en muchas ocasiones, por las autoridades encargadas de las acciones de seguridad”. El documento añade que la violencia y la inseguridad también deterioran las condiciones para el crecimiento y desarrollo económico ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), en 2011 el 37% de las empresas sufrió al menos la comisión de un delito. Ante ese panorama, el gobierno federal señala en el PND que se requiere de una nueva estrategia integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policiales. “La generación de más y mejor inteligencia para la seguridad pública es indispensable”, señala el documento. Los diversos sistemas y bases de datos, que conforman el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, señala, deben fortalecer su interconexión y metodología para el uso y explotación de la información necesaria para hacer frente al problema de la inseguridad. Para ello, añade, el uso de las tecnologías de la información es una herramienta indispensable. “En materia de seguridad pública, el gobierno de la República tiene claro que los mexicanos quieren un país seguro y pacífico; asimismo, exigen que se reduzca la violencia y se recupere la convivencia armónica. La prioridad es clara: salvaguardar la vida, la libertad y los bienes de los mexicanos”, subraya el documento.   Sistema de Justicia Penal deficiente El PND  también hace una evaluación del papel desempeñado en los últimos años por el Sistema de Justicia Penal. Hasta 2008, dice el documento, mostró deficiencias en su capacidad para cumplir su principal finalidad: procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial. Dicho sistema se caracterizó, dice el PND, por prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una defensoría pública rebasada y una deficiente vinculación entre policías y Ministerio Público. Ello se tradujo en violaciones a los derechos humanos, en la ineficacia de la función persecutoria de los delitos y en la falta de respeto al principio de presunción de inocencia, lo que vulneró el Estado de Derecho y provocó que actos ilícitos quedaran impunes. Esas fallas, señala el PND, afectaron también la percepción de la ciudadanía sobre el Sistema de Justicia ya que, según la Encuesta Ciudadana realizada en el sitio web del programa pnd.gob.mx,  el 56% de los consultados coincide en que el principal problema del Sistema de Justicia es que permite la impunidad. Además la encuesta refleja que el 49% considera que las leyes no se cumplen; que los principales problemas del Sistema de Justicia son la corrupción, la tardanza y la impunidad; y que el promedio nacional del nivel de confianza en la procuración de justicia está por debajo del 15%. Según el documento para hacer frente a esa problemática en junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia. Dicha reforma señala el PND “transformará el desempeño de las policías, ministerios públicos, juzgadores, defensoría pública, abogados y de todos los involucrados en procurar e impartir justicia, así como en ejecutar las sanciones penales en beneficio de la sociedad”. Sin embargo reconoce que la fecha existe un rezago en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, debido a que, “en su momento, se subordinó la asignación de recursos para la reforma de otros objetivos públicos”. Además, refiere, no hay suficiente armonización legislativa, falta capacitación entre los operadores y prevalece la inercia en las instituciones. El documento refiere que para el actual gobierno es “prioritario” impulsar la reforma al Nuevo Sistema de Justicia, que se caracteriza por “la oralidad, transparencia, mediación, conciliación, reparación del daño y por garantizar los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado”. Para la implementación del Nuevo Sistema, refiere el texto, es necesario impulsar la expedición de un Código de Procedimientos Penales Único y una Ley General Penal, ya que la multiplicidad de normas dificulta la procuración y la impartición de justicia El PND señala que un aspecto central en materia de seguridad y procuración de justicia para el gobierno de Peña Nieto es “lograr la plena y efectiva colaboración entre Federación, entidades y municipios”. Asimismo, dice, debe fortalecerse la colaboración entre las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, y finalmente entre el Ministerio Público, policías de investigación y peritos. En materia de derechos humanos, el documento refiere que a pesar de los esfuerzos realizados en la materia, no se ha logrado revertir el número de violaciones. Por ello, señala el documento, uno de los objetivos prioritarios del gobierno es lograr una política de Estado en la materia, “que garantice que todas las autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana”. Un avance en ese rubro, dice el PND, es la reforma Constitucional en Derechos Humanos y la referente al Juicio de Amparo, que incorporaron al marco jurídico nuevos principios de respeto y exigibilidad para dichos derechos.     Nuevo enfoque   De acuerdo con el PND, las acciones para mejorar las condiciones de seguridad pública estarán enfocadas a combatir los delitos que más afectan a la población. Se trabajará en dos planos complementarios: el de la prevención social de la violencia y el de la contención del delito mediante intervenciones policiales oportunas y efectivas. “Para alcanzar los objetivos planteados, se propone concretar un nuevo enfoque de gobierno que sea cercano y moderno, que haga uso de las nuevas tecnologías de la información, que implemente medidas para abatir la corrupción y consolide un Nuevo Sistema de Justicia Penal más ágil y transparente. Para fortalecer el pacto social, el gobierno se plantea recuperar la confianza de la ciudadanía, mediante una mayor transparencia y eficacia en la solución de conflictos, así como en la procuración e impartición de justicia”, subraya el PND.